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¿Cuál es la postura del Gobierno jamaicano respecto a los refugiados haitianos?

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Imagen vía Canva Pro.


Escrito por Janine Mendes-Franco

La entrada de barcos llenos de refugiados haitianos en territorio jamaicano se ha hecho más frecuente a medida que se ha deteriorado la crisis económica, social y política de Haití. El primer grupo desembarcó en Jamaica el 10 de julio. Actualmente están bajo el cuidado de la Cruz Roja de Jamaica en la vecina parroquia de St. Mary, Portland, mientras esperan los resultados de sus solicitudes de asilo, presentadas el 21 de julio por su asesora legal, la abogada de derechos humanos Malene Alleyne.

Una de las preguntas más persistentes en la blogosfera jamaicana en torno a los refugiados haitianos es si existe o no una política clara al respecto. Tras la expulsión de los refugiados que llegaron en septiembre, hubo un gran debate en las redes sociales: algunos criticaron la medida y otros la apoyaron. El periodista regional Wesley Gibbings sugirió:

Una crisis regional que requiere respuestas más ilustradas de los Estados. No debería exigirse la obligación legal para actuar con humanidad.

Petchary señaló que, en efecto, existe una política, formulada en 2009. Citando al Jamaica Observer, explicó que la legislación «se basa en la Convención sobre la Convención de los Refugiados de 1951 [que Jamaica ratificó en julio de 1964] y en el Protocolo de 1967 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados [que ratificó en octubre de 1980]»:

 

Define al refugiado como alguien que «por fundados temores de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, esté fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, por esos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país, o que, por no tener nacionalidad y estar fuera del país donde antes tuvo su residencia habitual, no pueda o, a causa de esos temores, no quiera regresar».

Jamaica fue también el primer Estado miembro de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en ratificar, en febrero de 2013, la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961.

Petchary, que califica el enfoque del Gobierno jamaicano hacia los refugiados de «indiferente», observó que varios grupos locales de derechos humanos han denunciado la situación actual, señalan que las recientes acciones del Gobierno contravienen los tratados internacionales sobre refugiados y derechos humanos.

Stand Up for Jamaica sugirió que la postura del Gobierno sobre la cuestión era «poco sincera», y calificó de «inaceptable» su decisión de devolver a los refugiados que desembarcaron el 15 de octubre, y añadió que, al regresar, enfrentaban «un riesgo real de persecución, tortura u otros daños graves o irreparables […] que están explícitamente prohibidos por los tratados internacionales sobre refugiados y derechos humanos»:

La negación del Gobierno a los haitianos del derecho al debido proceso, el derecho a la representación legal, el derecho a ser oído, los derechos del niño a una protección especial y el derecho a acceder a información básica sobre el procedimiento de asilo, es incompatible con los principios y normas de derechos humanos y constitucionales, y es una afrenta descarada al principio de no devolución, que exige que el Gobierno garantice a las personas que buscan protección internacional el acceso a procedimientos de asilo eficientes.

La directora ejecutiva de Stand Up for Jamaica, Carla Gullotta, reconoció que Haití integra CARICOM y que el colectivo regional ha tenido «una voz fuerte sobre la desafortunada situación que está ocurriendo en Haití», y añadió que el Gobierno debería «aprovechar la oportunidad de la llegada de refugiados haitianos como muestra de apoyo y sinceridad; no solo promesas de enviar personal de seguridad a Haití»:

Es desalentador y contraproducente devolver a los haitianos a condiciones duras, en lugar de acogerlos y apoyarlos. Stand up for Jamaica desea destacar que los haitianos, incluidos los niños, no son delincuentes. Son refugiados […] No cometieron ningún delito, aparte de escapar del miedo, el terror, el hambre, la guerra de bandas y la inestabilidad. Algunos son niños y es difícil creer que estén en conflicto con la ley.

El comunicado reiteraba la petición del grupo de «una reunión para debatir las normas de derecho internacional para proteger a los migrantes haitianos para garantizar que esta situación no se repita y, lo que es más importante, evitar el riesgo de que se envíe un informe al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que se tomen medidas contra Jamaica».

El 18 de octubre, Jamaicanos por la Justicia recordó al Gobierno sus responsabilidades en virtud del Tratado Regional de Chaguaramas, así como de las convenciones internacionales, que exigen a los signatarios «dar asilo a los refugiados y tratarlos con dignidad y respeto». También advirtió «contra el uso de un lenguaje estigmatizador contra los haitianos»:

 

Jamaicanos por la Justicia reconoce que las personas con antecedentes penales pueden suponer un riesgo para la seguridad nacional. Sin embargo, es importante equilibrar las preocupaciones de seguridad nacional con la protección y el respeto de los derechos humanos de los migrantes y refugiados. Instamos al Gobierno a hacer evaluaciones individuales de acuerdo con el debido proceso, en lugar de basarse en amplias generalizaciones.

 

Si llegan más haitianos en busca de refugio, el Gobierno de Jamaica debe permitir que hablen con un abogado y se siga el debido proceso. Esto incluye una articulación clara de los procesos que permitan procedimientos justos y rápidos para la determinar la situación, incluidas apelaciones, y garantizar los derechos de todos los refugiados reconocidos en Jamaica. […] Cualquier otra cosa es un desprecio demostrativo de los derechos humanos y del debido proceso.

La situación en Haití sigue siendo delicada, y Jamaica está a apenas cientos de kilómetros, por lo que solo el tiempo dirá qué postura adoptará el Gobierno jamaicano.

Fuente: globalvoices.org


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