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Con los brazos cerrados: el giro de Colombia a la migración venezolana

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Foto: Frontera de Colombia en el puente internacional Simón Bolívar. Foto: LSV


“Nos sentimos orgullosos de haber colaborado decididamente en este camino que puede devolverle su hogar a muchos venezolanos que emigraron”, trinó el presidente colombiano Gustavo Petro en celebración del primer avión que salió de Estados Unidos con más de 120 venezolanos que fueron detenidos por cruzar de manera irregular la frontera con México.

La deportación hace parte del Plan Vuelta a la Patria, una iniciativa del régimen de Nicolás Maduro para deportar a aquellos migrantes que salieron de Venezuela en medio de la crisis económica y política desatada por la dictadura.

Para Colombia apoyar este programa del chavismo es una novedad, pues el país ha sido reconocido internacionalmente por sus políticas de regularización e integración de la población migrante. Sin embargo, desde la llegada de Petro a la Presidencia, este enfoque cambió hacia uno que favorece más la narrativa chavista, que niega la migración en masa.

A pesar de que la cifra de migrantes venezolanos en Colombia casi llega a los 3 millones de personas, el tema se ha mantenido fuera de la agenda principal del gobierno. Incluso, ha habido trabas para la regularización e integración de venezolanos. Mientras tanto, a través del Tapón del Darién, pasa el más alto flujo de migrantes hacia Estados Unidos de la historia.

Más de 50 días en el cargo para mencionar la migración

Fue durante su intervención en la reapertura de la frontera con Venezuela, el 26 de septiembre del 2022. El presidente Petro habló sobre el Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (Etpv). Este es el mecanismo que empezó el gobierno de Iván Duque para regularizar al flujo migratorio que salía de ese país por la complicada situación económica y social.

Sin embargo, la primera vez que el tema se habló ampliamente fue durante la visita del Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en octubre del 2022. Blinken aprovechó la visita para elogiar el Estatuto como “una iniciativa histórica que ha convertido a Colombia en un modelo para la región y para el mundo”.

En buena medida, el tema de la migración resultaba espinoso a la hora del restablecimiento de relaciones diplomáticas y comerciales con el régimen de Nicolás Maduro, que lleva años negando el alto flujo de personas que salen de su país y responsabiliza a las sanciones internacionales por la emergencia económica y social en Venezuela.

Muestra de ello es que, una vez en Caracas, el primer embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, empezó a hablar de los flujos migratorios como un “éxodo que supuestamente hay”. Esto se inscribe en una de las narrativas del chavismo.

Durante los primeros seis meses de su mandato, tanto Petro como su director de Migración Colombia, Fernando García, hablaron del Estatuto como un mecanismo incompleto. García ha dicho en varias ocasiones que el Permiso de Protección Temporal (PPT) —el documento al que puede acceder la población migrante por el Estatuto y con el que regularizan su estatus en Colombia— es “un carnet que no garantiza derechos”. A pesar de que también ha reconocido que la regularización es el primer paso para el acceso a los derechos básicos como la identidad, la salud y la educación.

El gobierno no solo le ha lanzado pullas a la regularización que empezó su antecesor, sino que ha dejado la integración de la población migrante que tiene vocación de permanencia relegada. En octubre del año pasado, en la reorganización de las dependencias de Presidencia, Petro eliminó la Oficina para la Integración Socioeconómica de la Población Migrante —antes conocida como la Gerencia de Fronteras—.

Esta oficina tenía entre sus funciones velar por la integración de la población migrante en el país. Esas labores pasaron a la Cancillería, originalmente al viceministerio de Asuntos Multilaterales, que encabezaba Laura Gil y después pasó a liderar Elizabeth Taylor Jay.

El lío con ese paso de funciones es que la Oficina de Presidencia tenía una mayor capacidad para articular con los ministerios por su mismo estatus. Desde un viceministerio de la Cancillería las funciones para la integración tienen una menor acogida dentro del resto de entidades estatales que tienen un rol en ella.

La integración relegada y el auge de la xenofobia

Además de la desaparición de la Gerencia de Fronteras, durante el gobierno Petro los migrantes se han tenido que enfrentar a problemas con su regularización. Organizaciones de la sociedad civil, consultorios jurídicos y asociaciones de venezolanos denunciaron cómo a algunos migrantes venezolanos se les están negando el PPT de manera arbitraria y sin la certeza de poder apelar esta decisión.

A pesar de la “migración humana” de la que hablan tanto el presidente como el director de Migración García, esa entidad también está liderando más operativos a través de los Grupos Especiales Migratorios (GEM), que en los últimos cinco años. Estas son operaciones conjuntas de Migración con la Policía o el Ejército que tienen como objetivo realizar un control migratorio, pero rápidamente se pueden convertir en una persecución a los venezolanos que no han terminado de regularizarse.

Para la integración se creó la Red de ciudades para la acogida, inclusión y el desarrollo, que financia la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Usaid, y el Banco Mundial. De ella hacen parte Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Santa Marta y Riohacha. Estas ciudades, desde los gobiernos locales, se han encargado de liderar proyectos de integración financiados con plata de cooperación internacional.

