Aunque las leyes colombianas garantizan el acceso a la educación a los niños y adolescentes venezolanos, el desconocimiento de las normas por parte de algunas instituciones educativas hace que el proceso de matrícula sea un verdadero dolor de cabeza para las familias migrantes.
Para los niños y niñas en Colombia no hay un momento más esperado que las vacaciones de fin de año. No hay tareas ni evaluaciones, tampoco hay que madrugar ni trasnochar haciendo trabajos. Por dos meses pueden levantarse tarde sin vergüenza, jugar con sus amigos hasta el anochecer y no pensar en regresar al colegio.
Pero para Laura, una joven venezolana, este no es el caso. Cuenta los días para regresar a clases, pues lleva casi dos años sin ir al colegio. Abandonó sus estudios en marzo de 2020, cuando su papá la convenció de emprender un viaje y venir a Colombia por cuenta de las dificultades que atravesaban en su casa durante la pandemia.
Antes de llegar a Colombia, Laura estaba empezando su tercer año de media, equivalente en Colombia al octavo grado de bachillerato. Le gustaban la biología y las matemáticas, pero sobre todo salir a jugar con sus amigos en los descansos. Y aunque ya había empezado clases, la pandemia del covid-19 frenó todo en seco. Enviaron a los niños a cuarentenas y con ellos comenzaron los problemas para reiniciar sus clases.
Sin internet ni un teléfono inteligente, recursos necesarios para que Laura pudiera seguir con sus estudios, su papá decidió que ya era el momento de partir de Venezuela, idea que llevaba pensando hace unos años. “Si nos quedábamos, mi niña no iba a estar bien preparada. Los niños, más que todo, aprenden en el colegio”, expresó Jorge, padre de Laura.
Una vez en Bogotá, pasados unos meses, Jorge empezó a buscar información sobre cómo podría matricular a Laura en un colegio. Él sabía que en Colombia los niños venezolanos tienen garantizada la educación y tocó puertas en varios colegios. Y aunque le habían dicho en un momento que el trámite sería sencillo, Jorge da fe de que no fue así.
“A veces uno llegaba a los colegios y le pedían a uno que la niña estuviera afiliada a la Empresa Prestadora de Salud (EPS), los documentos apostillados o el pasaporte, cosas con las que uno no cuenta por la forma en la que uno salió”, recuerda Jorge con molestia. “Pasamos por como tres o cuatro colegios hasta que encontramos a alguien que nos quiso ayudar. Una vez pudimos hacer el trámite fue más bien sencillo”, asegura.
De los 1,8 millones de venezolanos que están en el país, más de la mitad se encuentran en situación irregular de acuerdo con Migración Colombia. Laura y Jorge, por ejemplo, hacen parte de este grupo, pero esto, de acuerdo con las leyes, no es impedimento para acceder a la educación. Sin embargo, a pesar de lo que dice la ley, hay familias migrantes, como la de ellos, que han denunciado casos de discriminación institucional por el simple hecho de ser venezolanos.
Constanza Alarcón, viceministra de Educación, asegura que ningún estudiante, ya sea colombiano o venezolano, puede tener barreras de acceso a la educación. Específicamente a los migrantes, dice, desde el Gobierno se ha trabajado para que no haya barreras para acceder al cupo.
“Cuando el niño o niña no cuenta con documentos, la institución educativa deberá matricularlo con un código único y asignado por el Ministerio de Educación para los menores que se encuentran en el sistema educativo colombiano. Así, se podrá identificar con este documento mientras se define la situación migratoria”, explica Alarcón.
Claro está que en la práctica esta situación no es tan sencilla. Antes de conseguir el cupo, los trabajadores sociales de los colegios a los que acudieron Laura y su papá les recomendaron esperar para obtener el Permiso por Protección Temporal (PPT), ya que esto les garantizaba el cupo de forma definitiva en una institución sin los inconvenientes que trae ese proceso. El problema es que si hicieran eso, teniendo en cuenta que hasta ahora iniciaron su proceso, habrían tenido que esperar un año más para entrar a clases.
“Argumentando no querer exponerse a sanciones administrativas y eventuales responsabilidades penales, hay algunos directivos de instituciones educativas que se abstienen de matricular a niños en situación de irregularidad migratoria”, asegura Jonathan Imbachi Solís, abogado y parte del Consejo Noruego para Refugiados, quien insiste en que a pesar de que hay mecanismos que permiten que estos migrantes en situación irregular entren a clases aunque no tengan sus papeles, el desconocimiento por parte de los rectores de estas medidas es un dolor de cabeza.
La nivelación académica es también otro desafío importante para la educación de los migrantes venezolanos. Laura, por ejemplo, no tenía los documentos certificados para confirmar que ya había superado el octavo grado en Venezuela. Obtener esos documentos de manera oficial puede tardar meses y, aunque hay tramitadores que cobran por esas diligencias, lo mejor para evitar estafas es hacer un examen para saber a qué curso entrar.
La institución que recibió a Laura no le negó el cupo por no tener los papeles, ella tendrá que hacer un examen para saber en qué curso va a quedar. Según Constanza Alarcón, esto se debe a que los planes de estudio entre Venezuela y Colombia son diferentes y, con esto, se elimina esa barrera de las certificaciones.
Laura espera quedar en octavo, el mismo curso en el que estaba en Venezuela cuando tuvo que partir hace año y medio. “Yo lo que quiero es empezar pronto mis clases y volver a tener una vida normal”, asegura, quien cree que más pronto que tarde podrá terminar su bachillerato y así “poder ayudar a su papá”.
Por ahora, esa es su meta.
Trabajo realizado en el marco del curso “Puentes de Comunicación II” de la Escuela Cocuyo, apoyado por DW Akademie y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.
