La Procuraduría General de la Nación hizo un recorrido en el que identificó algunos puntos que deben ser mejorados.
La Procuraduría General de la Nación reveló que Nariño es uno de los puntos más críticos en el país de concentración irregular de migrantes, debido a la falta de control en las fronteras.
El ente de control visitó el territorio para verificar esta situación, además de cuáles son las ayudas que el Estado Colombiano les brinda a estos miles de migrantes que ingresan al país.
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Según Javier Sarmiento, procurador delegado para los Derechos Humanos y quien lideró la visita, hay un alto flujo de migrantes venezolanos que están retornando hacia su país desde el sur del continente, por lo que Colombia es un lugar de tránsito obligado. No obstante, también están ingresando migrantes de otros continentes.
Además, la Procuraduría logró identificar que hay falta de presencia de la fuerza Pública en los más de 30 pasos fronterizos informales que hay en Ipiales, los cuales al parecer son controlados por grupos armados ilegales.
“La mayoría de estos migrantes son abordados en el paso fronterizo colombiano por traficantes conocidos como ‘coyotes’, que controlan el negocio ilegal y les cobran por conducirlos hasta Ipiales, seguir ruta por los municipios de Pasto, Chachagui, Taminango y luego salir del departamento de Nariño, continuar su tránsito por la región Pacífica o llegar hasta el Urabá Antioqueño. Los demás permanecen en el municipio buscando el dinero para seguir y con el riesgo de ser explotados por las mafias allí existentes”, recalcó la Procuraduría.
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Finalmente, el ente de control manifestó que va a elaborar un informe final en el que se va a entregar el panorama al despacho de la Procuradora General, para que ella sea quien decida cuáles serán las acciones preventivas y disciplinarias que deban ser hechas para poder obtener respuesta del Gobierno y también para garantizar los derechos humanos de los migrantes.
“También llamó la atención por la ausencia de albergues administrados y financiados por el Estado; la falta de estrategias preventivas por parte del ICBF para garantizar los derechos de los NNA migrantes no acompañados y separados y la falta de planes, programas y proyectos de las administraciones municipales y departamentales para contrarrestar y evitar los actos y expresiones de xenofobia por parte de la población acogida”, indicó la Procuraduría.
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