El problema es que, con el cambio de mandatarios locales que llegará el próximo año, estos programas podrían verse interrumpidos o detenidos. Particularmente después de unas elecciones en donde la securitización y la falta de integración por parte del gobierno nacional generó un pico en la xenofobia. Varios candidatos en desde Bogotá hasta Cúcuta, incluyendo en Cali y Bucaramanga, responsabilizaban a los migrantes venezolanos por la inseguridad en sus regiones.

El caso bumangués es emblemático por su cercanía a la frontera. Allí el pastor Jaime Andrés Beltrán, quien cayó en estos discursos xenófobos al proponer un “plan candado” y “paloterapia” para luchar contra la criminalidad en la capital santandereana, se convirtió en el alcalde electo de la ciudad.

El pico de migrantes en el Tapón del Darién

A pesar del cambio de enfoque que ha tenido el gobierno nacional respecto a la migración, Petro se enfrenta al mayor pico de migrantes que atraviesan la selva del Darién, uno de los pasos migratorios más peligrosos del mundo, en camino hacia Estados Unidos.

En lo que va del año, más de 458 mil personas han cruzado la selva entre Colombia y Panamá, la cifra más alta en los últimos 13 años, desde que Migración Panamá tiene registro del fenómeno.

Hay varios líos para controlar el flujo migratorio. El primero es que del lado colombiano de la frontera la llegada de migrantes a municipios del Urabá se ha convertido en un lucrativo negocio. Esto tanto para los ciudadanos de a pie como para grupos criminales como el Clan del Golfo y el Tren de Aragua, que reciben una jugosa tajada de lo que pagan los migrantes por la guianza a través de la selva.

Estos ingresos contrastan con la vocación turística que tienen los municipios que atraviesan los migrantes. Por eso mismo, las autoridades locales han dejado relegada la atención a este grupo poblacional, lo que hace que otros involucrados como la iglesia católica o los empresarios turísticos respondan por los migrantes.

La diplomacia alrededor del paso de migrantes también es un tema complejo. Por su parte, Panamá le exige a Colombia por la falta de atención a la población migrante, mientras que el discurso de securitización de la migración se vuelve un insumo electoral en el país centroamericano.

Estados Unidos, como el destino al que se dirigen la mayoría de personas que cruzan el Tapón, ha empezado un sistema de talanqueras a lo largo de la ruta hacia su frontera sur. La idea es abrir oficinas en algunos países de la ruta —incluyendo Colombia— para que los migrantes haitianos, cubanos y venezolanos puedan aplicar a una visa desde esas sedes estadounidenses. Sin embargo, estas todavía no empiezan a funcionar y podrían terminar generando represamientos de migrantes en los países en los que se abren.

Colombia se monta en el bus de la “vuelta a la patria”

El 5 de octubre de 2023, los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela firmaron un acuerdo para “la repatriación ordenada, segura, y legal de ciudadanos venezolanos”. Esto como parte del programa del régimen de Maduro que llamaron “Vuelta a la patria”, que consiste en vuelos, buses y corredores humanitarios para que quienes salieron de Venezuela por la emergencia económica y social regresen a su país.

El acuerdo llegó después de que Estados Unidos recibiera el mayor pico de migrantes de Venezuela en su frontera sur durante septiembre de este año, alcanzando los 50 mil migrantes detenidos.

Ese mismo día, el presidente Petro publicó un trino celebrando la decisión.“Es muy importante para Colombia este acuerdo entre los EE. UU. y Venezuela sobre retorno de migrantes venezolanos a su país. Debe ser acompañado del levantamiento del bloqueo. Colombia está dispuesta a colaborar en la construcción de un corredor humanitario de retorno libre a Venezuela”, trinó.

Según las cifras de la Cancillería venezolana, para septiembre de este año más de 31 mil personas habían sido repatriadas. En octubre, después del acuerdo con Estados Unidos, Maduro dijo que un millón de venezolanos habían regresado.

Esto a pesar de que, como reportó el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en su último informe, la economía venezolana no ha mejorado. Según el informe, en el primer semestre de este año el PIB de ese país cayó un 7 por ciento. La inflación en sigue siendo la más alta del mundo, la anualizada supera el 362 por ciento en lo que va del 2023. Esta situación ha generado que los venezolanos tengan poca capacidad de adquisición y se genere una dolarización de facto ante la devaluación del bolívar.

Más allá de los líos económicos que enfrentan los migrantes al regresar a Venezuela, la situación política del país sigue siendo incierta. La cifra de presos políticos supera los 268, la candidata de la oposición, María Corina Machado, sigue inhabilitada para las elecciones presidenciales del próximo año y las libertades individuales siguen muy deterioradas.

De hecho, Efecto Cocuyo, un medio venezolano, reportó que a los más de 200 migrantes que llegaron a Venezuela en un vuelo desde Islandia los retuvieron en el aeropuerto, les quitaron los pasaportes y les hicieron firmar una carta en la que se les acusa de “traición a la patria”.

Sobre estos tratos a migrantes no hablaron los presidentes de los dos países en la última reunión de Petro y Maduro en Caracas, pero el mandatario colombiano sí hizo varias propuestas para la “estabilización económica a personas migrantes de Venezuela que retornen a su país”. Entre ellas están bonos de estabilización económica y “construir” un éxodo de retorno a través de Colombia.

Fuente: lasillavacia


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