Durante los últimos meses Estados Unidos ha agudizado su política migratoria en aras a que el flujo de personas en la frontera sur no continúe al alza; para ello, la administración Biden busca que con el Título 8 menos extranjeros intenten cruzar de forma irregular. Previamente aplicaba el Título 42, una normativa con la cual se podía negar el ingreso por asuntos de ‘salud pública’.
De manera paralela, algunos estados como Florida y Texas han anunciado iniciativas para reducir la migración irregular que incluyen sanciones ‘severas’ no solo para quienes lleguen sin documentación sino también, quienes les ayuden en su tránsito y estadía. La medida es considerada como una de las más duras en el país, pues abarca hasta el seguimiento en hospitales (en el caso de Florida).
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Por su parte, Texas también ha intensificado sus intentos para disminuir los cruces ilegales que ‘permean’ a varios países de Latinoamérica. Por ejemplo, solo de El Salvador, según La Prensa Gráfica, en mayo fueron detenidas 5,349 personas en la frontera.
El gobernador texano, Greg Abbott, enfrenta un revés luego de que un empresario instaurara una demanda contra su iniciativa de colocar una barrera de boyas en el Río Bravo, frontera con México, y frenar así el tránsito de migrantes. Así lo anunció este sábado 8 de julio el abogado del demandante.
“La instalación de la nueva barrera en el Río Grande (conocido también como Río Bravo) comienza hoy. El Departamento de Seguridad Pública está supervisando el proyecto en Eagle Pass”, escribió Abbott el viernes en Twitter, junto a imágenes de camiones con los flotadores naranja.
Abbott ha arremetido en más de una ocasión contra el presidente, Joe Biden, a quien señala de facilitar el ingreso irregular de miles de migrantes y llevar a la nación al borde de una crisis.
Una vez se conoció su medida, Jessie Fuentes, dueño de la firma Epi’s Canoe and Kayak Team, que ofrece tours por el río en el área, presentó una demanda contra el Estado y las autoridades relacionadas con el proyecto.
“Su negocio opera exactamente donde las boyas van a ser instaladas” y perjudica sus operaciones, dijo este sábado a AFP Carlos Flores, abogado de Fuentes.
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“El gobernador de Texas y los demandados no tienen la autoridad legal para instalar esas boyas. La demanda pide impedir la instalación de estas y, si se instalan, que se retiren por orden judicial, porque no tienen permiso”, añadió. Este hombre también precisó que la instalación de dichos elementos necesita el aval de entidades federales.
Según el abogado, estas boyas se pondrían en marcha bajo la operación “Lone Star”, que busca asegurar las fronteras; sin embargo, no ha sido ‘bien vista‘ por activistas y legisladores. Por su parte, Abbott salió en defensa de la iniciativa.
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“Nos veremos en la corte (…) Esto irá hasta la Corte Suprema. Texas tiene el derecho constitucional de proteger su frontera”, comentó el funcionario en sus redes tras conocer la demanda.
Como ya se mencionó, las autoridades estadounidenses se rigen actualmente bajo el Título 8. Este abre la vía para tramitar peticiones de asilo; no obstante, agudiza las políticas de expulsión inmediata del migrante o su deportación. Tal es su alcance que, si hay permanencia irregular, la persona podría estar sujeta a un veto de reingreso por los próximos cinco años.
Entre tanto, su puesta en marcha ha generado una “reducción significativa” en el encuentro de migrantes en la frontera suroeste de la nación, de acuerdo con el jefe interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Troy Miller.
Fuente: semana
