Las autoridades libias anunciaron este jueves la deportación por vía terrestre de un número indeterminado de migrantes de nacionalidad egipcia a través del paso fronterizo de Amsaad Al Salloum y aseguraron que continuarán con las operaciones de expulsión de personas en situación irregular.
La Comisión Libia para los Refugiados evacuó este martes a 97 solicitantes de asilo- incluidos menores- a Roma (Italia), en su mayoría de nacionalidad sudanesa además de sirios y palestinos; que habían sufrido torturas en los centros de detención y algunos de ellos se encontraban en condiciones de salud extremadamente frágiles y sufrían enfermedades graves.
El organismo instó a otros estados a abrir corredores humanitarios para reducir la presión sobre los países de acogida y contribuir a una respuesta más sostenible a las necesidades urgentes de los refugiados así como buscar vías más seguras para su salida de Libia.
Según cifras de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) cerca de 59.000 refugiados están registrados en el país magrebí, de los cuales 400 fueron deportados a Italia en 2022 en cooperación con los ministerios de Interior y Exteriores.
Tras un acuerdo firmado el pasado mes de diciembre por varias organizaciones religiosas, culturales y políticas italianas, está previsto en los próximos tres años el traslado de un total de 1.500 personas refugiadas que necesitan protección internacional y que serán acogidas por el Sistema de Acogida e Integración (SAI) y asociaciones locales.
El pasado año cerca de 16.000 migrantes fueron interceptados y devueltas a Libia, considerado un lugar “no seguro”, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), mientras que 955 personas murieron y otras 1.316 desaparecieron.
Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado los los abusos y malos tratos contra solicitantes de asilo y migrantes en centros de detención, donde miles de personas están retenidas de forma arbitraria, y responsabiliza a las políticas europeas de no asistencia y externalización de fronteras.
Por ello, ha instado a la Unión Europea y Naciones Unidas a “revisar urgentemente —y, si es necesario, suspender— los actuales acuerdos de cooperación con las autoridades libias” para las intercepciones en el Mediterráneo.
Las operaciones de rescate recae en la Guardia Costera libia, un cuerpo formado y financiado por la Unión Europea (UE) pese a estar bajo sospecha por organizaciones humanitarias por supuestos vínculos con mafias que operan en el lucrativo negocio del contrabando. EFE
Fuente: Infobae
