EE.UU. habla de “reubicación temporal” en otros países. El gobierno filipino aún no ha tomado una decisión, pero algunos senadores ya plantearon sus dudas. La hermana del presidente expresó su temor de que algunos refugiados pudieran ser espías estadounidenses. Mientras tanto, los solicitantes de asilo que habían trabajado con el ejército estadounidense se encuentran varados en otros países, donde muchas veces son perseguidos.
Algunos funcionarios y políticos filipinos se opusieron a la solicitud de Washington de alojar temporalmente a unos 50.000 refugiados afganos antes de que sean transferidos a los Estados Unidos. “Aunque el acuerdo propuesto es de naturaleza humanitaria, no conllevará la admisión o acogida de refugiados afganos”, anunció el ministerio de Asuntos Exteriores.
La solicitud ya había sido presentada a Manila en octubre del año pasado, explicó el embajador filipino en Washington y primo del actual presidente Ferdinand Marcos Jr, José Manuel “Babe” Romualdez. Subrayó que, en caso de que se concediera la solicitud, EE.UU. cubriría todos los gastos. En su intervención ante el Senado, precisó también que no se trata de refugiados, sino de ex empleados del gobierno estadounidense, que llegarán en bloques de unas 1.000 personas por vez.
Con el regreso de los talibanes al poder el 15 de agosto de 2021, decenas de miles de afganos que habían trabajado con el ejército o los medios de comunicación estadounidenses fueron evacuados al vecino Pakistán y a otros países donde se están evaluando sus solicitudes de visados estadounidenses. Sin embargo, el gobierno de Washington, después de casi dos años, aún tiene que examinar unas 150.000 solicitudes. Pakistán impidió que los funcionarios estadounidenses encargados de entrevistar a los refugiados entraran en el país, obstaculizando la creación de centros de reasentamiento. Mientras tanto, los permisos de residencia de los solicitantes de asilo que habían conseguido obtenerlos regularmente han caducado en los últimos 18 meses. Sin documentos, los afganos no pueden estudiar ni trabajar y son devueltos arbitrariamente a la frontera o detenidos por las autoridades locales, que a menudo les exigen dinero con amenazas.
El embajador Romualdez precisó que Estados Unidos se limitaba a pedir ayuda para tramitar los visados, que serán expedidos por una instalación especial en Filipinas. Mientras el gobierno de Manila declaró que está evaluando la propuesta (se espera que se tome una decisión a mediados de julio), la senadora Imee Marcos, hermana del presidente y jefa de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, inició una investigación sobre el acuerdo, expresando sus dudas de que algunos refugiados puedan estar trabajando como espías para los estadounidenses: “En el último año, el espionaje y las amenazas a la seguridad han aumentado significativamente debido a la fuerte escalada de tensión entre las superpotencias rivales”, declaró la senadora en una audiencia parlamentaria. “¿No nos preocupa el hecho de que Estados Unidos ya no quiera acoger a estos extranjeros en su territorio? Afirman que el riesgo para la seguridad será muy bajo, que sólo llegarán grupos altamente controlados y que los visados especiales para inmigrantes están asegurados, y sin embargo no los quieren”, continuó Marcos.
La National Bureau of Investigation y la National Intelligence Coordinating Agency declararon que temían que pudieran activarse “células durmientes” de terroristas e incluso la vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, hija del ex presidente Rodrigo, se opuso a la petición de Washington, afirmando que la propuesta podría socavar la soberanía del país: “Parece que el proceso de verificación lo llevará a cabo Estados Unidos. Por lo tanto, se trata de una interferencia en nuestra determinación exclusiva de quién puede entrar en nuestro país”, declaró a los medios uno de sus portavoces.
Fuente: asianews.it
