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California fracasó en prohibir los centros privados de detención de ICE. ¿Qué significa esto para otros estados?

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El Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto del Grupo GEO es una de las siete instalaciones del estado gestionadas por empresas penitenciarias privadas. (Irfan Khan / Los Angeles Times)


 

 

POR ANDREA CASTILLO

 

La histórica prohibición de California de prisiones y centros de detención privados para migrantes vio su destino sellado cuando un tribunal federal derogó oficialmente la ley de 2020.

En una victoria para los contratistas de prisiones privadas, una sentencia dada a conocer el mes pasado declaró inconstitucional el proyecto de ley 32 de la Asamblea en su aplicación a los contratos de detención privada para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y otras agencias federales, aunque la prohibición sigue vigente para prisiones privadas del estado.

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La prohibición se promulgó en medio de crecientes informes de condiciones inseguras y violaciones de salud en los centros de detención, incluida la comida echada a perder, el uso excesivo del confinamiento solitario y los peligrosos retrasos en la atención médica. A raíz de una investigación realizada en 2020 por The Times sobre la violencia contra los detenidos en los centros federales de detención de inmigrantes de California, administrados de forma privada, el periódico exigió al Departamento de Seguridad Nacional los registros de abusos en todo el país.

Tras hacer balance de la batalla judicial perdida en California, defensores y legisladores de otros estados han modificado sus propuestas legislativas que aplicarían restricciones a la detención de inmigrantes, con la esperanza de que medidas menos ambiciosas se enfrenten a menos obstáculos políticos.

“La AB 32 se introdujo en el apogeo de la era Trump, cuando hubo un intento de expandir agresivamente la detención de inmigrantes a través de corporaciones privadas”, dijo Jackie González, directora de políticas de Immigrant Defense Advocates, quien asesoró a los legisladores que redactaron el proyecto de ley. “Presionamos muy duro”.

La noticia llega cuando los operadores de centros de detención se enfrentan a un aumento en el número de inmigrantes detenidos debido a la expiración, el mes pasado, de las restricciones fronterizas de la era de la pandemia ejercidas a través del Título 42. Casi 30,000 inmigrantes fueron detenidos el 18 de junio, según el Transactional Records Access Clearinghouse, un centro de investigación no partidista de la Universidad de Syracuse, un 40% más que el mes anterior. El DHS despejó las zonas de detención antes de la expiración del Título 42 y, según TRAC, hay indicios de que las cifras se están estabilizando.

La preocupación por las condiciones de los centros de detención no ha dejado de aumentar. El 17 de mayo, una niña de 8 años murió bajo custodia de la Patrulla Fronteriza en Texas después de que una enfermera supuestamente se negara a las peticiones de su madre de solicitar una ambulancia y los funcionarios del centro se quejaran del “uso excesivo de la hospitalización”.

Las personas detenidas por ICE no cumplen condena por delitos, sino que permanecen recluidas mientras un juez de inmigración decide si deben ser deportadas. Los niveles de detención alcanzaron un máximo de poco más de 55,000 personas bajo la administración Trump y cayeron en 2021, en medio de la pandemia, a un mínimo de 13,000.

Después de que el gobernador Gavin Newsom firmara la AB 32 en octubre de 2019, la administración Trump se apresuró a adelantarse a la ley antes de que pudiera entrar en vigor.

La ley AB 32 habría prohibido nuevos contratos y eliminado gradualmente los centros de detención privados existentes en 2028. Pero días antes de que pudiera entrar en vigor el 1 de enero de 2020, ICE estableció nuevos contratos de hasta 15 años, por un total de casi 6,500 millones de dólares, con tres empresas penitenciarias privadas que ya administraban centros de detención privados en el estado: GEO Group, CoreCivic y Management & Training Corp. Los nuevos contratos también añadieron tres centros, con lo que casi se duplica la capacidad de detención de inmigrantes en California, hasta 7,200 camas.

El Grupo GEO y la administración Trump demandaron a California, argumentando que la prohibición socavaba la capacidad del gobierno federal para hacer cumplir la ley de inmigración. Ni el Grupo GEO ni el DHS respondieron a las solicitudes de comentarios de The Times.

El Grupo GEO tenía mucho que perder. Según la demanda, habría perdido una media de 250 millones de dólares al año en ingresos si sus instalaciones se hubieran visto obligadas a cerrar.

Varias cárceles de California albergaron en su día a inmigrantes para ICE. Pero en 2017, California se convirtió en el primer estado en aprobar una ley que impide a los gobiernos locales y a las agencias policiales firmar nuevos contratos con el gobierno federal o corporaciones privadas para la detención de inmigrantes. El contrato de 8.6 millones de dólares al año de la cárcel del condado de Yuba, el único contrato de detención restante entre ICE y una agencia local de aplicación de la ley, finalizó el 8 de febrero.

