Jorge González (I)
Alison González, Richard Salazar y Frank Rodríguez ingresaron a Ecuador por pasos irregulares a inicios del año pasado, en vísperas de la pandemia del coronavirus. Hoy, estos ciudadanos venezolanos mantienen una condición migratoria irregular en el país, lo que les ha impedido conseguir un empleo formal y mejorar su calidad de vida.
Aunque los tres no se conocen, pues habitan en distintos sectores de Guayaquil, tienen un aspecto en común: mantienen la esperanza de poder alcanzar algún tipo de documento que les permita regularizar su estadía con el nuevo Gobierno ecuatoriano. Les anima el anuncio que hiciera el flamante presidente Guillermo Lasso, quien dijo que -por razones humanitarias- ampliará la regularización.
Una de las primeras acciones será la participación del Jefe de Estado en la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos, que se desarrollará de modo virtual este jueves. El organizador es Canadá, en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El presidente Lasso había adelantado que también se harían esfuerzos para integrar económica y socialmente a los extranjeros. No obstante, precisó: “Sin duda alguna implica un mayor estrés para la economía ecuatoriana, en un momento que no hay empleo para los ecuatorianos, pero apelaremos al apoyo financiero internacional para financiar proyectos de regularización e incorporación en la economía”.
Esta declaración oficial generó interés en Alison González, oriunda del estado de Lara. La mujer, enfermera de profesión, llegó en febrero del año pasado. Su destino era Perú, pero el coronavirus modificó su destino. Ahora habita en la ciudadela Martha de Roldós, en el norte de la urbe porteña.
“Nosotros esperamos de corazón que al menos nos puedan dar un permiso temporal. Yo no puedo trabajar en mi profesión, por eso he tenido que aceptar un empleo como mesera para sobrevivir, pero no me pagan ni el salario básico, trabajo horas extras que no son reconocidas”, lamentó.
Richard Salazar, quien llegó en enero del 2020, desde su natal Zulia, dijo que él no cuenta con un pasaporte ni cédula de identidad, pues es complicado tramitar esos documentos en Venezuela. “Es conocido que el gobierno de Nicolás Maduro atrasa los trámites de documentos, esperamos nos puedan facilitar la regularización de algún modo”.
Frank Rodríguez relató que muchos de sus compatriotas piensan volver a su país porque se les complica pagar arriendos, ya que no pueden conseguir empleo formal. “Muchos son explotados, trabajan muchas horas, se paga poco e, incluso, no nos pagan; y es difícil denunciar ante las autoridades porque somos ilegales”, lamentó el hombre que vende agua en semáforos.
El Gobierno reconoce la problemática. El viceministro de Gobierno, Homero Castanier, afirmó que hay “empeños gubernamentales” por cumplir. Por ello, se analizan varias opciones para emprender un plan de regularización. Sin embargo, no adelantó cuáles son las iniciativas que se barajan.
El problema de los ciudadanos venezolanos -dijo Castanier- es complicado. “En Quito es gravísimo el tema, hay que buscar una salida, no podemos ser indolentes ni ajenos a esa realidad que ha afectado nuestro país por el éxodo
de venezolanos”.
De acuerdo con Daniel Regalado, presidente de la Asociación Venezuela en Ecuador, son 470 000 los ciudadanos de ese país que residen en Ecuador. De ellos, según la Cancillería ecuatoriana, apenas 222 588 tienen algún tipo de visado regular.
Regalado cree que decenas de ciudadanos están en condición irregular, porque ingresaron a territorio ecuatoriano después del 25 de julio del 2019. Desde ese día se estableció una amnistía migratoria, que consistía en la exoneración de multas por infracciones migratorias. También se realizó un proceso de regularización extraordinario que permitió la expedición de la visa temporal de excepción por razones humanitarias.
“El mensaje del presidente Lasso -asegura Regalado- nos llenó de alivio porque da luz de ser un Gobierno inclusivo, va a escuchar a nuestro sector, tenemos mucha expectativa sobre el proceso de regularización, aún no sabemos cómo va a ser, pero esperamos se considere que muchos ciudadanos no tienen documentos como una cédula o pasaporte”.
El viceministro de Movilidad Humana de la Cancillería, Carlos Alberto Velástegui, explicó que, según las estimaciones, Ecuador requeriría al menos USD 237 millones para este año, complementarios al presupuesto nacional, para la atención de los migrantes en aspectos vitales como salud y educación.
“Aspiramos a que el compromiso de los Estados permita que esos rubros puedan alcanzar si no la totalidad, la cercanía de estos valores para que puedan realizarse las aportaciones a través de las agencias de cooperación internacional. La reunión de Canadá puede generar recursos financieros de asistencia y cooperación”, explicó Velasteguí.
Fuente: El Comercio
