El proyecto fue presentado tras el asesinato de un congoleño en enero
La ciudad de Río de Janeiro tendrá una política destinada a proteger los derechos de la población migrante y refugiada. El municipio deberá garantizar, entre otros derechos, el bienestar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes migrantes y refugiados, la accesibilidad a los servicios públicos, la asistencia en los servicios municipales, además de facilitar la identificación de esta población a través de los documentos que ya tienen.
Estas y otras medidas están previstas en la ley que establece los principios y directrices de la Política Municipal de Protección de los Derechos de la Población Migrante y Refugiada, aprobada por la Cámara de Concejales de Río.
El proyecto fue propuesto tras el asesinato del congoleño Moïse Mugenyi Kabagambe, un refugiado de 24 años, en enero, y redactado por concejales del Partido Solidaridad.
Según los parlamentarios, la xenofobia y la invisibilidad hacia la población migrante y refugiada “es un problema estructural en un mundo donde el desplazamiento es constante y el número de migrantes y refugiados aumenta cada año”. Los autores agregan que la ciudad de Río de Janeiro tiene una comunidad grande, creciente y diversa de migrantes y refugiados o solicitantes de asilo. “Las denuncias sobre las grandes dificultades y violaciones de los derechos, especialmente laborales, de las personas migrantes y refugiadas ya eran una constante en la prensa local y nacional”. Además, el asesinato de Kabagambe “destaca los efectos del racismo y de la xenofobia, subrayando el deber y la urgencia de la atención del Poder Público sobre el tema, a fin de proteger y promover los derechos de la población migrante y refugiada”, afirman.
Ley de Migración
Entre otras medidas, Brasil ya tiene en vigor la Ley Nacional de Migración desde 2017, la cual trata el movimiento migratorio como un derecho humano y garantiza al migrante, en igualdad de condiciones con los ciudadanos nacionales, la inviolabilidad del derecho a la vida, la libertad, la seguridad y la propiedad.
La ley también instituye la visa temporal de acogida humanitaria, a ser otorgada al apátrida o al nacional de un país que, entre otras posibilidades, se encuentre en una situación de grave y generalizada violación de los derechos humanos.
Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Brasil tenía, al final de 2021, más de 60 mil personas reconocidas como refugiados.
Fuente: agenciabrasil.ebc
