Sobrevivientes del incendio en la estación migratoria exigen al gobierno mexicano informes sobre las investigaciones de la tragedia migrante y reparación del daño
POR LA REDACCIÓN DE LA VERDAD
Víctimas del incendio en la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez y sus familiares que permanecen en México denunciaron que algunas autoridades los presionan para que regresen a sus países.
Sin embargo, advierten que regresar a sus países es una condena, “no solo porque no tendremos apoyo, sino porque nuestro caso será uno más en la lista de violencias del Estado mexicano hacía las personas en movilidad que queda en la impunidad”.
A través de un pronunciamiento conjunto emitido por ocho sobrevivientes y difundido por organizaciones como el Instituto para las Mujeres en la Migración, Fundación para la Justicia, Derechos Humanos en Acción (DHIA) y Asylum Access México, exigen justicia e informes de manera periódica sobre las acciones que está realizando el gobierno de México para garantizar verdad, justicia y reparación del daño, por lo sucedido el 27 de marzo pasado.
“Somos personas que buscábamos darles mejores oportunidades a nuestras hijas, hijos y familias. Lo mínimo que queremos es justicia”, mencionaron en el documento emitido tras reunirse en la Ciudad de México con senadoras y senadores del Grupo de Trabajo Plural de Seguimiento a los hechos ocurridos el lunes 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria Lerdo-Stanton, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua.
A días de cumplirse cuatro meses del incendio aseguran que tienen pocas respuestas de lo ocurrido y sobre el seguimiento de sus casos, debido a que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no les ha dado información clara.
“Necesitamos nuestros expedientes médicos, saber cuánto tiempo vamos a seguir bajo cuidado médico, qué va a pasar con nosotros”, afirman tras reunirse con senadores y senadoras el pasado 10 de julio.
Ante la situación, demandan al gobierno mexicano:
- Información periódica sobre las acciones que están realizando las autoridades para garantizar verdad, justicia y reparación del daño.
- Atención a nuestras necesidades económicas y de salud física y mental en México y nuestros países de origen.
- Inscripción de todas las víctimas y nuestras familias al Registro Nacional de Víctimas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
- Facilitación por parte de la CEAV, de valoraciones psicosociales independientes de todas las víctimas.
- Nos regresen nuestras pertenencias que ahora tiene la Fiscalía General de la República.
- Que no existan represalias contra nosotros y nuestras familias en México y en nuestros países de origen.
- Reunificación familiar. Traer a nuestras hijas e hijos, quienes se quedaron en nuestros países de origen.
- Atención médica a nuestras familias que están cuidándonos mientras estamos aquí y en proceso de recuperación.
“No somos criminales ni estamos aprovechándonos de este país, como nos lo ha dicho la CEAV y Migración”, indican en el posicionamiento donde demandan justicia y una reparación integral del daño.
Cuentan que hace más de 100 días sus vidas cambiaron para siempre.
“Nosotros llegamos a México no para quedarnos, sino para avanzar hacia nuestra meta: encontrar protección y mejores oportunidades para nuestras hijas, hijos y familias. Nadie nos dijo que el precio sería el encierro, la pérdida de la salud y la vida”.
“El 27 de marzo de 2023, poco antes de las 11 de la noche, un incendio nos consumió, quitó la vida de 40 compañeros y a 27 nos dejó con secuelas de por vida en nuestra salud física y mental, a algunos nos amputaron parte de nuestro cuerpo. Las autoridades migratorias no nos escucharon ni protegieron, nos dejaron encerrados a merced del fuego mientras gritábamos y pedíamos ayuda. Mientras estábamos inconscientes en el hospital, muchas de nuestras familias se enteraron del incendio por las noticias en la televisión, en México nos culpaban de lo sucedido”, afirman.
“Algunos fuimos detenidos en redadas de policías locales y agentes migratorios, horas antes del incendio, otros fuimos detenidos cuando bajamos de un autobús o del avión. A nadie se nos dijo el motivo de la detención, a dónde nos llevarían, cuáles eran nuestros derechos, y qué pasaría con nosotros. Solo nos esposaron, subieron a camionetas y nos llevaron a una cárcel migratoria”.
Los sobrevivientes mencionan que actualmente siguen con atención médica, algunos con secuelas neurológicas, con movilidad limitada, con quemaduras externas e internas de nuestros órganos, uno de nosotros perdió un brazo.
“La vida no será la misma y son nuestras familias las que asumirán ese costo”, señalan.
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