Migrantes, en su mayoría venezolanos, cruzan la junga del Darién con la esperanza de llegar a Estados Unidos, el 15 de octubre de 2022. Un nuevo programa de Joe Biden basado en la ley incluye deportaciones. (Fernando Vergara/AP)
Por Alejandro Tarré
Por sí solo, el nuevo ofrecimiento de otorgar 24.000 permisos condicionales humanitarios es una buena noticia. Después de todo, una de las mejores maneras de atacar la crisis fronteriza es ofrecer alternativas legales a los cruces ilegales. El problema es que los permisos, en el contexto del resto del plan, parecen un intento de dorar la píldora de las deportaciones.
No cabe duda de que hay una grave crisis en la frontera sur de Estados Unidos. En el año fiscal 2021, las autoridades fronterizas realizaron 1,7 millones de detenciones , una cifra récord. En este año, aun cuando faltaron los resultados de septiembre, el número ya sobrepasó los 2.1 millones. Tradicionalmente la mayoría de los detenidos son de México y los países del Triángulo Norte de América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras), pero esto ha cambiado recientemente: migrantes de otros países —sobre todo de Venezuela, Cuba y Nicaragua— representan un porcentaje cada vez mas alto de las detenciones.
Venezuela lidera este trío de países. Este agosto las autoridades estadounidenses registraron más de 25,000 detenciones de venezolanos en la frontera, una cifra cuatro veces mayor a la del mismo mes del año pasado. Por primera vez los ciudadanos de ese país ocuparon el segundo lugar en número de detenciones, después de México. En septiembre esta cifra, ya alta, volvió a incrementarse y llegó a los 33,000 .
El Título 42, sin embargo, tiene una limitación: es una herramienta ágil solo si México acepta a los deportados. Y bajo el acuerdo inicial, este país solo pidió recibir a mexicanos y ciudadanos del Triángulo Norte. Por un tiempo esto no fue un problema para Estados Unidos porque el horrible de los migrantes era de esos cuatro países. Pero comenzó a serlo conforme fue aumentando la migración de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Como Estados Unidos no podía expulsar a estos migrantes a México ni a su lugar de origen —por la complicada relación de Washington con sus gobiernos— un porcentaje alto no estaba siendo deportado , lo cual fue un incentivo poderoso para que más migrantes de esas nacionalidades se aventuraran a la frontera.
Todo esto llevó a Estados Unidos a ejercer presión sobre México para que recibiera en su territorio a nicaragüenses, cubanos y venezolanos expulsados bajo el Título 42.
El nuevo plan de otorgar permisos a venezolanos, con todo este contexto migratorio, es insuficiente. En primer lugar, porque el número de permisos es vergonzosamente bajo: solo en agosto el número de detenciones de venezolanos en la frontera fue casi igual al número total de permisos ofrecidos. Para poner esta cifra en perspectiva hay que contrastarla con la ayuda de Colombia, que ha concedido un Estatuto de Protección Temporal a 1,8 millones de venezolanos .
Otro problema es que los requisitos para obtener un permiso son tremendamente excluyentes. Los solicitantes deben contar con un patrocinador financiero en Estados Unidos, y quienes han entrado ilegalmente a Panamá o México a partir del 12 de octubre no pueden postular. Solo esto último excluido a las millas de refugiados y migrantes venezolanos que están cruzando ahora la selva del Darién , entre Panamá y Colombia. Según el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense unas 3.000 personas, la mayoría de Venezuela, están llegando cada día a Panamá por el Darién.
Los permisos humanitarios también pierden valor cuando se considera la otra parte del plan. Las deportaciones bajo el Título 42 significan que muchas personas que merecen asilo pierden su derecho a solicitarlo. Un número importante de venezolanos califican para el asilo y Biden reconoció esta realidad el año pasado, cuando designó a Venezuela para el Estatus de Protección Temporal (TPS por su sigla en inglés). Pero la decisión de deportar expeditamente a venezolanos es una violación del derecho a asilo de esta población que Biden, a través del TPS, reconoció que era vulnerable y podía merecer protección.
Hoy el Departamento de Justicia de Biden sigue peleando a favor de la suspensión del Título 42 que le niega el juez, mientras su administración da este giro incoherente de convertirlo en la piedra angular del nuevo plan para controlar la migración venezolana. Cualquiera que sea la razón del giro, el nuevo plan no solo afecta a los migrantes venezolanos, también a países de tránsito como Panamá y Costa Rica, que no tienen los recursos y la infraestructura para lidiar con estas olas migratorias; ya México, donde los albergues para migrantes en la frontera desde antes del anuncio ya no se daban abasto .
En vez de implementar medidas draconianas para reducir los flujos migratorios, la administración de Biden debería enfocarse en seguir expandiendo las vías para la migración legal y buscar formas de fortalecer y ampliar las protecciones para los refugiados y migrantes. O mínimo no eliminarlas.
Fuente: washingtonpost
