Algunos de esos refugiados todavía resisten ocultándose de las autoridades que los persiguen como a criminales mientras la gran mayoría, dando todo por perdido, ha aceptado volver a Afganistán. (Ver: Pakistán, temporada de caza… al afgano).
Muchos de los señalados por la nueva ley de residencia llevan décadas radicados en Pakistán, para los que obviamente significa un cambio descomunal en sus vidas que los obliga no sólo a abandonar trabajos, relaciones e incluso familias, sino además a incorporarse a una sociedad fuertemente convulsionada por estar sometida a un estado de guerra permanente, una guerra con diferentes protagonistas y características pero que desde el derrocamiento del rey Mohammed Zahir Shah, en julio de 1973, prácticamente no se ha detenido.
Esta misma inestabilidad es la que ha impedido cualquier tipo de desarrollo, obligando a la enorme mayoría de los 37 millones de afganos a vivir sumergidos en la miseria y sin posibilidades de escapar de ella, lo que explica la gran diáspora que no sólo se dirigió a Pakistán, sino también a Irán donde hoy se encuentran refugiados unos tres millones, una diáspora que también se expandió, en diferentes momentos, a varios países de la región y de Europa.
Las autoridades de Islamabad calculan entre dos y cuatro millones los indocumentados, aunque fehacientemente se han detectado 1.700.000 que tendrán que incorporarse a la vida de su país, gobernado desde agosto del 2021 por el régimen talibán.
La dificultad de establecer un número preciso de migrantes ilegales está dada por la amplia y porosa frontera de casi 3.000 kilómetros entre los dos países, conocida desde la época colonial como Línea Durand, trazada sobre el escabroso macizo del Hindu Kush (Asesino de hindúes) por el funcionario colonial británico Mortimer Durand.
En estos dos años largos desde que los mullahs, consiguieron derrotar a los Estados Unidos y hacerse con el control del país, no han conseguido hacer pie en el manejo del Estado, lo que ha generado fuertes controversias internas entre los sectores más ultramontanos con el grupo más moderado, que considera que para sobrevivir se deberán aminorar las extremas exigencias de la sharia o ley islámica que obliga a la población civil a vivir en un sistema casi medieval.
Además Kabul sobrelleva una guerra de baja intensidad con el Dáesh Khorasan, que con frecuencia sorprende con atentados que ya han provocan más de un millar de muertos y al tiempo responder a las constantes protestas de Islamabad, que acusa a los mullahs de dar sostén al grupo integrista Tehrik-e-Talibán Pakistán oTTP (Movimiento de los Talibanes Pakistaníes), que en estos últimos años se ha convertido en el mayor foco de violencia, superando incluso las constantes tensiones con India por la cuestión de Cachemira.
Es por esta razón que el Gobierno del primer ministro interino pakistaní Anwaar-ul-Haq Kakar, en varias oportunidades ha reprochado la supuesta connivencia entre los talibanes afganosy el TTP, acusación que ha sido una de las principales razones de las deportaciones.
Respecto a la persecución de los indocumentados o mahajares (un término despectivo en pashto para referirse a los refugiados), las razzias han ido en aumento desde el primero de noviembre, fecha de vencimiento del plazo otorgado para las salidas voluntarias.
Para los afganos que llegaron en la última gran oleada producida inmediatamente después de la caída de Kabul, oficialmente unos 600.000 aunque se estima que son muchos más, la vuelta a su país puede significar una condena a muerte, ya que los muyahidines del mullah Hibatullah Akhundzada esperan con particular interés a los miles de conciudadanos que sirvieron, en diferentes rubros, como traductores, policías, militares, docentes o empleados administrativos a los norteamericanos a lo largo de los 20 años de invasión.
Las mujeres que han estudio y logrado incorporarse a una sociedad mucho más abierta, como es la pakistaní en comparación con la afgana, se enfrentarán a una sociedad sin ninguna oportunidad de realización para ellas, donde no sólo no podrán ejercer sus profesiones o seguir sus estudios, sino que además tendrán que vivir sometidas a los rigurosos códigos islámicos que las condenan prácticamente a una vida de clausura.
