¿Por qué el Estado ha dejado prevalecer durante 30 años el esquema de privación de la libertad de personas buscando mejores condiciones de vida, sabiendo que no han cometido ningún delito y que la Constitución mexicana no permite la privación de la libertad bajo estas circunstancias?
Están las preguntas obvias como ¿por qué el Instituto Nacional de Migración y la Policía Municipal llevaron a cabo una redada conjunta ese día, donde migrantes fueron cazados, tirados al piso, y les dieron choques eléctricos en el camino a la estancia migratoria, deteniendo a personas sin fundamento, muchas con documentación migratoria? ¿Por qué metieron a 67 personas en un espacio con cupo máximo de 60 y luego los dejaron sin suficiente agua? ¿Qué autoridad vendió un encendedor y quién sabe qué otras cosas a migrantes frustrados, sin comunicación, con miedo, privados de su libertad? ¿Por qué las autoridades se quedaron viendo cuando inició el incendio y por qué los dejaron encerrados para morirse?
También hay preguntas de fondo como ¿por qué el Estado ha dejado prevalecer durante 30 años el esquema de privación de la libertad de personas buscando mejores condiciones de vida, sabiendo que no han cometido ningún delito y que la Constitución mexicana no permite la privación de la libertad bajo estas circunstancias? Apenas este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia afirmando que las personas pueden estar un máximo de 36 horas detenidas en estas cárceles migratorias y tienen derecho a una defensoría pública – casi 30 años después de la creación del Instituto Nacional de Migración (INM). ¿Cómo puede seguir la privación de la libertad de personas migrantes en estaciones migratorias sabiendo que el INM ha recibido más de 80 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), desde 2011, relacionadas con las pésimas condiciones, falta de procedimientos, de comunicación, de acceso a salud, corrupción, abuso sexual, tortura y muerte que ocurren día con día, incluyendo muertes por incendios, exactamente como lo que ocurrió en Ciudad Juárez? Más de 400 mil personas pasaron por estos espacios infernales en 2022 y el gobierno guarda silencio.
En los días y meses después del incendio, el INM ha mostrado un nivel de cinismo y revictimización que duele presenciar. El Comisionado del INM, Francisco Garduño -quien está vinculado al proceso penal por incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas en instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes- se dio a la tarea de visitar a los jóvenes sobrevivientes quemados, intubados y con daño neurológico en los hospitales. ¿Si está siendo procesado penalmente porque no se separa de su cargo mientras está pendiente la investigación? ¿Cómo puede existir una investigación transparente y justa cuando la persona a cargo de la institución investigada sigue al frente durante la investigación? El INM también se está encargando de la atención a los sobrevivientes, de pagar su estancia, traer o no a sus familiares, llevarlos a sus citas médicas –en las mismas camionetas institucionales que los llevaron a la estancia migratoria en Ciudad Juárez hace 3 meses. Les dicen a las víctimas que el INM les está “dando todo” porque se sienten culpables, ¿si se sienten culpables, no deberían estar declarando ante la Fiscalía General de la República en vez de sacando citas médicas y pagando hoteles?
México tiene un marco legal y un sistema de atención a víctimas a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), quien tiene que estar a cargo de todos los apoyos y la reparación del daño que necesitan los 27 sobrevivientes y las familias de los 40 fallecidos. El problema, según nos cuentan, es que la CEAV no tiene fondos y el INM cuenta con mucho más personal, infraestructura y presupuesto, pero no puede ser ese un pretexto para que la CEAV delegue sus facultades al INM. La solución puede ser más sencilla, que Migración otorgue fondos a la Comisión para que pueda realizar su trabajo, para que ponga a personas con capacidad y vocación y llevar a cabo su trabajo, su razón de ser, y que las personas encargadas de atender y resarcir los daños de las tragedias provocados por el Estado vean la realidad.
Falta mucho por hacer. Cada persona afectada tiene una familia, son muchas niñas y niños que se quedaron sin padre o cuyo padre sufrió un daño neurológico tan fuerte que no los va a poder cuidar. La CEAV tendría que estar en contacto con todas estas familias para evaluar el impacto del daño y elaborar la reparación. También necesita tener los expedientes y pronósticos médicos de cada sobreviviente para entender qué necesidades de atención médica van a requerir durante su vida, y el impacto del daño en sus familias. Debe estar colaborando con los Consulados y Ministerios de Relaciones Exteriores de los 6 países que tienen víctimas para coordinar el apoyo que necesitan para sobrevivir al homicidio de su hijo, padre o esposo.
Los sobrevivientes más afectados apenas se están dando cuenta de lo que les pasó. Sus familiares llevan casi tres meses en México acompañándolos a citas médicas, cambiando vendas, administrando medicamento, tratando de entender que va a pasar. Mientras, sus hijas e hijos se quedaron atrás en Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela, sin apoyo de sus madres, abuelas y abuelos que están tratando de sortear la emergencia en México. “Yo estoy aquí comiendo tres veces al día, pero mis hijos no tienen leche y mi esposo no se acuerda mucho de ellos porque el humo dañó su cerebro”.
No duermo tranquila porque sé que esta tragedia fue predecible y prevenible. Predecible, porque no es la primera vez –en 2020, pasó lo mismo en una estación migratoria en Tenosique, Tabasco, con la diferencia de menos muertes y heridos. Y prevenible, porque las organizaciones, la CNDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas tienen más de 20 años alertando sobre los peligros de privar de la libertad a personas en instalaciones precarias, bajo la carga de personal instruido para contener, a toda costa, a las y los migrantes. Si el Estado mexicano los dejó morir, tiene que responder y asegurar que jamás vuelva a ocurrir una tragedia parecida. Las estaciones migratorias deben eliminarse para siempre.
Fundadora y directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI). Desde 1998 trabaja en temas migratorios en México con organizaciones de la sociedad civil, academia, gobierno y fundaciones internacionales. Autora de diversas publicaciones sobre la participación de las mujeres en la migración en México, Estados Unidos y Centroamérica, desde un enfoque de género. Abogada por parte de la Universidad de Seattle y estudios en Políticas de Migración por la UNAM.
Fuente: la-lista