La diputada Zoe Lofgren, de San José, fue una de los 24 congresistas demócratas de California que el año pasado enviaron una carta a ICE instándole a que dejara de retener a inmigrantes en la cárcel de Yuba y en dos centros privados del estado, basándose en infracciones como la falta de investigación de la mala conducta del personal, el descubrimiento de lazos colgando en las celdas de los detenidos y el uso indebido de un desinfectante químico en aerosol que dejó a los detenidos con hemorragias nasales crónicas y dolores de cabeza.

  1. Lee, de 41 años, dijo que fue agredido sexualmente por otro detenido en 2020 en el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto del Grupo GEO, cerca de San Bernardino, después de quedarse en el país luego de que su visado de turista de Corea del Sur expirara. A él le preocupa que más detenidos sufran con el uso continuo de prisiones privadas. (El Times no nombra a las víctimas de abusos sexuales a menos que se ofrezcan voluntariamente a ser identificadas públicamente).

“Todavía tengo pesadillas sobre lo que sucedió allí”, dijo Lee, quien ahora está casado con un ciudadano estadounidense y vive en el condado de Orange.

Los registros revelados a Lofgren, quien preside el subcomité de inmigración del Poder Judicial de la Cámara, obtenidos por Immigrant Defense Advocates y revisados por The Times, indican que los ejecutivos de ICE y GEO se comunicaron sobre el efecto que tendría la AB 32 en los centros de detención en California. También se reveló una propuesta de ICE de 2018 para conseguir espacio de detención adicional en la región de San Francisco. En ese momento ICE calificó la reducción de camas debido a la legislación de California como “un golpe devastador para la misión en curso de ICE”.

ICE posee y opera solo un puñado de centros de detención en todo el país. La industria de las prisiones privadas es una empresa multimillonaria en Estados Unidos, y sus instalaciones albergan al 80% de los detenidos de ICE.

Varias prisiones privadas que albergan a reclusos del Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California cerraron en el momento en que la AB 32 se convirtió en ley, aunque tres fueron reutilizadas como instalaciones de ICE en virtud de los contratos firmados a finales de 2019.

Justo después de asumir el cargo, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva que eliminaba gradualmente el uso federal de prisiones privadas. Pero la orden no cubría la detención de inmigrantes.

Entonces, para sorpresa de los defensores de los inmigrantes, la administración de Biden retomó la demanda contra la prohibición de las prisiones privadas de California donde la dejaron los funcionarios de Trump. El año pasado, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dictaminó que la prohibición violaba la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos, que impide a los estados interferir en la aplicación de las leyes federales.

Izzy Gardon, portavoz de Newsom, calificó el resultado de decepcionante.

“Cuando California se convirtió en el primer estado del país en prohibir las prisiones privadas con ánimo de lucro, establecimos un nuevo objetivo para la justicia”, dijo. “La historia no verá con buenos ojos a esta industria que mercantiliza a las personas y viola sistemáticamente los derechos humanos básicos”.

Sharon Dolovich, profesora y directora del Programa de Derecho y Política Penitenciaria de la UCLA, dijo que el fallo del 9º Circuito debería impulsar a los legisladores a reforzar las regulaciones para todos los tipos de cárceles y prisiones, como el aumento de la transparencia y los requisitos sanitarios.

“Si la gente en este estado se preocupa por impedir que los administradores de prisiones mantengan a la gente en condiciones inhumanas de detención, deberían preocuparse también por las prisiones de gestión privada”, dijo.

La sentencia afecta a un caso en el estado de Washington —que está en la jurisdicción del 9º Circuito— en el que los legisladores en 2021 también prohibieron los centros de detención de inmigrantes operados por empresas privadas, lo que llevó al Grupo GEO a demandar para salvar sus instalaciones en Tacoma, el único centro de detención de ICE en el noroeste del Pacífico.

Un tribunal de distrito de Washington suspendió los procedimientos hasta que se resolviera la demanda de California. En un escrito del 22 de junio, el fiscal general de Washington, Robert Ferguson, escribió que mientras la decisión en el caso de California siga siendo la ley del 9º Circuito, Washington “no aplicará” la ley contra el Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste.

CoreCivic, que administra el Centro de Detención de Elizabeth en Nueva Jersey, demandó a ese estado este año por una ley de 2021 que prohíbe la detención privada. La empresa mencionó la sentencia del 9º Circuito en su demanda. El contrato de CoreCivic expira en agosto y no puede ser renovado en virtud de la ley.

Este mes, el gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, firmó un proyecto de ley que pondrá fin a los contratos deICE con las cárceles a partir del 1 de enero de 2024 e impedirá el funcionamiento de futuras instalaciones privadas, aunque eximirá a una instalación ya existente administrada por GEO Group en Aurora.

