Belén del Castillo HACE 13 HORAS
Tras las deportaciones que realizó el gobierno en el marco del masivo arribo de extranjeros al norte del país, las cortes de Apelaciones y la Suprema declararon ilegales una serie de procedimientos. Frente a esto, Rodríguez explica que la decisión se fundó en dos razonamientos: “La falta de debido proceso y la falta de oportunidad a una defensa propiamente tal”.
A comienzos de febrero, más de mil migrantes, en su mayoría venezolanos, arribaron a Colchane. Muchos de ellos lo hicieron caminando, cruzando el Desierto de Atacama, mediante pasos no habilitados con la frontera de Bolivia. A raíz de eso, el pasado 9 de febrero el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, junto al ministro de Defensa, Baldo Prokurica, y al ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, viajaron a la Región de Tarapacá para presentar el “Plan Colchane”, que consiste en una serie de medidas para frenar el flujo migratorio, con el refuerzo de la dotación policial y del Ejército.
Al mismo tiempo, grupos de extranjeros fueron trasladados desde el altiplano hacia un liceo en Iquique, para cumplir allí una cuarentena. Durante esa misma semana, la Policía de Investigaciones (PDI) fue a visitarlos para que pudieran autodenunciarse, y dos días después, regresaron para avisarles que el gobierno había decretado una orden de expulsión en su contra. Solo 24 horas después y en la madrugada, más de cien migrantes fueron sacados del país por vía aérea y terrestre.
El viaje de los deportados
Pero la Corte de Apelaciones de Iquique acogió cinco recursos de amparo presentados por diferentes entidades, como el Instituto de Derechos Humanos (INDH), la Universidad Diego Portales (UAI), coordinadoras de migrantes, abogados particulares y la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado (UAH). Con la resolución -luego ratificada por la Corte Suprema- se dejaba sin efecto la expulsión de al menos 52 ciudadanos venezolanos. Al respecto, la directora de dicho comité jurídico, Macarena Rodríguez, quien además es directora de la carrera de Derecho UAH y presidenta del Directorio del Servicio Jesuita Migrante (SJM), explica que esta decisión se fundó en dos razonamientos, “en la falta de debido proceso y la falta de oportunidad a una defensa propiamente tal”.
¿Qué ocurrió luego de la expulsión de más de cien extranjeros indocumentados?
Se presentaron los recursos de amparo y la Corte de Apelaciones de Iquique acogió estas peticiones. Por lo tanto, se ordenó dejar sin efecto las órdenes de expulsión, fundado principalmente en dos temas. Primero, que la Ley de Migraciones exige que se acredite el delito antes de la expulsión y que la persona, además, haya cumplido la condena. En esta expulsión no se había cumplido con ese requisito, aquí no se acreditó ningún delito antes de la expulsión ni hubo un juez penal que interviniera. Segundo, en estas circunstancias -tomar las autodenuncias a dos días de que los expulsen, estando todos encerrados en un lugar-, esta expulsión tampoco cumplió con los estándares mínimos del debido proceso. Estas personas no tuvieron derecho a defensa, no tuvieron derecho a hacer alegaciones ni a hacer peticiones específicas, como podría haber sido alguien que quisiera haber pedido refugio, o alguien que haya tenido un estado de salud muy complejo. Nada de eso se tomó en consideración, no se dio el espacio para eso.
¿Por qué los recursos de amparo acogidos por el tribunal de alzada es solo hacia 52 venezolanos?
Porque en ese momento estas personas no tuvieron posibilidades de salir del liceo, ni de acceder a una defensa jurídica. Entonces, en esta desesperación, solo lo lograron los que pudieron tomar contacto con alguna organización o con algún abogado que estaba afuera y que pudiera presentar un recurso en un juzgado. Por eso que algunas personas se inscribieron en distintos recursos y se repetían. Se debe también a la caótica situación que están viviendo por la pandemia y por esta expulsión.
¿Qué sucede con la Corte Suprema?
En un comienzo la Corte Suprema revocó esta decisión de primera instancia y dijo que no, porque la autoridad habría actuado dentro del ámbito de sus facultades, es decir, dentro del marco legal. Sin hacer un análisis fundamentado o razonado de por qué efectivamente actúo dentro de sus facultades. No lo detalló. Pero, al avanzar con los nuevos recursos que fueron llegando, la Corte Suprema se fue abriendo a incorporar otros criterios y ahí entonces confirmó la decisión de la Corte de Apelaciones de dejar sin efecto esas órdenes de expulsión. Y el argumento central que se fue instalando desde la Corte Suprema en los siguientes recursos fue que las personas que fueron expulsadas son venezolanas. Hay normas internacionales, y también normas a nivel local, que obligan a Chile a ver a estas personas bajo un prisma distinto. Es decir, no solo como migrantes, sino también como refugiados.
Fuente: latercera
