José Miguel Wilson
De 2.649 expulsiones decretadas este año, 321 se han materializado. El año pasado, marcado por la pandemia, se llegó a concretar el 5%. Este jueves se envió a sus países de origen a 72 ciudadanos argentinos y colombianos, mientras la Suprema indicó que “las expulsiones masivas están prohibidas por el derecho internacional”. El Gobierno, sin embargo, no está dispuesto a retroceder.
Qué sucedió. Este jueves se registró un nuevo capítulo de la confrontación que que vienen protagonizando La Moneda y el Poder Judicial en materia de expulsión de inmigrantes.
- A primera hora, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y el director de Extranjería, Álvaro Bellolio, supervisaron en el aeropuerto un operativo de expulsión de 72 ciudadanos argentinos y colombianos, 45 de ellos por vía judicial y 27 por vía administrativa.
- Paralelamente, la vocera de la Suprema, Gloria Ana Chevesich, ratificó la postura del Poder Judicial de revisar recursos amparo por estos casos, cuando existen dudas sobre vulneraciones a los DD.HH.: “Es menester escuchar (a los recurrentes), es menester que se adopten medidas que sean razonables, criteriosas, no caprichosas”.
- Horas más tarde Galli, en una sesión especial del Senado citada para analizar las expulsiones, respondió al mensaje de la Suprema: “No somos ciegos a los fallos de los tribunales de Justicia, pero habido un cambio de criterio”.
- De acuerdo al Ejecutivo, la Suprema ha puesto más exigencias para acreditar el delito de ingreso irregular, que justifica la deportación. Antes, según se señala, bastaba el informe policial o la autodenuncia, elementos que ya no serían suficientes.
- Chevesich volvió a referirse al tema tras la sesión y señaló que “las expulsiones masivas están prohibidas por el derecho internacional” y que cualquier deportación debía ajustarse a un proceso “contencioso administrativo” que diera garantías de un trato justo y no arbitrario.
- La Moneda, sin embargo, no está dispuesta a retroceder, en el marco de su compromiso de “ordenar la casa” en materia migratoria y continuará con las deportaciones.
Las cifras. De a acuerdo a información oficial, las cifras de expulsiones decretadas por el Gobierno son menores a las que finalmente se materializan.
- Según Extranjería y la PDI, al 31 de mayo, el Ejecutivo había decretado 2.649 expulsiones, tanto administrativas como judiciales. De ellas se habían concretado 321.
- En 2020 totalizaron 4.189 y se materializaron 202. En 2019 se ordenó la expulsión de 6.706 extranjeros y se llevaron a cabo 576. En 2018 se concretó menos del 10%.
- En el Ejecutivo explican que existen varios factores para explicar esta brecha, como los recursos judiciales para impedir las expulsiones.
- “Quien ingresó de manera clandestina a Chile y no tiene ningún registro social en Chile, por ejemplo, no tiene domicilio, no tiene trabajo, por lo tanto se hace más difícil ubicarlo. Una persona que ingresa clandestinamente por Arica no siempre permanece en Arica, sino que puede tomar un bus hacia Santiago y puede llegar hasta Puerto Montt”, se indica. La PDI no siempre da con ellos.
Los números de La Moneda. El oficialismo cuenta con estudios respecto del tema, como uno que aparece en el libro “Gestión de la Migración en el Siglo XXI, el caso de Chile”, cuyo coautor es Álvaro Bellolio.
- En Chile, el 57% apoya la opción de que disminuyan los extranjeros. A nivel mundial, el promedio es de 34%; en Oceanía, el 26%; en América del Norte, el 39%; en América Latina y el Caribe, el 39%; en Asia, el 29%; En Europa, el 52%; en África, el 40%. La fuente es el estudio “How the wold views migration”, de la OIM, en 2015, y de una encuesta DCEM-UNAB 2020, llamada “Sondeo de percepción sobre Migración en Chile”.
Fuente: ex-ante,Chile
