En septiembre de 2016, estaban en Colombia 56 mil personas venezolanas y seis años después, hay 2,47 millones, un incremento que dibuja el desafío que enfrentó el país al recibirlos, atenderlos y generar para ellos una nueva oportunidad de vida.

“Colombia desarrolló unas capacidades de comprensión migratoria y de atención del fenómeno que cumplen los objetivos de desarrollo sostenible, que van en la línea de una migración organizada pero que, sobre todo, tiene un claro enfoque en derechos humanos”, asegura Juan Francisco Espinosa, director de la entidad.

El 92% de ellos, es decir 2,18 millones, ya se regularizó para aprovechar los beneficios del Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV), que les garantiza legalidad y acceso a servicios por 10 años. Tan sólo 295 mil faltan por resolver su situación migratoria. Tenerlos caracterizados, uno por uno, implica ventajas estratégicas para Colombia.

“Nos permite formalizar una política pública más ambiciosa y precisa, pero también que el sector privado absorba la mano de obra y genere una demanda dirigida a ella; permite saber qué necesitamos para atenderlos en salud y qué tipo de personas tenemos para enriquecernos como nación”, explica Espinosa.

Si hay algo que ilusiona es saber que se convertirán en una fuerza de progreso, pues el 67 % aseguró que está dispuesto a establecerse en el país, y cerca del 62% tiene entre 18 y 55 años, es decir, están listos para ingresar a la cadena productiva.

“Esto permitirá que Colombia crezca económicamente de manera espectacular; recibimos un bono demográfico representado en personas que vienen en edad laboral, que vienen a prestar sus servicios, a trabajar, y que, sobre todo, vienen con el ímpetu, con las ganas de salir adelante”, vaticina Espinosa.

Además, un 30%, es decir cerca de 683 mil, son niños, niñas y adolescentes, menores de 18 años, que, desde la perspectiva oficial, se convertirán en los artífices del progreso de Colombia en la próxima generación y, por eso, es clave desde ya invertir en su educación.

“Hemos hecho una cobertura gigante en el sistema de escolaridad, pero todavía tenemos muchos niños que no están en el sistema educativo; recordemos que muchos de ellos la única comida que reciben es la del Plan de Alimentación Escolar”, resalta el funcionario.

Gerardo Boscán y Carlos Muñoz crearon Alimentos Mi Favorita, para vender arepas de chócolo. – Foto: Gerardo Boscán

Hace pocos días el Gobierno aprobó el documento CONPES que garantiza los recursos para integrar a los 2,47 millones de personas venezolanas, con una inversión de 14 billones de pesos distribuidos a lo largo de 10 años. 12 billones serán destinados a garantizar su atención en salud, una cifra que en principio parece alta, pero que, según el Gobierno, es una inversión inteligente porque cada persona venezolana regularizada, sana y empleada pagará sus aportes al sistema de salud.

“Si estuviesen por fuera nos sería mucho más costoso porque no podemos negarles la atención en salud, pero ahorita lo vamos a hacer con dignidad, con procesos”, sostiene Lucas Gómez, gerente de fronteras. De hecho, las mismas personas venezolanas terminarán ayudando a consolidar el equilibrio financiero del sistema de salud.

“En la medida en que puedan avanzar a la formalidad daremos un salto del régimen subsidiado al contributivo; vamos a tener pago de impuestos, vamos a tener pago de parafiscalidad y eso lo que va a generar es una mejora sustancial en las finanzas públicas”, explica el director de Migración Colombia. El resto del dinero aprobado en el documento CONPES se invertirá en acceso a educación, empleabilidad, emprendimiento, y atención diferencial a población focalizada, entre otras necesidades de las personas venezolanas.

“Hay unas grandes apuestas que podemos pensar que generan un costo, dos billones de pesos adicionales aproximadamente en un periodo de 10 años, pero lo importante es que el impacto que tiene la integración de esa población al hacerla visible es extremadamente generoso para el país”, enfatiza el gerente de Fronteras.

La Fundación Citi y la OIM respaldan emprendimientos a través del programa Apoyo a la Integración Productiva de Migrantes Venezolanos. – Foto: OIM

El anuncio del Gobierno entrante, en el sentido de poner fin a siete años de limbo socioeconómico en la zona limítrofe entre Norte de Santander y el estado Táchira, plantea la oportunidad de evaluar el impacto de la integración de las personas venezolanas con las comunidades de acogida.

“Este capítulo del que estamos hablando debe tener en cuenta a nuestros hermanos venezolanos, pero además a las comunidades receptoras, donde conjuntamente van a tener un proceso de desarrollo. Este es un mensaje muy importante porque nos va a tomar tiempo y hay que seguir trabajando”, reitera el director de Migración Colombia.

Tener certeza de cuántos trabajadores migrantes hay y en qué podrían desempeñarse es un insumo valioso para los gremios de la producción y comerciantes, que se alistan desde hace varios meses para la reactivación del corredor fronterizo binacional.

“En cabeza de la Gobernación de Norte de Santander y la Cámara de Comercio se desarrollaron más de 19 mesas de alistamiento para esta apertura. Hay mucha claridad de cómo poder avanzar en este proceso” , confirma Víctor Bautista, secretario de Fronteras, Asuntos Migratorios y Cooperación de ese departamento.

Saber a ciencia cierta cuántas personas venezolanas contribuirán al desarrollo del país en el mediano plazo, significa una oportunidad inmejorable de construir un nuevo tejido social, apalancada en la empatía de los colombianos y la resiliencia de los migrantes.

Fuente: semana