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Se intensifica guerra contra migrantes en México mientras Gobierno de Biden prepara nuevo ataque a derechos de asilo

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Jesus Ugarte
 

La organización internacional Human Rights Watch expresó su profunda preocupación acerca de las discusiones entre el Gobierno mexicano y la Administración estadounidense de Joe Biden sobre una propuesta para intensificar el ataque a los derechos de los migrantes y refugiados.

Familias de migrantes corren de un ataque de la Guardia Nacional para dispersar una caravana en el sur de México, 29 de octubre de 2020 [Photo: National Human Rights Commission of Mexico, CNDH]

En una carta fechada el 18 de enero y dirigida al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO) y la secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena, la ONG instó al Gobierno mexicano a “hacer una declaración pública y clara señalando que no aceptará ningún nuevo acuerdo migratorio con Estados Unidos, […] que aumente el número de expulsiones de solicitantes de asilo y migrantes no mexicanos a México o limite el acceso a la protección internacional”.

Como parte de las negociaciones del presupuesto federal de los EE.UU. para 2024, Biden y el Congreso norteamericano están considerando cambios en la política de inmigración que efectivamente pondrían fin al derecho de asilo en los EE.UU., contraviniendo el derecho internacional y nacional. Este cambio de política es un ataque directo a los derechos de los trabajadores internacionales que huyen de condiciones insoportables, las cuales son el resultado directo de más de un siglo de opresión imperialista.

El proyecto de ley H.R. 2, patrocinado por el diputado Mario Díaz-Balart (Republicano de Florida) e introducida el 2 de mayo de 2023, incluye varios cambios. La expansiva propuesta en consideración por el Congreso norteamericano tiene como objetivo reanudar la construcción del muro fronterizo y eliminar los fondos destinados a las ONG que proporcionen servicios esenciales a los migrantes. La ley propone limitar severamente el acceso al asilo para la mayoría de los migrantes que cruzan México para llegar a la frontera con EE.UU.

La ley socava algunas de las estipulaciones más fundamentales en política migratoria, las cuales regulan las condiciones bajo las cuales los niños pueden ser detenidos legalmente en centros de detención migratorios en los EE.UU., eliminando las salvaguardias existentes para menores migrantes. A los estados norteamericanos, se les prohibirá establecer regulaciones sobre la gestión de las instalaciones de detención de migrantes donde se alberguen menores o familias, allanando el camino para la brutalidad y abusos sin ningún impedimento.

También se reporta que la Administración de Biden ha aceptado apoyar la creación de una nueva ley de expulsión fronteriza, efectivamente reactivando la ley nombrada Título 42 de la era Trump, la cual utilizó la pandemia de COVID-19 como excusa para expulsar a cientos de miles de migrantes a México. La nueva norma permitirá a los funcionarios expulsar a migrantes sin necesitad de observar el procedimiento de asilo.

Si bien la carta de Human Rights Watch destaca la complicidad de la Administración de López Obrador en la guerra liderada por los EE.UU. en contra de los migrantes así como la amenaza del descenso implacable de esta represión hacia la barbarie, ésta caerá sin duda en saco roto.

Durante los primeros cinco años de su mandato de seis, López Obrador ha sido un fiel socio menor de los EE.UU. en la guerra contra los migrantes.

Entre las primeras acciones de su Gabinete, el entonces secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard propuso la implementación de lo que denominó un “Plan Marshall” para el “Triángulo Norte” centroamericano (El Salvador, Honduras y Guatemala). Según este plan, México absorbería gran parte de la emigración centroamericana a cambio de préstamos adicionales de los EE.UU., en realidad un beneficio para el capital financiero internacional. Caracterizada como un “freno a la inmigración ilegal”, la propuesta desembocó en la implementación el 25 de enero de 2019 del engañosamente nombrado programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés).

Durante los dos primeros años del programa, informalmente conocido como “Quédate en México”, la Administración de AMLO recibió a más de 71.000 solicitantes de asilo devueltos por los EE.UU., incluyendo decenas de miles de menores. La política, que fue denunciada por Amnistía Internacional como “vergonzosa, malintencionada e ilegal”, fue ampliamente criticada por las organizaciones de derechos humanos por exponer a los migrantes a ataques mientras esperaban interminablemente en México una audiencia en un tribunal norteamericano. Decenas de miles de migrantes fueron obligados a vivir en campos de internamiento insalubres cerca de la frontera de EE.UU. Según Human Rights First, muchos migrantes reportaron haber sido víctimas de secuestros, violaciones y otros ataques violentos.

