La migración es un desafío global que requiere soluciones coordinadas y responsabilidades compartidas. Desde 2015, más de 7 millones de venezolanos han abandonado su país y 2,6 millones han buscado refugio en Colombia. La política de integración, protección y regularización de las y los migrantes en Colombia ha establecido un ejemplo global de solidaridad, permitiendo que los venezolanos soliciten un permiso de residencia de 10 años bajo el Estatuto de Protección Temporal.
En respuesta a la crisis migratoria, la Unión Europea (UE) ha activado sus mecanismos de ayuda humanitaria para apoyar a Colombia en la recepción de migrantes y refugiados. En seguimiento a la respuesta humanitaria, la UE dispuso recursos de cooperación al desarrollo para la integración socioeconómica de la población migrante y las comunidades de acogida en Colombia. Desde entonces hemos invertido cerca de COP 287 mil millones (58 millones de euros) en respaldo a los esfuerzos de Colombia en materia de regularización, protección, integración socioeconómica, acceso a vivienda, salud y educación y gestión urbana de la migración. Se trata de una apuesta conjunta por potenciar las oportunidades de la migración. El proyecto en curso también apoya iniciativas para fomentar la buena convivencia entre las comunidades de acogida y migrantes.
A pesar de estos logros, los desafíos persisten. Por esta razón, en seguimiento a los compromisos anunciados en pasadas conferencias de solidaridad, el Alto Representante de la UE y vicepresidente de la Comisión Europea (ARVP), Josep Borrell, anunció que la UE pondrá en marcha este año una acción complementaria para la integración socioeconómica de migrantes y comunidades de acogida con una inversión de 50 mil millones de pesos (o 10 millones de euros). Se espera que esta acción contribuya a la empleabilidad y el emprendimiento de la población migrante y de los colombianos, en particular aquellos que enfrentan mayores desafíos por su género o situación de discapacidad. El ARVP Borrell hizo el anuncio desde el barrio Santa Fe de Bogotá, durante su visita al Centro Integral de Atención al Migrante Scalabrini.
La intervención se realizará con dos enfoques: un enfoque de política pública a nivel nacional con una mejora de 20 mil millones de pesos para apoyar la política para la integración socioeconómica de la población migrante y comunidades de acogida, y otro enfoque integral de 30 mil millones de pesos para generar asociaciones con las autoridades locales y nacionales, el sector privado, la sociedad civil y las comunidades. Este segundo enfoque desarrollará y le dará seguimiento al proyecto existente financiado por la UE y Alemania e implementado por la cooperación alemana (GIZ), del que hace parte el Centro Integral de Atención al Migrante donde se hizo el anuncio.
El enfoque de política pública tiene como objetivo involucrar al sector de Comercio, Industria y Turismo, Inclusión Social y Trabajo para contribuir a la integración socioeconómica de las y los migrantes y las comunidades de acogida. El enfoque integral se centrará en generar empleo verde y decente, así como oportunidades económicas para grupos desfavorecidos. La intervención priorizará la integración socioeconómica de los migrantes y las comunidades receptoras y apoyará sus iniciativas empresariales al tiempo que crea condiciones para la integración en la sociedad sin dejar a nadie atrás.
Fuente: eeas.europa.eu
