La migración venezolana es un tema del que poco se habla de cara a las elecciones regionales del 29 de octubre. Sin embargo, este debería ser un tema más relevante, teniendo en cuenta que según varios informes ya son más de 2’800.000 ciudadanos venezolanos que viven en Colombia.
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) analizó los programas de gobierno de ciudades y municipios claves para el tema migratorio y encontró, por ejemplo, que hay silencio entre candidatos entre otras cosas porque esto podría ser contraproducente en las urnas.
“Además del desinterés por la gestión de la migración, el silencio de los candidatos tiene dos posibles explicaciones: la primera es que los índices de xenofobia en el país son altos, y tomar una postura promigración parece una estrategia contraproducente para ganar votos de un electorado que, en su mayoría, se opone a la integración de migrantes venezolanos. La segunda, es que las propuestas en esta materia, a vista del simple entendedor, no caen en tierra fértil tendiendo en cuenta que, a excepción de las 52.000 personas de origen venezolano que tienen cédula de extranjería, la población migrante no podrá votar”, argumentó Juan Pablo Rangel E., investigador de FIP.
Entrega de documento a mujer venezolana. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO
Los programas de gobierno
El estudio señala que la migración venezolana está en los programas de gobierno como una población a priorizar en las principales ciudades del país.
“La excepción son Barranquilla y Cali, que si bien acogen una porción importante de migrantes en el país, esto no se ve reflejado en los programas públicos, por lo que podría asumirse que no es un tema predominante en el debate electoral. Las candidaturas de ciudades de acogida como Bogotá o Medellín hacen modestas pero precisas menciones hacia la migración desde una perspectiva de integración a largo plazo, donde predominan menciones frente al acceso a derechos de salud, educación, vivienda, y en las que aparece de manera minoritaria la prevención hacia migrantes como los causantes de la inseguridad”.
Venezolanos en Medellín. Foto: Jaiver Nieto/ ETCE
La FIP resalta el caso de Bucaramanga donde persisten narrativas de estigmatización, “algo que si bien no es exclusivo de esa ciudad, sí se ve agravado en ese contexto”.
Faltan cifras
La Fundación Ideas para la Paz asegura que los diagnósticos carecen de cifras que sustenten las acciones del programa de gobierno enfocadas en la población migrante.
“Las propuestas no tienen profundidad técnica para señalar acciones afirmativas puntuales que permitan revertir problemáticas tan evidentes como la discriminación hacia la población migrante venezolana, su instrumentalización en actividades delictivas, la vulnerabilidad adicional que sufren personas provenientes de Venezuela sin su situación resuelta, y tampoco iniciativas que permitan aprovechar oportunidades de innovación y generación de capital que tienen frente a sus ojos tras la llegada masiva de migrantes en sus contextos”, dice el documento.
Ideas para la Paz indica que desde el punto de vista electoral no parece atractivo para los candidatos salit en defensa de la población migrante, teniendo en cuenta que en el país ha aumentado el discurso de antimigrante.
“Por el contrario, los discursos de odio hacia migrantes son lo suficientemente generalizados como para que una posición abierta a la migración pueda
encontrar nichos de votantes en ciertos contextos de acogida. Más allá del conteo de votos, asumir la postura política de promover discursos de odio a partir del
refuerzo de mensajes estigmatizantes, generalmente relacionados con los problemas de inseguridad, es una victimización hacia ellos”, dice el documento de Ideas para la Paz.
Hay un problema de cohesión social
El informe indica que en el país hay un problema de cohesión social por “el hecho de que la mayoría de personas estén en contra de la migración venezolana en el país”.
Y agrega que hay falencias en el liderazgo de los potenciales gobernantes de las ciudades de acogida donde hay desconocimiento sobre los derechos de la población migrante.
“¿Cómo pueden los alcaldes promover el imaginario de la migración desde un enfoque de derechos? Colombia ha llevado la batuta en la región mediante la implementación de proyectos y políticas ambiciosas para la inclusión de migrantes con vocación de permanencia que se ha traducido en desarrollo y recursos económicos. Para que continúe siendo de esa manera, se requiere una mirada progresista en materia de reivindicación de un enfoque diferencial migratorio que reconozca las vulnerabilidades de la población migrante y también las oportunidades que trae la migración a los contextos de acogida”, concluye el documento.
Según Rangel, quien elaboró el informe con Catalina Arenas-Ortiz y Laura Daniela Mogollón Célis, se requieren liderazgos regionales que hagan valer los derechos políticos de los migrantes y refugiados.
“El hecho de que la inmensa mayoría de personas venezolanas que viven en Colombia no puedan votar, no les exime de ser sujetos políticos. Se requieren también canales para permitir la incidencia de esta población en programas de gobierno y reglamentaciones administrativas de carácter local en pro del proceso de integración en Colombia”, asegura.
