A través de un informe, Amnistía Internacional destapó la falta de garantías que los gobiernos de Colombia, Ecuador, Perú y Chile tienen con los migrantes venezolanos.
Fernanda Muñoz
Los cuatro países de América Latina que más refugiados venezolanos albergan no cuentan con la protección necesaria para ellos.
De acuerdo con el informe “Regularizar y proteger: Obligaciones internacionales de protección de personas venezolanas”, publicado este mes por Amnistía Internacional, son Colombia, Ecuador, Perú y Chile donde se hallaron las faltas.
📣 Nuestra nueva #investigación revela varias preocupaciones relacionadas a millones de personas venezolanas que huyeron de #Venezuela por:
👉 una emergencia humanitaria compleja
👉 violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos civiles y políticos
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— Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) September 21, 2023
Según el documento, las autoridades de estos cuatro países no han priorizado el uso de la figura de asilo, pues han sido muy pocos los solicitantes que han sido reconocidos como refugiados.
Por otro lado, aunque se reconoce que las naciones señaladas ofrecen programas de protección complementaria y temporal como una respuesta a las necesidades de los solicitantes de asilo, la investigación refleja que muchos no son suficientemente accesibles.
“Imponen criterios imposibles de cumplir para las personas venezolanas con necesidad de protección, tales como costos, documentos, o limitaciones de fecha o forma de entrada. Además, en ocasiones no garantizan el acceso a todos los derechos humanos”, se lee en el informe.
Colombia: el país de AL con más venezolanos
En el caso de Colombia, que alberga el mayor número de personas venezolanas en el mundo con 2 millones 477 mil 588, se encontró que aunque con el Permiso de Protección Temporal (PPT) se le autoriza a los solicitantes de asilo permanecer en territorio nacional en condiciones de regularidad migratoria especial y a ejercer cualquier actividad u ocupación legal en el país, no incorpora una perspectiva de género ni tampoco atiende las necesidades de los sobrevivientes de violencia basada en el género.
El PPT es parte del Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV), un programa que entró en vigor en 2021 y que, según Amnistía Internacional, no establece ningún mecanismo concreto de garantía contra la devolución.
Además, a pesar de que el ETPV brinda servicios de salud públicos, de población vulnerable, sistema pensional de jubilación, educación y da permiso para trabajar y para abrir una cuenta bancaria, hay obstáculos para acceder a él, como demostrar que su ingreso había sido antes del 31 de enero de 2021.
Asimismo, las personas entrevistadas mencionaron como obstáculo la falta de alfabetización digital, acceso a una computadora y a una dirección de correo electrónico en el cual recibir las notificaciones del programa.
Por otro lado, se destaca que hasta agosto pasado no existía ningún tipo de protección complementaria o temporal para personas venezolanas que no poseen un pasaporte sellado o no pudieron probar su ingreso antes del 31 de enero de 2021.
“La organización teme que los obstáculos para acceder a la protección internacional, temporal o complementaria puedan impactar negativamente a los derechos de las mujeres sobrevivientes de violencia basada en el género, dejándolas en una situación de mayor vulnerabilidad”, se concreta.
📢Colombia, Ecuador, Perú y Chile “incumplen sus obligaciones internacionales” para proteger a las personas que huyen de Venezuela, denunció este jueves Amnistía Internacional en un informe. Estos países albergan casi 70% de los migrantes venezolanos en el mundo. pic.twitter.com/ILI1GTDGG3
— Servicio de Información Pública (@infopublicave) September 21, 2023
Perú, Ecuador y Chile también carecen en sus programas migratorios
Respecto a Perú, el segundo país de América Latina donde hay más venezolanos (aproximadamente 1 millón 518 mil 102), se detalló que desde 2016 el gobierno solo ha reconocido a 4 mil 667 oriundos de Venezuela como refugiados.
Aunque en Perú los venezolanos pueden acceder a programas como la Calidad Migratoria Humanitaria (CMH), esta no protege a los solicitantes de asilo de ser devueltos a su país.
Además, a pesar de que se reconoce que la Calidad Especial Residente (CMER) es una de las pocas medidas diseñadas para brindar protección a las mujeres sobrevivientes de violencia basada en el género, tiene un alcance muy limitado: se debe renovar cada año y solicita pruebas de violencia.
“Amnistía Internacional ha documentado cómo la falta de documentación migratoria dificulta el acceso a las mujeres venezolanas sobrevivientes de violencia de género a los servicios de protección, atención y justicia, debido, entre otras razones, al miedo de expulsión o sanción que conlleva cualquier acercamiento con las autoridades”.
#Migratorio #Laboral #Venezuela
Crisis migratoria: Luego de Colombia, Perú es el principal país receptor de migrantes venezolanos en situaciones de pobreza.
¿Cómo hacerle frente a tamaña responsabilidad?
Empezando por identificar y condenar la dictadura venezolana🇻🇪 pic.twitter.com/UZOmB0lq5A
— Cynthia (@CynthiaReyesC) September 20, 2023
En Ecuador, donde habitan 502 mil 214 migrantes venezolanos, la organización ve con preocupación que hasta finales de 2022 solo se habían reconocido como refugiados a mil 499.
Las autoridades ecuatorianas ofrecen el programa Estoy Aquí, que permite a las personas solicitar la VIRTE, que otorga el acceso al derecho al trabajo, a la salud, a la educación, y a los avances sociales. Sin embargo, presenta barreras de acceso relativas al costo, la fecha y forma de entrada al país: solamente pueden acceder a la visa quienes hayan ingresado por pasos fronterizos habilitados antes del 1 de junio de 2022, dejando afuera a miles de solicitantes de asilo.
Finalmente, en Chile, aunque el país cuenta con legislación sobre refugiados, el año pasado solo cuatro personas de Venezuela fueron reconocidas como refugiadas de las 444 mil 423 que hay a nivel nacional.
“La organización reitera su preocupación por la grave desprotección en la que se encuentran las personas venezolanas en Chile al no hacer efectivo su derecho de solicitar asilo y sin acceder a los derechos que les son reconocidos al encontrarse en situación migratoria irregular”, compartió la organización.
De igual manera, detalla que la falta de voluntad política de las autoridades chilenas para atender a estas personas con necesidad de protección internacional no solo incumple obligaciones internacionales suscritas por Chile, sino que agrava la desprotección de la población venezolana y les priva de acceder a derechos básicos.
Fuente: reporteindigo
