En esta foto de archivo de diciembre de 2022, un grupo de migrantes venezolanos espera frente a la oficina de inmigración en Puerto España para obtener información sobre si se extenderán sus permisos de trabajo. – Foto de archivo/AYANNA KINSALE
“Es más que absurdo que a miles de venezolanos se les haya pedido vivir en el limbo durante tres meses sin permisos de trabajo en Trinidad y Tobago”, así reseñó en un Editorial el diario Newsday.
A mediados de enero, el ministro de Seguridad Nacional, Fitzgerald Hinds, anunció que los permisos se extenderían nuevamente, pero ahora los migrantes están perdiendo sus trabajos porque la documentación formal que los autoriza a trabajar aquí venció legalmente el 1 de enero.
Ha sido un sello distintivo del enfoque del gobierno para gestionar la afluencia de migrantes venezolanos involucrarse en demoras burocráticas en asuntos críticos, adoptando una postura pasivo-agresiva sobre el tema de la presencia de migrantes en el país.
Trinidad y Tobago es signatario de los acuerdos de la ONU sobre migración y aprobó una política de refugiados, la Política Nacional para Abordar Asuntos de Refugiados y Asilo en 2014.
Frente a la realidad de decenas de miles de refugiados desesperados que ingresan al país desde Venezuela, el estado ha asumido en gran medida la posición de que cumplirá con sus obligaciones sin ningún entusiasmo evidente por la urgencia.
Este país se encuentra ahora en su quinto año de acoger a migrantes venezolanos y el proceso sigue siendo tan ad hoc y desorganizado como lo fue cuando los primeros barcos llenos de refugiados desembarcaron en la costa suroeste de las islas, desesperados por una segunda oportunidad de construir un hogar.
Fuente: lapatilla
