Uagadugú, 1 oct (EFE).- El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) suspendió sus programas humanitarios en Burkina Faso por orden del Gobierno burkinés en un momento en el que la violencia yihadista ya desplazó a más de 1,4 millones de personas, informó hoy dicha organización no gubernamental.
“El 27 de septiembre, el Ministerio de la Mujer, Solidaridad Nacional y Acción Humanitaria de Burkina Faso ordenó al NRC suspender todas las operaciones en el país hasta nuevo aviso”, se indica en la nota.
“El NRC ha cumplido plenamente con la directiva y suspendido todas las actividades humanitarias en el país”, agregó, al señalar que “está trabajando en diálogo con el Gobierno para abordar cualquier inquietud que puedan tener con el fin de reanudar las relaciones respetuosas y de colaboración” así como el trabajo humanitario.
La organización indica en el comunicado que la suspensión está vinculada a la cobertura mediática del último comunicado de prensa del NRC, que se publicó el pasado 13 de septiembre, sin entrar en más especificaciones.
En ese comunicado, el NRC señalaba que unas 275.000 personas se habían visto forzadas a abandonar sus hogares en Burkina Faso desde el pasado abril por la violencia yihadista, lo que aumentaba a 1,4 millones el total de personas desplazadas, según cifras obtenidas del Consejo Nacional de Emergencias y Rehabilitación (CONASUR) del Gobierno burkinés.
Igualmente, el director del NRC en Burkina Faso, Manenji Mangundu, indicaba que “a pesar del creciente conflicto, la operación humanitaria para ayudar a las personas necesitadas se está quedando rezagada” y que “una escasez crítica de fondos de ayuda, combinada con la falta de capacidad de las autoridades locales, está impidiendo que las agencias de ayuda” como la suya “respondan a tiempo”.
El comunicado detallaba que, desde junio, las organizaciones humanitarias habían solicitado a las autoridades que el registro de personas que habían huido de la violencia y el intercambio de información se realizara en el plazo de una semana para que las familias pudieran recibir asistencia, alimentos y refugio lo antes posible.
En el documento, los testimonios de varios desplazados advertían de que no tenían suficiente para alimentarse y de que hay quienes están prefiriendo volver a sus hogares, donde pueden ser atacados, en lugar de morir de hambre por la ausencia de ayuda.
Además, Mangundu hacía un llamamiento al Gobierno burkinés para que les permitiera intervenir y apoyar, indicando que “las organizaciones de socorro tienen la capacidad de ayudar a las personas en las zonas más inaccesibles donde se necesita ayuda con urgencia, complementando el trabajo esencial de las autoridades”
Burkina Faso padece reiteradamente la violencia yihadista desde abril de 2015, país donde los actos terroristas se atribuyen al grupo local burkinés Ansarul Islam, a la coalición yihadista del Sahel afiliada a Al Qaeda, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (GSIM), y al Estado Islámico en el Gran Sáhara (EIGS).
Estos grupos también atacan en los países vecinos con los que Burkina Faso comparte frontera, Mali y Níger.
Cerca de 500 personas han muerto en atentados yihadistas perpetrados en el país entre mayo y agosto de este año y se estima que 4,8 millones de personas padecen inseguridad alimentaria y 2,9 inseguridad alimentaria aguda, según el NRC.
La región burkinesa más golpeada por la inseguridad es la del Sahel, que está situada en el norte y comparte frontera con Mali y Níger, aunque también se ha expandido a provincias limítrofes, como la región Centro-Norte, y al este del país desde el verano de 2018. EFE