Los indocumentados que resisten a la expulsión viven hacinados en refugios donde deben mantenerse en absoluto silencio, restringir al máximo el uso de sus celulares y cambiar su ubicación de manera constante, ya que las razzias son cada vez más exhaustivas. También se han conocido casos de deportaciones de personas con toda su documentación en regla, incluso existen casos de personas deportadas nacidas en Pakistán que jamás han estado en Afganistán, hijos de inmigrantes que nunca pudieron regularizar su situación. El idioma será otro gran inconveniente para los mahajares, que en su mayoría hablan urdu, la lengua más usada Pakistán y que en Afganistán sólo es utilizada por el siete por ciento de la población, donde las lenguas más expandidas son el pashto y dari.
Aunque quizás el principal de los inconvenientes para el Gobierno afganos será brindar a los deportados medios de vida, alojamiento, asistencia sanitaria y protección, cuando todavía no han podido atender a las víctimas de los terremotos de octubre pasado, que mataron más de un millar de personas y arrasaron pueblos enteros en el oeste del país.
Mientrastanto, en los principales cruces fronterizos entre Pakistán y Afganistán, como los de Torkham en la provincia de Nangarhar y el de Spin Boldak en la provincia de Kandahar, se siguen agolpando cientos de miles de deportados, alcanzando a cruzar unos 10.000 al día, cuando antes de la puesta en marcha de la ley eran unos 300. Hasta el primero de mes, fecha límite para la expatriación voluntaria, solo habían optado por ella unas 300.000 personas. Varios centenares de miles ya lo han debido hacer de manera compulsiva tras ser capturados por las autoridades de Islamabad.
Según algunos relatos de los repatriados se contradicen lo que se esperaba, los guardas fronterizos afganos han tenido muy buen trato con los recién llegados, más allá de las enormes incomodidades por la falta de recursos e infraestructura para la atención de tantas personas, a lo que se suman las fuertes lluvias que están dificultando todavía más la operación.
Muyahidines afganos reparten comida y abrigo y entregan las clásicas guirnaldas de bienvenida a los repatriados, junto a una asignación de 140 dólares, mientras les expiden tazkiras, (documentos de identidad), al tiempo que largas filas de camiones se preparaban para el transporte de los recién retornados hasta los campamentos levantados para la ocasión. Ya unas 30.000 personas han podido retornar a sus lugares de origen en el interior afgano. En tanto crece el rumor que se podrían entregar tierras estatales a los más pobres.
Expulsión y malos tratos al mahajar
Pakistán se dirige a toda velocidad a clausurar definitivamente la cuestión afgana, acelerando las deportaciones y persiguiendo como a verdaderos criminales a quienes todavía no han aceptado las nuevas normas.
Existen denuncias de castigos físicos durante las detenciones, robo de documentos, efectivo, joyas e incluso existen denuncias de violaciones de mujeres. En cuanto los indocumentados son sacados de sus casas, por lo general muy precarias, éstas son demolidas, en algunos casos con pertenecias de sus habitantes en el interior.
Los traslados a la frontera son extremadamente rigurosos, incluso se usan contenedores. Uno de ellos volcó en la provincia de Punjab, lo que provocó dos muertos y más de una docena de heridos.
La actual crisis migratoria tensará mucho más la ya compleja relación entre Kabul e Islamabad, el poderoso e influyente ministro de defensa, Muhammad Yaqoob Mujahid, nada menos que el hijo mayor del idolatrado mullah Omar, fundador del Talibán, muerto por una enfermedad en 2013, advirtió de que “Pakistán cosechará lo que siembra”.
Un tema pendiente de discusión son los bienes de muchos deportados que a lo largo de sus años en Pakistán habían conseguido progresar económicamente abriendo comercios y comprando propiedades, ya que Islamabad aplicó restricciones sobre los bienes que los deportados pueden llevarse, la norma indica que todo efectivo que exceda l50.000 rupias, unos 175 dólares, deberá ser requisado por las autoridades pakistaníes, que pretenden arrebatarles todo a los despreciados mahajares.
Fuente: rebelion.org
