Integrantes de la minoría musulmana rohingya de Myanmar (ex Birmania) prestaron su testimonio en Buenos Aires, en el marco de una investigación de la justicia argentina sobre los presuntos crímenes de guerra del ejército del país asiático. La audiencia seguirá llamando a testigos a declarar ante el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien está recolectando las pruebas en el caso.

“Es un día histórico”

Tun Khin, presidente de la Burmese Rohingya Organization con sede en el Reino Unido, sostuvo que “es un día histórico para todos en Myanmar, las audiencias en persona finalmente tuvieron lugar y se presentaron pruebas fuertes ante un tribunal”. Tun Khin no dio la identidad ni el número de personas que declararon por primera vez en forma presencial, ni los hechos abordados por “razones de seguridad”, en unas audiencias que podrían extenderse por varios días.

La primera audiencia, a puertas cerradas, se produjo el miércoles bajo el principio de “justicia universal”, consagrado en la Constitución argentina. Este principio permite juzgar delitos muy graves sin importar la nacionalidad de los acusados ni el lugar donde se hayan producido los hechos denunciados.

Se trata de una demanda presentada en noviembre de 2019 por grupos de derechos humanos rohingyas, latinoamericanos y argentinos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) fundado por Adolfo Pérez Esquivel. Tomás Ojea Quintana, abogado argentino que anteriormente se desempeñó como Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos en Myanmar, representa a los rohingya ante la justicia.

En 2021 la justicia argentina hizo lugar a la denuncia y abrió una investigación sobre las acusaciones de crímenes por parte de militares de Myanmar contra la minoría musulmana. Ese mismo año seis mujeres rohingyas, refugiadas en Bangladesh, participaron de una audiencia virtual ante el tribunal argentino en la que dijeron haber sido víctimas de violencia sexual y mencionaron la muerte de familiares fruto de la represión estatal.

Invocando el principio de “jurisdicción universal”, los denunciantes buscan enjuiciar a quien fuera hasta el golpe de Estado del primero de febrero de 2021 la líder de Myanmar y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, y a otros funcionarios del gobierno por crímenes contra la minoría musulmana. Sin embargo la acusación no menciona el delito de genocidio porque no existe en el Código Penal argentino.

“Las audiencias presenciales van a seguir, aportan a la causa elementos muy importantes”, declaró Tun Khin sin precisar cómo se desarrollará cada etapa procesal del caso. La justicia argentina ya había aceptado analizar otros casos extranjeros bajo el principio de jurisdicción universal, en particular el de los crímenes cometidos bajo el franquismo en España o los perpetrados por las autoridades israelíes en la Franja de Gaza.

La minoría más perseguida del mundo

Las audiencias, programadas hasta el 13 de junio, contarán con siete testigos rohingyas que declararán ante el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien se encuentra actualmente en la fase de recopilación de pruebas. La denuncia brinda detalles de las atrocidades cometidas por el ejército de Myanmar, conocido como Tatmadaw, y sus partidarios civiles, incluidas violaciones en grupo, decapitaciones y la destrucción intencional de pueblos y aldeas mediante incendios provocados.

Luego de un operativo represivo llevado a cabo en 2017 por el ejército de Myanmar, unos 750 mil rohingyas huyeron del estado de Rakhine, en el oeste del país de mayoría budista, hacia Bangladesh. Desde entonces estos hechos fueron objeto de otras demandas penales tanto ante la Corte Penal Internacional como por “actos de genocidio” ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Investigadores de la ONU calificaron en 2018 la represión de los rohingyas de “genocidio”, y al pueblo rohingya como la minoría más perseguida del mundo. Entre estos procesos, “el de la Argentina es importante en tanto constituye otra vía para potenciales órdenes de arresto contra mandos superiores o intermedios del ejército birmano”, declaró una fuente de la querella que agrega que eso puede contribuir a reducir “la brecha de impunidad” de los responsables.

Más de 23 mil personas fueron detenidas por la junta militar desde el golpe de febrero de 2021, según un grupo local de monitoreo. El año pasado, una corte controlada por la junta ordenó la ejecución de un exlegislador de la Liga Nacional para la Democracia, junto a un destacado activista bajo cargos de “terrorismo”, en la primera vez en décadas que se aplica la pena capital en Myanmar.

Las organizaciones que presentaron la demanda en Argentina acusan al gobierno birmano de no haber condenado las operaciones represivas, de ayudar a encubrir los crímenes y de responsabilidad en el confinamiento de los rohingyas en guetos.

Akila Radhakrisan, directora del Global Justice Center con sede en Nueva York, enfatizó que este esfuerzo es parte de una búsqueda más amplia de responsabilidades. Sin embargo, Radhakrisan reconoció que casos como este pueden tardar años en resolverse y citó el reciente arresto de un fugitivo involucrado en una masacre en Ruanda en 1994 como un ejemplo del largo proceso.

Alerta frente a un plan de repatriación

El relator especial de las Naciones Unidas para la situación de los derechos humanos en Myanmar, Tom Andrews, denunció este jueves que las autoridades de Bangladesh están poniendo en marcha un proyecto piloto para repatriar a los rohingyas a Myanmar y pidió que este no se ponga en marcha.

“El regreso de los refugiados rohingya en estas condiciones violaría probablemente las obligaciones de Bangladesh en virtud del derecho internacional y les expondría a graves violaciones de los derechos humanos, o potencialmente, a futuros crímenes atroces”, aseguró el relator estadounidense en un comunicado.

“El general de alto rango Min Aung Hlaing, que comandó las fuerzas que lanzaron los ataques genocidas contra los rohingyas, dirige ahora una brutal junta militar que ataca a la población civil, al tiempo que niega la ciudadanía y otros derechos básicos a las personas de esta etnia”, recordó Andrews.

Según el relator, Bangladesh está aplicando medidas coercitivas y confiscando documentos a los refugiados para forzarlos a volver a Myanmar. Por el momento ya se ordenó la repatriación de 1.140 personas y se anunció que al menos seis mil serán obligadas a volver a Myanmar antes de que termine 2023.

El proyecto piloto prevé que los rohingyas que no puedan volver a sus aldeas, muchas de ellas arrasadas en el año 2017, pasen por los llamados “centros de recepción y tránsito” del municipio de Maungdaw, próximo a la frontera con Bangladesh. Posteriormente, las autoridades birmanas los trasladarían a una quincena de aldeas recientemente construidas, donde tendrían limitados sus movimientos.

Según los informes a los que tuvo acceso el relator, a los refugiados se les prometen grandes sumas de dinero a cambio de su retorno a Myanmar. En ese sentido, Andrews afirmó que no está claro de dónde podrían salir estos fondos, especialmente ahora que las raciones de alimentos para los rohingyas de Bangladesh se redujeron notablemente.

Fuente: pagina12