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Política de seguridad para Venezuela: la explotación criminal de la crisis migratoria

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Más de 7,2 millones de personas han salido de Venezuela desde 2014, en medio de la debacle social, económica y política en la que se ha mantenido sumido el país. Y aunque en los últimos años, un número cada vez mayor de migrantes se ha dirigido hacia Estados Unidos en el norte, la gran mayoría —más de 6 millones— permanecieron en el Caribe y Latinoamérica, según la R4V, plataforma del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Organización Internacional para las Migraciones (IOM), dedicada exclusivamente a la crisis venezolana.

*Este análisis hace parte de una serie en tres entregas producida por el Observatorio de Crimen Organizado de Venezuela de InSight Crime, el cual analiza las oportunidades de intervención en política en áreas en las que la delincuencia organizada se interseca con las actuales crisis social y política en Venezuela. La segunda y tercera partes sobre crimen organizado y minería ilegal, y sobre el proceso electoral en Venezuela, se publicarán el 5 y 6 de julio, respectivamente.

Aunque en un inicio muchos de los vecinos de Venezuela acogieron de buen grado a los migrantes, sus redes de protección social han tenido problemas para responder a la demanda sostenida del influjo migratorio. Esto se exacerbó con la pandemia de la COVID-19, que motivó un desvío de recursos financieros destinados a los programas de reasentamiento y atención a refugiados.

Otros países impusieron barreras para impedir la migración ilegal, pero eso motivó el surgimiento de redes de tráfico de personas, a las cuales recurren los migrantes para evitar las restricciones al desplazamiento o los cierres de fronteras o para atravesar territorios peligrosos. El uso de coyotes se ha hecho tan común que el 69% de los ciudadanos venezolanos reportaron haber contratado a uno o más traficantes para su viaje entre 2019 y 2021 en una investigación realizada por el Centro de Migración Mixta.

Los migrantes que recurren a los pasos fronterizos irregulares también representan una fuente de ingresos para los grupos armados y para redes criminales depredadoras, que extorsionan a los viajeros a su paso por su territorio, y en algunos casos incluso les roban o los secuestran, o los obligan a servir de correos humanos para el tráfico de narcóticos.

Los traficantes de personas también han capitalizado la crisis, ajustando sus tácticas de reclutamiento de mujeres y jóvenes venezolanas con ofertas falsas de empleo, becas o incluso caridad religiosa como anzuelo para lo que termina siendo explotación sexual bajo coerción.

Esta explotación criminal de la crisis migratoria venezolana ha enfrentado a los gobiernos, organismos multilaterales y grupos de la sociedad civil de toda la región y otros lugares a desafíos económicos, de seguridad y derechos humanos. A continuación, InSight Crime analiza tres oportunidades de intervención para abordar estos problemas a nivel local, regional e internacional.

A nivel local: financiar alternativas a las instituciones corruptas

Uno de los factores que más facilita la explotación criminal de la crisis migratoria ha sido la corrupción y el abandono institucional a nivel local. Esto ha erosionado la confianza de los venezolanos en los funcionarios de migración y seguridad en toda la región, lo que impone una carga sobre los recursos humanos y financieros de las organizaciones de la sociedad civil como único mecanismo de apoyo que les queda a los migrantes. En estas áreas, dar prioridad a la financiación de dichas organizaciones podría reducir la vulnerabilidad de los migrantes frente al crimen organizado.

Elementos corruptos de las fuerzas de migración y seguridad facilitan e incluso participan en actividades criminales, como la trata de personas, y las víctimas saben que las autoridades están involucradas y temen presentarse ante la policía, según observó InSight Crime. Más aún, la sensación de desconfianza hacia las autoridades empuja a los migrantes hacia los traficantes de personas o coyotes, con la creencia de que estos podrán garantizar su seguridad. Esto también permitió a las redes criminales aprovecharse de una población que tiene demasiado temor de denunciar estos delitos ante las autoridades.

Las organizaciones de base de la sociedad civil y organizaciones comunitarias, como las ONG internacionales, ya están interviniendo para llenar el vacío dejado por las autoridades. Estas ofrecen a los migrantes refugio, cuidado de menores, y ayuda con los trámites en los sistemas locales y migratorios de los países de acogida. Las víctimas de delitos depredadores, como la trata de personas, muchas veces recurren a estas organizaciones en busca de ayuda en lugar de denunciar directamente a las autoridades.

El abandono institucional y la corrupción en Latinoamérica son problemas de gran arraigo sin solución fácil a la vista. Pero al canalizar recursos a las organizaciones de base de la sociedad civil y hacia organizaciones sin ánimo de lucro con un historial comprobado de ayuda a migrantes, los donantes internacionales, nacionales y particulares pueden crear una alternativa efectiva y eficiente para los migrantes con necesidad apremiante de ayuda en el momento.

