Mujeres en Kabul, capital de Afganistán (archivo). — REUTERS
El mundo se está acostumbrando a oír cada día más barbaridades cometidas contra las mujeres con una pasividad asombrosa. Así lo afirman diversas activistas comprometidas con los derechos humanos de las mujeres, políticas y otras que luchan desde hace meses desde distintas posiciones para ayudar a las mujeres de Afganistán.
Lo que les está sucediendo a las mujeres en ese país no tiene parangón. En las últimas semanas el gobierno Talibán, instalado en el poder desde mediados de agosto de 2021, les ha prohibido acceder a la universidad y a sus títulos académicos, una medida que deja a las jóvenes fuera del sistema educativo. El pasado 25 de diciembre también decretó que las mujeres no podían trabajar en organizaciones humanitarias nacionales o internacionales. Una prohibición que no sólo afecta a muchas afganas para desarrollar su trabajo, sino que pone en solfa la capacidad de las organizaciones para ayudar a la población más vulnerable del país, como son las mujeres y las niñas que sólo pueden recibir ayuda de mujeres.
Una vuelta de tuerca que ha endurecido las ya restrictivas políticas hacia ellas. “Se trata del primer país del mundo que, por ley, prohíbe la educación de niñas y mujeres“, afirma Maite Pacheco, exdirectora del programas de protección internacional y ayuda humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y actualmente vicepresidenta de Netwomening, una organización creada al calor de la necesidad de ayudar a las mujeres afganas a salir del país.
La pasividad internacional
Ante estas medidas, la comunidad internacional se ha quedado impasible. Apenas unas tibias declaraciones y comunicados solicitando que el gobierno talibán dé marcha atrás o esperando que reconsidere sus acciones. Pero no ha existido ninguna contestación contundente, ni sanciones, ni bloqueos comerciales o económicos por las aberraciones que este país está cometiendo contra la mitad de su población. Nada. Una situación que contrasta profundamente con lo que ha ocurrido recientemente en Ucrania tras el estallido de la guerra.
“Existe una obligación moral y legal para el mundo civilizado, y especialmente para los países occidentales, de apoyar a las mujeres afganas y presionar a los talibanes para que abran el espacio para las mujeres de mi país. Para que reconozcan y respeten todos los aspectos cívicos, políticos y socioeconómicos de las mujeres”, afirma a Público Gulalai Hotak, magistrada del Tribunal Supremo de Afganistán que desde 2021 está refugiada en España. “Pero vemos cómo el mundo ha abandonado a las mujeres de mi país a su suerte“, añade.
“Estamos viendo la total pasividad de la comunidad internacional que ha dado la espalda a esta guerra que se está librando contra las mujeres y niñas en Afganistán. La mitad de la población, que solo tienen derecho a respirar y a parir y poco más. Y parir en sus casas, porque se ha eliminado la asistencia ginecológica”, afirma la magistrada Gloria Poyatos, directora regional en Europa, Oriente Medio y Norte de África de la International Association of Women Judges (IAWJ), una organización de que lleva año y medio ayudando a sacar a juezas de Afganistán, entre ellas a Hotak. Hasta el momento, van cerca de 180 magistradas las que han conseguido poner a salvo fuera de Afganistán, ocho de ellas en España. A finales de diciembre consiguieron traer a otra y en esta semana desembarcará una novena.
El proceso no es sencillo. Las que están aún en Afganistán (unas 60) están escondidas en pisos francos. No pueden salir solas a la calle porque las mujeres están obligadas a salir siempre con un tutor (marido o familiar que debe acompañarlas). Por eso, las solteras o las que no tienen familia ya en el país, lo tienen mucho más complicado para moverse y abandonar el territorio. Si esta es la realidad que afrontan las que tienen estudios y contactos en el exterior, la situación de las demás es aún más complicada, en un país que solo aplica la Sharia (ley islámica), interpretada por el duro rasero impuesto por los talibanes de la forma más radical.
El Parlamento Europeo (PE) hizo varias declaraciones por la situación que viven las mujeres en Afganistán y ha pedido a la Comisión que emita visados especiales para las mujeres afganas que buscan protección y la apertura de corredores humanitarios. En una resolución emitida el pasado mes de noviembre, el Parlamento Europeo condenó el retroceso en derechos por parte de las mujeres y las niñas en el régimen de los talibanes, pidió la creación de un gobierno representativo y elegido que implicara a las mujeres en la toma de decisiones en todos los niveles.
