El documento se produce casi un año después de que el migrante brasileño Kesley Vial se quitó la vida dentro de la instalación del condado de Torrance. El joven de 23 años estaba programado para ser expulsado del país.

La mayoría de las entrevistas iniciales dentro del lugar se llevan a cabo sin acceso a orientación legal, mientras que también se omiten cotidianamente otros requerimientos legales clave, asegura la coalición. Cuando los migrantes apelan su rechazo inicial ante un juez de inmigración, a muchos de ellos se les niega el acceso a los expedientes de sus propios casos, dejándolos impugnando “decisiones secretas que nunca han visto”, según el reporte.

El centro del condado de Torrance fue adaptado en enero para llevar a cabo revisiones expeditas de solicitudes de asilo una vez que las autoridades de inmigración comenzaron a retirar gradualmente las restricciones al asilo relacionadas con el coronavirus que permitían que Estados Unidos expulsara rápidamente a los migrantes, según el reporte. La denuncia detalla cómo el ICE ha acelerado cientos de revisiones de solicitudes de asilo dentro del lugar ubicado en Estancia, a unos 400 kilómetros (250 millas) al norte de la frontera con México.

Grupos de activistas calculan que 30% de los detenidos que se encuentran en el lugar han pasado las revisiones desde diciembre de 2022, un número muy por debajo del promedio nacional de 73% para el periodo de diciembre a julio. El promedio nacional cayó a 56% en el periodo del 16 al 31 de julio.

Quienes superan el primer filtro — para determinar si existe un “temor creíble” de persecución o tortura — generalmente son puestos en libertad dentro de Estados Unidos para continuar con sus casos de asilo en los tribunales. Quienes no pasan la revisión deben ser deportados.

“El proceso de miedo creíble en el Centro de Detención del condado de Torrance es particularmente defectuoso, las tasas de aprobación son inusualmente bajas y muchos de los individuos detenidos son privados del debido proceso”, asegura el reporte, firmado por el New Mexico Immigration Law Center, Las Americas Immigrant Advocacy Center y el Innovation Law Lab.

La denuncia administrativa fue presentada directamente ante las autoridades federales de inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, y en ella exhortaban a la agencia a cancelar el contrato del condado de Torrance con la empresa privada de detención CoreCivic.

Representantes de CoreCivic no respondieron de momento a emails enviados en busca de comentarios. Representantes de prensa del Departamento de Seguridad Nacional no respondieron de inmediato al reporte.

De momento se desconoce si las disposiciones de revisión del ICE en el condado de Torrance se replican en otros lugares, y los grupos activistas no sondearon instalaciones en otros estados como parte de la denuncia.

Alberto Méndez, un salvadoreño de 33 años, dijo que la revisión de su solicitud de asilo en el Centro de Detención del Condado de Torrance se llevó al mismo tiempo que la de otros 15 migrantes, sin asesoría legal previa, y terminó siendo rechazado.

Además de los problemas en los procedimientos, un órgano federal de control interno detalló a principios de 2022 condiciones inseguras e insalubres dentro del lugar durante una inspección imprevista, recomendando que todos fueran transferidos a otros lugares. Funcionarios de CoreCivic y el ICE disputaron los hallazgos del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional.

CoreCivic ha dicho que el centro de detención es monitoreado por el ICE y que debe someterse a revisiones y auditorías de forma regular para garantizar un estándar de vida adecuado para todos los detenidos y apegarse a las estrictas políticas y estándares de la agencia.

El respaldo de los funcionarios electos a la instalación ha menguado. Seis senadores federales, incluidos Martin Heinrich y Ben Ray Luján por Nuevo México, exhortaron el año pasado al ICE a que cancelara su contrato en el condado de Torrance.

Un panel de legisladores estatales se reunió el martes para analizar nuevamente una iniciativa fallida para restringir la detención de inmigrantes en Nuevo México. El Senado del estado votó en marzo pasado en contra de la medida, la cual habría prohibido a las agencias de gobierno locales firmar acuerdos con el ICE para detener a migrantes mientras solicitan asilo.

Estados como California, Illinois y Nueva Jersey han promulgado iniciativas en los últimos años con el fin de controlar a los centros de detención de migrantes ubicados dentro de sus territorios.

Fuente: diariolasamericas