Desviar una mayor proporción de ayuda para emergencias hacia estas instituciones permitiría a la R4V, sus países donantes, e incluso los gobiernos anfitriones, acrecentar su retorno a la inversión en ayuda a la par que se reduce el riesgo de que esa ayuda caiga en manos de funcionarios corruptos en colusión con organizaciones criminales.

A nivel regional: políticas de reacción inversa

Algunos de los países anfitriones más grandes en la crisis migratoria venezolana están cerrando o militarizando sus fronteras y sancionando políticas de línea dura con el objetivo de disuadir la migración. Estas políticas siembran caos y confusión en la frontera, fomentan el desarrollo de sofisticadas redes de tráfico de personas y hacen posible el crimen organizado depredador.

De los países suramericanos que acogieron el mayor número de venezolanos —Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Argentina— solo Colombia y Argentina han mantenido normas claras que ofrecen una vía oportuna hacia la regularización. Ecuador, Chile y Perú han dificultado aún más el proceso, y en ocasiones lo han hecho casi imposible.

Los gobiernos de Perú y Chile han llegado a los mayores extremos, con la militarización de sus fronteras para impedir el paso de migrantes. En abril de 2023, Chile también presentó un proyecto de ley que amenaza con criminalizar a cualquier refugiado o migrante en situación migratoria irregular. De aprobarse, la ley impondría penas de prisión a quienes sean declarados culpables de haber ingresado o permanecido de manera irregular en el país. Perú no ha llegado tan lejos, pero su gobierno hace poco declaró ilegal el alquiler de vivienda a migrantes en situación no regularizada.

La historia muestra que esas políticas de mano dura exacerban la inseguridad y promueven el crimen organizado.

En Colombia, Ecuador y Perú, los cierres de fronteras antes y durante la pandemia de la COVID-19 motivaron un rápido incremento de sofisticadas redes de tráfico de personas, conocidas como agencias de viaje. Con la reapertura de las fronteras, cayó la demanda de estas redes, pero la infraestructura se mantiene, lista para aprovecharse de un renovado aumento de la demanda.

Chile ya presenta un retorno de dicha demanda, pues los venezolanos, incapaces de migrar por vías regulares debido al creciente endurecimiento de las políticas de gobierno, recurren a los traficantes de personas o coyotes. Amnistía Internacional también ha denunciado un repunte en la explotación por parte de criminales organizados depredadores: extorsionistas, ladrones y tratantes de personas, a lo largo de esas nuevas rutas de tráfico de migrantes.

Las políticas migratorias de línea dura u hostiles a la migración pueden ser una tentación frente a la presión económica prolongada, la migración criminal y las percepciones de que los migrantes acarrean inseguridad. Pero mantener —y en ciertos casos retornar a— políticas que proporcionen a los venezolanos una vía migratoria regular, segura y organizada permite a los países de acogida reducir la dependencia de los migrantes de las redes de tráfico y su vulnerabilidad al reclutamiento o la explotación.

A nivel global: financiar la crisis olvidada

Para 2021, la Organización de Estados Americanos (OEA) alertó sobre “la falta de una respuesta global y la destinación de ingentes recursos” a la crisis de refugiados venezolanos, y que esta “podría convertirse en la mayor crisis y en la más desfinanciada del mundo”. Pero aún no llegan mayores recursos, y mientras esto se mantenga, es muy probable que persistan las condiciones para la explotación criminal de la crisis.

En la actualidad, el plan de la R4V para 2023, que buscaba resolver la crisis de la migración venezolana en la región, va a la zaga en 75%, según la ONU.  Colombia, Perú y Ecuador, que en el pasado fueron elogiados por su generosa recepción y que entre los tres acogieron a más de la mitad de los migrantes venezolanos, se cuentan entre los países rezagados.

La falta de financiación debilita a las autoridades locales, a las ONG internacionales y a las organizaciones de base de la sociedad civil, cuyas operaciones han empezado a contraerse. Estas instituciones velan por la protección de los migrantes, por que se agilicen sus trámites y puedan acceder a los programas de bienestar y al mercado laboral legal. Sin financiación adecuada para ellas, los migrantes pasan desapercibidos, muchas veces para caer en los brazos expectantes de organizaciones criminales que los destinan a la explotación sexual, el reclutamiento forzado o como fuerza laboral descartable en actividades criminales de bajo nivel.

Atender la falta de financiación es clave para renovar las políticas progresistas hacia los migrantes venezolanos en Suramérica y ofrece la posibilidad de parar el flujo de migrantes vulnerables que caen en las redes del crimen organizado.

Grandes actores internacionales, como los gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, así como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial podrían aliviar la desfinanciación local en los países suramericanos aumentando la financiación del plan de respuesta de la ONU, así como los recursos para las organizaciones de base de la sociedad civil.

Fuente: insightcrime.org


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