Por. Doris Hernandez
Nuevamente México ha sido nota roja de la prensa internacional, a raíz de la muerte de 40 extranjeros en el Centro Temporal de Migrantes de Cd. Juárez, el que por las características de su manejo, era realmente una cárcel.
En este suceso ocurrido a fines de marzo pasado murieron por asfixia o quemaduras personas en su mayoría procedentes de Nicaragua, El Salvador y Venezuela, bajo la mirada impasible de los custodios que se negaron a abrir las rejas para escapar de la muerte.
Para estos subhumanos fue más importante cumplir con un reglamento propio de una cárcel de alta seguridad, que salvar a las personas, lo cual habla de la impreparación para actuar con protocolos según circunstancias.
No obstante que la empresa Grupo de Seguridad Privada Camsa había obtenido una concesión directa por mínimo de 76 mdp, relación contractual bastante sospechosa por ser firmante el cónsul de Nicaragua.
Para algunos analistas del tema migratorio se trató de un crimen de Estado o de lesa humanidad, de acuerdo con el Estatuto de Roma que lo define como “cualquiera de las atrocidades y delitos de carácter inhumano que formen parte de un ataque generalizado… Cometido para aplicar las políticas de un Estado o de una organización, para causar sufrimiento”.
Aunque ni en el Código Penal ni en el sistema de procuración de justicia mexicano están tipificados como tales estos crímenes, atendiendo al artículo 1 de nuestra Constitución en su segundo párrafo, se estipula que “aquella materia de interés para los derechos humanos se rige principalmente con los tratados internacionales que México ha firmado y que también por constitucionalidad se encuentran al mismo nivel que la Constitución y de las leyes que de ella emanen”.
Para especialistas en el fenómeno, como el doctor Tonatiuh Guillén, las personas que buscan traspasar la frontera de México con los Estados Unidos o de otras naciones no son migrantes sino refugiados, porque se encuentran fuera de su país por temor a la persecución, al conflicto, a la violencia generalizada que ha perturbado gravemente el orden público y, en consecuencia, requieren protección.
En este caso, el sociólogo afirma que las personas que han huido de sus países deben ser atendidas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), y no por el Instituto Nacional de Migración.
Fuente: milenio.
