Aunque Kesley Vial pidió ayuda en varias oportunidades, los percances que vivió en el centro de detención del condado de Torrance, Nuevo México, detonaron una crisis mental que, según sus abogados y familiares, lo llevó a quitarse la vida.
“Por el amor de Dios… tengo un problema de ansiedad y depresión, desde hace cuatro meses estoy en prisión y no lo soporto más. Les ruego que me dejen ir en un vuelo o que me compren el boleto”, escribió Vial, de 23 años, a las 10:44 de la mañana del 17 de agosto de 2022, en uno de sus últimos mensajes dirigidos al personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés). Poco más de cuatro horas después, a las 3:19 de la tarde, un guardia lo encontró colgado de una horca que improvisó con unas sábanas y una repisa, según consta en información recabada de documentos judiciales.
Las compañías privadas que han registrado más decesos de este tipo en los últimos 18 años son Core Civic (11) y Geo Group (6); y por el lado de los centros gubernamentales, el Buró Federal de Prisiones lidera estos incidentes (3). Sin embargo, expertos y activistas señalan que la cifra podría ser mucho mayor debido a las múltiples fallas detectadas en esas instalaciones.
“Nosotros detectamos que no hay un sistema para cuidar a estas personas. No hay métodos correctos para diagnosticarlas o ver su condición cuando llegan a las instalaciones de detención. Y luego no hay seguimiento en términos de tratamiento, nada más las encierran en unas condiciones muy precarias”, explica Guadalupe Marquez-Velarde, académica de Utah State University y coautora de Pushing them to the edge: Suicide in immigrant detention centers as a product of organizational failure, un estudio de 2021 que ahonda en las fallas del sistema de detención en EE.UU. y que sugiere que los centros son producto de un fallo organizacional y los empuja al vacío.
Detectamos que no hay un sistema para cuidar a estas personas. No hay métodos correctos para diagnosticarlas”
GUADALUPE MARQUEZ-VELARDE, ACADÉMICA UTAH STATE UNIVERSITY
Al respecto, Geo Group –empresa que en 2022 ganó 1,050 millones de dólares en ganancias por los contratos que tiene con ICE– envió un comunicado a Noticias Telemundo en el que sostiene que sus instalaciones “proporcionan acceso a la atención médica las 24 horas del día, incluido el acceso a un cuadro de profesionales de la salud como médicos, enfermeras, dentistas, psicólogos y psiquiatras”.
Por su parte, Brian Todd, vocero de CoreCivic, también reaccionó en referencia a los suicidios en las instalaciones gestionadas por esa empresa: “Nos tomamos muy en serio el fallecimiento de cualquier persona a nuestro cuidado. Nuestras instalaciones cuentan con equipos de respuesta a emergencias formados que trabajan para garantizar que cualquier detenido reciba la atención médica adecuada”, escribió en un comunicado.
“Cualquier fallecimiento se comunica inmediatamente a nuestros socios gubernamentales y se investiga de forma exhaustiva y transparente”, añadió Todd, quien no se refirió al resultado de las investigaciones sobre los casos de suicidio por ahorcamiento o asfixia.
Al igual que sucede con Geo Group, CoreCivic también tiene cuantiosos contratos con ICE. Sólo en 2022, la compañía obtuvo 552.2 millones de dólares en ingresos por contratos de detención, lo que representa el 30% de sus ingresos totales.
Para julio de 2023, el 90.8% de las personas detenidas cada día bajo custodia del ICE se encontraban en centros de detención que pertenecen, o son gestionados, por empresas privadas.
Cifras engañosas
La investigación de Noticias Telemundo analizó los reportes oficiales de ICE, notas periodísticas, demandas judiciales e informes de organizaciones de defensa, para determinar las nacionalidades de las personas migrantes que se suicidaron en los centros de detención: México (8), Cuba, Honduras y Guatemala (con tres suicidios cada uno) son los países que lideran esos decesos.
Cabe destacar que, en varios registros, ICE identifica pública y genéricamente la causa final de la muerte de las personas migrantes como asfixia, y no suicidio. Son los casos de Rogelio Canales Baca, hondureño de 36 años que falleció el 8 de julio de 2008 en la cárcel del condado de Pinal, en Florence, Arizona; Nery Romero, salvadoreño de 22 años que murió el 12 de febrero de 2007 en la cárcel del condado de Bergen, en Hackensack, Nueva Jersey; Antonio Martínez-Rivas, mexicano de 44 años que falleció el 4 de octubre de 2006 en un centro de detención en Houston, Texas, entre otros.
“La documentación interna de ICE, que se mantiene separada de su lista pública de muertes, confirma que muchos de los fallecimientos clasificados genéricamente como asfixia, en realidad eran suicidios por ahorcamiento u otras formas de autoestrangulamiento”, afirma Stacey Ann Tovino, académica de la Universidad de Oklahoma, en su investigación de 2016 titulada The Grapes of Wrath: On the Health of Inmigration Detainees.
El 5 de enero de 2004, el cubano Argelio Leyva-Arjona se convirtió en la primera persona en quitarse la vida bajo custodia de ICE. Leyva-Arjona, de 50 años, estaba detenido en la Penitenciaría de Terre Haute, Indiana. Ese año, 32 personas migrantes fallecieron, por diversas causas, en los centros de detención.
“El sistema central de ICE pareciera que cree que el proceso de deportación no cambia emocionalmente a la gente. Y la realidad es que, en muchos casos, los están dejando morir. Una de las peores cosas es el uso del confinamiento solitario en los casos de las personas con problemas de salud mental, en muchas ocasiones aíslan a los migrantes deprimidos y eso causa problemas muy graves”, explica Beatriz Aldana Márquez, académica de la Universidad de Connecticut que, junto con Marquez-Velarde, es coautora de la investigación de los problemas de salud mental en las personas migrantes detenidas.
