Agentes del Departamento de Seguridad han protagonizado persecuciones a alta velocidad contra vehículos en los que viajaban migrantes; al menos 49 terminaron en accidentes que dejaron 74 muertes y 189 heridos, denunció Human Rights Watch.
En el marco de la llamada “Operación Lone Star”, impulsada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, los agentes del Departamento de Seguridad (DPS, por sus siglas en inglés) de ese estado se han lanzado en persecuciones vehiculares a alta velocidad contra carros en los que viajaban migrantes, donde 49 de ellas terminaron en accidentes que han dejado 74 muertes y 189 heridos, denunció hoy Human Rights Watch (HRW).
Con la Operación Lone Star (estrella solitaria), el gobierno de Abbott planteó el despliegue 10 mil soldados de la Guardia Nacional y mil agentes del DPS en condados fronterizos, y les otorgó facultades extraordinarias para detener el “tráfico de personas y drogas en Texas”.
En un informe publicado hoy, la organización señaló que, desde la entrada en vigor del operativo, en marzo de 2021, las persecuciones por motivo de capturar migrantes han causado tres muertes y siete heridos por mes, en promedio, una tasa de daños “significativamente más elevada” que la reportada antes de la puesta en marcha de este operativo antimigrantes. En mayo pasado, el Congreso local aprobó una bolsa de 5 mil millones de dólares para continuar el operativo Lone Star.
De acuerdo con la organización, siete de cada 10 persecuciones vehiculares ocurridas en Texas en los últimos dos años y medio han tenido lugar en uno de los 60 condados donde se lleva a cabo la operación Lone Star, lo que llevó HRW a deducir que el operativo disparó el número de persecuciones de alta velocidad y generalizó las intervenciones policiales basadas en motivos raciales.
Éste ha sido apenas una de las consecuencias del operativo: HRW recordó que, en el marco de este operativo, agentes de Texas realizan operativos contra migrantes, utilizando trucos legales para detener a personas indocumentadas, aunque esta facultad sea reservada al gobierno federal, a quienes procesan en un “sistema de justicia separado”.
El gobierno de Texas a veces llama a jueces en retiro para decidir sobre las condenas de los migrantes o de personas que los ayudan, y a menudo las resoluciones son violatorias de derechos humanos, pues separan familias, pisotean el derecho al asilo, y obligan a las personas a “languidecer en condiciones carcelarias deplorables”.
“También crea un entorno caótico y militarizado, en el que las agencias policiales se hicieron muy visibles en los condados de Texas, con camionetas y personal uniformado armado en las orillas de las carreteras, las ciudades y los pueblos”, esto alarmó HRW y recordó que, a la par de estos operativos, el gobierno de Abbott sigue construyendo un muro fronterizo, expulsa a migrantes hacia otras ciudades de Estados Unidos e instaló boyas con alambres en el Río Bravo, que ponen en riesgo la vida de quienes tratan de cruzarlo.
Fuente: proceso
