En la región de Evros, en la frontera terrestre entre Grecia y Turquía, la oenegé conversó con 23 solicitantes de asilo afganos que explicaron haber sido rechazados violentamente fuera del territorio griego, tras haber sido despojados de sus pertenencias, entre septiembre de 2021 y febrero de 2022, según un comunicado de HRW.
Dieciséis informaron que las personas que dirigían los barcos que les llevaron a la orilla turca del río Evros hablaban árabe o lenguas del sur de Asia, según HRW.
La oenegé también entrevistó a un exmilitar afgano de 28 años, que dijo que había sido expulsado a Turquía el pasado diciembre y habló con el paquistaní que estaba a cargo del bote. El hombre le explicó que hacían ese trabajo «tres meses y después podían tener sus papeles» de asilo.
«Es innegable que el gobierno griego es responsable de expulsiones ilegales en la frontera y el uso de intermediarios para llevar a cabo esos actos ilegales no le exime de ninguna responsabilidad», dijo Bill Frelick, director del programa sobre derecho de los refugiados en HRW.
«La Comisión Europea debería abrir una investigación judicial urgente y hacer responsable al gobierno griego de la violación de las leyes europeas que prohíben las expulsiones colectivas», agrega el comunicado.
El gobierno griego siempre ha negado que recurra a este tipo de prácticas pese a la publicación de varias investigaciones periodísticas al respecto.
A finales de febrero, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) se preocupó de la «normalización» de estas expulsiones ilegales de migrantes.
Este jueves en un informe, el Consejo de Europa denunció las expulsiones «generalizadas» de refugiados en las fronteras europeas y pidió a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) que pongan fin a lo que calificaron de «violaciones de los derechos humanos».
El número de «refugiados, solicitantes de asilo y migrantes» rechazados en las fronteras terrestres y marítimas de Europa aumentó, según este informe.
España, Francia, Croacia, Italia, Austria, Hungría, Polonia, Lituania, Letonia, Grecia, Chipre, Turquía y Bulgaria fueron criticadas por enviar a países vecinos a migrantes que intentan entrar en su territorio.
El documento se apoya en informes de oenegés que han documentado estas expulsiones y subraya que en algunos países «la utilización de la violencia» contra los refugiados es «grave y sistemática». Además, critica que algunos Estados quieren adoptar leyes que normalicen estas expulsiones.
Fuente: evtv.online