BEATRIZ ALDANA MÁRQUEZ, ACADÉMICA UNIVERSIDAD DE CONNECTICUT
“Condiciones peligrosas e inhumanas”
Los grupos de derechos humanos afirman que el deficiente sistema de selección del centro de detención del condado de Torrance implica que los inmigrantes con solicitudes de asilo sólidas y viables -que no pueden regresar a su país debido a la persecución o a la amenaza de tortura- son excluidos para su deportación, lo que genera retrasos como fue el caso de Vial, quien en el momento de su muerte llevaba unos cuatro meses bajo custodia del ICE.
“Venía de Brasil buscando asilo en Estados Unidos. Nadie debería soportar el tipo de condiciones peligrosas e inhumanas por las que pasó. Estuvo detenido bajo custodia de inmigración en un centro de detención privatizado en Nuevo México dirigido por este contratista de prisiones privadas, CoreCivic. Y mientras estuvo allí, era responsabilidad de CoreCivic mantenerlo a salvo”, afirma Rebecca Sheff, abogada de la sección de Nuevo México de la ACLU, organización que recientemente demandó a Core Civic por “negligencia y daños y perjuicios” en el caso del suicidio de Vial.
Además, la ACLU, y tres grupos de defensa que prestan servicios jurídicos a los solicitantes de asilo, presentaron un reporte en el que enumeran las denuncias de represalias contra migrantes que plantean objeciones a los procedimientos de asilo y a las condiciones de vida. El informe, de 187 páginas, insta al Gobierno estadounidense a poner fin a su contrato con Core Civic, la empresa privada que gestiona las instalaciones en Torrance, supervisadas por ICE.
“La muerte de Vial se debe, en última instancia, a que el personal de esta instalación no siguió las reglas que se han establecido para proteger a las personas. Hay fallas sistémicas graves en el centro de detención de Torrance que pusieron en peligro la vida de Vial. Sabemos que la atención de salud mental que recibió fue extremadamente deficiente. Sabemos que el personal no hacía un seguimiento adecuado de los medicamentos que le recetaron”, afirmó Sheff.
En la demanda, el equipo legal de la ACLU afirma que el joven brasileño incurrió en actos de autolesión y reclamaba una mejor atención para su salud mental, pero el personal de Torrance “no seguía reglas básicas para mantener a las personas seguras mientras estaban detenidas allí”, explica Sheff.
Sin embargo, Ian Philabaum, director de programas en Innovation Law Lab, una organización de defensa que representa a varias personas que han estado detenidas en Torrance, afirma que han recibido reportes que muestran que a los migrantes sí los aíslan.
“Tienen unas salas de observación médica, que se han convertido de facto en confinamiento solitario. Así que cualquier persona que manifieste depresión o que piense en autolesionarse es recluida en algo que se denomina ‘observación médica’, pero que en realidad es un régimen de aislamiento hasta que esa persona declare que ya no se siente así”, advierte.
El Gobierno de Biden trata de imponer severas limitaciones a los inmigrantes que esperan obtener asilo en la frontera debido, entre otras cosas, al incremento de las personas que se encuentran retenidas en centros de detención. Según los datos más recientes de ICE, en septiembre había más de 35,000 personas detenidas, y era la primera vez que se alcanzaba ese umbral desde marzo de 2020, cuando empezó la pandemia de COVID en Estados Unidos.
“Pasé por un infierno”
Carlos Funes Monroy dice a Noticias Telemundo que no puede creer lo que le pasó en “el otro lado”. Quería “vivir el sueño americano”, y escapar de la violencia de las maras en Honduras, pero estuvo detenido en Torrance, Nuevo México.
“Me trataron muy mal y la verdad es que pasé por un infierno. Esa es una prisión pa’ criminales, no para personas indocumentadas. Tuve una experiencia muy fea ahí y todavía estoy traumado, no duermo bien y el encierro me afectó mucho”, explica Funes Monroy, de 29 años y quien se encuentra en Honduras, adonde fue deportado este año.
A pesar de que fue secuestrado en México, y su familia tuvo que pagar 12,000 dólares para que lo liberaran, Funes Monroy explica que el estrés que sufrió durante su estadía en Torrance hizo mella en su salud mental. A diferencia de lo que afirma Todd, el vocero de CoreCivic, asegura que sí estuvo en confinamiento solitario.
“Tuve una discusión con un compañero. Y los guardias decidieron meterme al calabozo, al confinamiento solitario como le dicen allá al aislamiento. Pero me pegaron feo, todavía no puedo alzar bien el brazo y por eso no consigo un buen trabajo acá en Honduras”, explica Funes Monroy.
Debido a los incidentes que experimentó, Funes Monroy demandó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos por un monto de 3,000,000 de dólares por concepto de daños y perjuicios “por los daños personales que le infligieron los funcionarios del Centro de Detención del Condado de Torrance”.
“Funes Monroy fue agredido violentamente por guardias que lo sujetaron, maltrataron y asfixiaron antes de ponerlo en régimen de aislamiento durante tres días. No se le proporcionó atención médica adecuada para sus lesiones, que hasta la fecha le causan dolor y le limitan la movilidad”, asevera Tess Hellgren, directora legal en Innovation Law Lab.
A pesar de su mala experiencia, Funes Monroy no pierde la esperanza de regresar a Estados Unidos en busca de un futuro mejor y para escapar de los peligros de la delincuencia.
“Yo aquí no no puedo estar. Incluso estoy tratando de ver cómo hago para ver si puedo viajar porque corro peligro al estar acá”, asevera.
Fuente: telemundo.