En junio de 2019, la Administración de AMLO llegó a otro acuerdo para fortalecer su colaboración con la Administración de Trump, desplegando a 6.000 miembros de la recién creada Guardia Nacional en la frontera sur de México. Las unidades desplegadas sirvieron efectivamente como tropas de asalto para aterrorizar a los trabajadores y campesinos de América Central en su recorrido hacia el norte.

Con su característica santurronería de “siempre respetar los derechos humanos de los migrantes”, la Administración de AMLO ha supervisado innumerables abusos a los derechos humanos por parte del ejército en contra de migrantes indefensos que buscan una vida mejor.

En febrero de 2019, en Piedras Negras, Coahuila, el Gobierno de AMLO respondió con fuerza cuando alrededor de 2.000 inmigrantes, incluyendo cientos de menores, protestaron por las malas condiciones de su centro de detención.

También son frecuentes los informes de asesinatos de migrantes por parte de las fuerzas del Estado, como el caso de María Senaida Escobar, una joven inmigrante salvadoreña de 19 años, que fue asesinada a tiros por la policía mexicana mientras viajaba como pasajera en un coche intentando llegar a Santa Cruz, California, para reunirse con su padre. El caso nunca fue investigado y su padre sigue pidiendo justicia.

Hasta la fecha, la Administración de AMLO ha gastado $175 millones de dólares en deportar migrantes, 15 veces más de lo asignado a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). La mayoría de estos fondos han ido a parar a las arcas de empresas privadas de autobuses contratadas por el Gobierno para repatriar a los migrantes, lo que en sí representa una clara violación del derecho internacional. ETN, una empresa privada de autobuses de lujo, obtuvo un contrato por $112 millones de dólares por el transporte de inmigrantes a Centroamérica. De manera similar, las aerolíneas Viva Aerobus y Magnicharters también se han beneficiado de estos arreglos.

A medida que las instalaciones oficiales utilizadas para albergar inmigrantes comenzaron a desbordarse rápidamente, las autoridades mexicanas recurrieron a utilizar campos al aire libre, estadios deportivos y otros campamentos improvisados para albergar a miles de personas. Se ha informado que en los centros migratorios, las autoridades han hacinado a inmigrantes superando hasta en cinco veces la capacidad oficial. Estas deplorables condiciones llevaron al cónsul de Guatemala en Chiapas a describir los centros de detención como “una indignidad absoluta” y “lo peor que he visto”.

El número de detenciones de inmigrantes continúa alcanzando alarmantes niveles récord. En 2023, hasta noviembre, 486.424 inmigrantes fueron detenidos, frente a 314.639 en 2022, un aumento del 55 por ciento. Las deportaciones han seguido una tendencia similar, pasando de 126.770 a 200.308, un aumento del 58 por ciento.

El gráfico ilustra el aumento continuo de la represión de los migrantes por parte del Gobierno mexicano.

Durante este tiempo, AMLO ha jugado un papel criminal, exponiendo la bancarrota moral del populismo y el nacionalismo “de izquierda”.

A cada paso, AMLO ha dejado muy claro que la sumisión al imperialismo estadounidense es un elemento primordial de su política, como lo ilustró su declaración de que “[e]l problema de la inmigración es una prioridad” después de despedir en 2019 al entonces comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén. Al transformar al Gobierno mexicano en una extensión al sur de la Ofician de Aduana y Protección Fronteriza de los EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés), la Administración de AMLO se ha convertido en cómplice del asalto imperialista de los EE.UU. en contra de los inmigrantes.

La causa raíz de la migración masiva de la empobrecida población trabajadora, tanto en América Latina como en el resto del mundo, reside en el sistema capitalista global y la estructura del Estados nación. Contrariamente a las afirmaciones de AMLO y otros políticos pseudoizquierdistas que afirman que la solución al problema migratorio reside en la creación de oportunidades y la mejora de la seguridad en los países de origen para así desalentar la migración, estos incentivos e inversiones únicamente benefician a las respectivas burguesías nacionales al tiempo que agravan la explotación de la clase trabajadora de estos países al obligarlos a continuar cumpliendo su papel asignado como fuente de mano de obra barata.

Una auténtica solución al problema de la inmigración requiere la expropiación de la riqueza de esta clase dominante parásita, así como la toma del control de las fuerzas productivas mundiales de sus manos para ponerlas bajo el control democrático de la clase trabajadora internacional. El sufrimiento de miles de millones de trabajadores pobres solo puede ser eliminado a través de la planificación racional de la producción mundial para satisfacer las necesidades humanas, en lugar de la actual búsqueda ciega y anárquica de ganancias.

Esto requiere la movilización política independiente de la clase trabajadora internacional con base en un programa socialista revolucionario.

Fuente: wsws.org


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