En marzo, los legisladores de Nuevo México rechazaron una propuesta para prohibir a las administraciones locales hacer contratos conICE, lo que habría afectado a tres centros privados de ese estado.

Sophia Genovese, abogada del Centro de Derecho de los Inmigrantes de Nuevo México, que trabajó con los legisladores en la redacción de la ley, dijo que las versiones anteriores del proyecto de ley, que no prosperaron, tenían un alcance más amplio. Al decidir qué incluir en el proyecto de ley más reciente, los legisladores optaron por mantener una prohibición de los acuerdos de servicios intergubernamentales, o IGSA, en parte debido a los litigios en California, dijo.

“En términos prácticos, una prohibición de las prisiones privadas era realmente difícil de aprobar en Nuevo México, que depende tanto de las prisiones privadas”, dijo Genovese. “También nos dimos cuenta de que California tenía su propia prohibición IGSA [de 2017] que no fue impactada por la decisión del Grupo GEO, así que nos sentimos seguros porque solo estábamos tratando de monitorear y regular el comportamiento de un gobierno local, no el comportamiento del gobierno federal”.

Mientras tanto, los defensores de todo el país están pidiendo al DHS que cancele los contratos de las instalaciones con historial de problemas y libere a las personas mientras continúan sus procedimientos de deportación. En Nuevo México, está en la mira el centro de detención del condado de Torrance. El año pasado, un organismo de control federal instó a la liberación inmediata de todos los detenidos en ese centro tras detectar infracciones de seguridad y una grave escasez de personal.

En respuesta a las protestas públicas, el gobierno de Biden ha rescindido los contratos de cinco centros, entre ellos el de Yuba y el centro de detención del condado de Irwin, en Georgia, donde decenas de mujeres detenidas afirmaron haber sufrido malos tratos médicos.

En una mesa redonda con periodistas celebrada en febrero, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas, afirmó que su objetivo es garantizar que los centros de detención cumplan las normas de atención médica de la agencia.

“Y si no lo hacen, y no ponen remedio o demuestran que no están dispuestos a poner remedio, entonces no mantendremos esas instalaciones”, dijo a The Times.

Silky Shah, directora ejecutiva de Detention Watch Network, que monitorea la legislación estatal relacionada con la detención de inmigrantes, dijo que los legisladores de California han estado sentando las bases para que otros estados restrinjan la detención privada de inmigrantes desde la prohibición de 2017 de IGSA.

Esa prohibición siguió a un momento en la administración Obama de mayor colaboración entre la policía local y los agentes de inmigración. Los defensores cambiaron su enfoque de proponer reformas a nivel federal y dirigir sus esfuerzos a los niveles local y estatal.

“Esto es lo que es la defensa: tienes una victoria, tienes algunos inconvenientes”, dijo Shah sobre la fallida prohibición de la detención privada en California. No obstante, atribuye a la normativa estatal su contribución a la reducción del número total de detenciones.

Oregón tiene las políticas antidetención más estrictas del país, dijo, con leyes que prohíben las IGSA, bloquean los centros de detención privados e impiden que las fuerzas de seguridad locales ayuden a hacer cumplir la ley de inmigración, incluso no proporcionando fechas de liberación en cárceles o prisiones. La ley no ha sido impugnada ante los tribunales.

Illinois y Maryland también han aprobado leyes destinadas a impedir o disuadir la creación de futuros centros de detención con ánimo de lucro. Shah cree que esas leyes no han sido impugnadas porque no existen centros privados de inmigración en esos estados, por lo que las leyes no obligaron a ningún cierre.

En California, los defensores están impulsando un proyecto de ley que bloquearía las transferencias de ciertos reclusos a centros de detención de ICE y otro que regularía y reduciría significativamente el confinamiento solitario en cárceles, prisiones e instalaciones de ICE. El año pasado, los legisladores estatales rechazaron un proyecto predecesor del de traslado de presos, y Newsom vetó el de aislamiento.

El Ayuntamiento de Los Ángeles votó este mes a favor de prohibir el uso de recursos y bases de datos municipales para la aplicación de las leyes de inmigración, codificando así la política de “santuario” de la ciudad.

González, de Immigrant Defense Advocates, dijo que la derogación de la AB 32 no pondrá fin a la lucha de California. El estado tiene el poder para proteger aún más a los detenidos, dijo, señalando el hecho de que California fue el primero en ofrecer vacunas COVID-19 a los inmigrantes detenidos y a una reciente investigación de las condiciones de trabajo inseguras en una instalación por la División de Seguridad y Salud Ocupacional del estado.

Prohibir las prisiones privadas en California fue un intento de llevar las competencias estatales tan lejos como fuera posible, dijo González, dadas las leyes vigentes que ya limitaban la participación del Estado en la detención de inmigrantes.

Otros estados, dijo, todavía se están poniendo al día.

Fuente: sandiegouniontribune


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