La Eurocámara también pidió al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que estableciera un mecanismo complementario permanente de rendición de cuentas para investigar todas las presuntas violaciones y abusos de la legislación en materia de DDHH, en particular la violencia contra las mujeres y las niñas. Pero solo se ha quedado en eso.
Tal como explica la europarlamentaria María Eugenia R. Palop, el Parlamento Europeo no tiene la potestad de legislar ni de tomar decisiones. Lo que puede hacer es aprobar resoluciones con o sin debate, un mecanismo que no es vinculante y que jurídicamente tiene cero valor. Quienes sí pueden tomar decisiones legislativas son el Consejo y la Comisión, pero ninguno de estos dos órganos ha movido ficha.
“Estamos viendo que existe un doble o triple rasero. Existen medidas que se pueden imponer y lo hemos visto con Ucrania, con quien no sólo se ha aplicado la directiva de refugiados, sino toda una serie de sanciones económicas y comerciales de calado. Pero esto que existe desde la guerra de Yugoslavia, sólo hemos visto que se ha aplicado en el caso de Ucrania desde entonces. Con Afganistán no hemos visto la misma respuesta y sensibilidad y los elementos coactivos no se han activado”, afirma Palop.
“Las que salen de Afganistán y llegan a otro país tienen suerte de que su nombre entre en una lista. Pero eso no es una política. Algunas no han querido salir porque no lo podían hacer con sus hijos o con sus parejas y han preferido quedarse allí. Las que han conseguido abandonar el país son juezas, estudiantes universitarias, profesoras, profesionales… pero no existe ninguna política articulada para llegar a las demás“, añade.
Una acogida desigual
La falta de una estrategia común y de medidas unificadas hace que las refugiadas afganas que salen del país tengan una acogida desigual en los distintos países de la Unión Europea y que sus casos tengan que ser negociados por las organizaciones de la sociedad civil una a una con países o embajadas, a diferencia de lo que ocurrió con los refugiados procedentes de Ucrania. A pesar de que diversas activistas reconocen que el papel de España en este conflicto está siendo positivo, afirman que está siendo también muy lento y falto de recursos. De las mujeres que nuestro país se comprometió a traer tras la toma del gobierno por los talibanes, aun quedan al menos unas 40 familias repartidas entre Irán y Paquistán, que comulgan con los talibanes. Paquistán, por ejemplo, ha afirmado que si no salen de su territorio en un mes, las repatriará a Afganistán. Muchas llevan año y medio esperando poder seguir camino hacia España y las embajadas, escasas de personal, las están citando para dentro de año y medio, afirma Pacheco.
Esta experta añade que no hay medidas específicas para este colectivo y desde que se inició la diáspora ucraniana, los trámites para regularizar a las afganas se ha ralentizado y complicado. El estatuto de protección humanitario significa que cuando un ucraniano llega a nuestro país o a cualquier otro país europeo, tiene los mismos derechos que un nacional, excepto el de votar. Pero en el caso de las afganas, tienen que pasar varias fases, entre ellas, seis meses sin permiso de trabajo”. También el proceso de adaptación es más lento. “Tardan mucho en aprender español y sus posibilidades de trabajar son casi nulas”, añade Pacheco. Una situación, afirma, que se podría haber solucionado con más recursos, puesto que el número de refugiados afganos en nuestro país ronda los 1.500.
Un pacto migratorio parado
Para Palop es muy serio lo que ocurre en Europa en relación a la política de refugio y migración. Excepto por el ejemplo de Ucrania, diversos países han implementado políticas de externalización de los centros de internamiento de migrantes a otros países, como Senegal y denuncia que Países Bajos y nórdicos están haciendo políticas de refugio y migración más excluyentes.
“El pacto migratorio está parado. De Italia y de Suecia poco podemos esperar y la política de migración se hace con carácter defensivo puntual y de emergencia”. La izquierda, abunda Palop, tampoco tiene una política coordinada sobre migración, porque “no somos capaces de combinar los intereses en juego. Desgraciadamente los derechos humanos no es lo único sobre lo que gira la política de izquierdas, sino que se combina con otros que no son compatibles con esos derechos y se centran principalmente en ser el parche de contención de la derecha. Pero no hay una respuesta constructiva. Contenemos a la derecha pero no proponemos alternativas. Ni en Europa ni en España. Hacemos lo que podemos por evitar el mal. O lo peor, pero no basta”.
Fuente: publico.es
