Valerie Laveus recibe a su hermano Reginald Malherbe Daniel a su arribo a Estados Unidos desde Haití en el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood en Fort Lauderdale, Florida, 9 de agosto de 2023. (Jim Rassol / Associated Press)
Un abogado del Departamento de Justicia federal estadounidense presentó su alegato final el viernes a un juez para mantener vigente un elemento clave de la política inmigratoria del presidente Joe Biden que permite a una cantidad limitada de inmigrantes de países americanos entrar a Estados Unidos por razones humanitarias.
El programa permite el ingreso mensualmente de 30.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Texas y otros 20 estados gobernados por republicanos le iniciaron juicio. Los inmigrantes beneficiarios del programa tienen patrocinadores que pueden hacerse cargo de ellos en lo financiero.
El abogado Brian Ward argumentó que el programa de permiso humanitario ha ayudado a migrantes de los cuatro países a huir de la violencia, la turbulencia política y la inestabilidad económica. El programa también ha ahorrado recursos y reducido la presión sobre los agentes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
“El objetivo es reducir las cifras en general y disminuir la presión en la frontera suroeste”, dijo Ward en su alegato final en el juicio sumario en la corte federal de Victoria, Texas, que comenzó el jueves y finalizael viernes.
No se prevé que se emita un fallo inmediato sobre la legalidad del permiso humanitario después de los alegatos finales de ambas partes. La decisión final podría demorar varios meses.
El jueves, el juez Drew Tipton dijo que le incomodaba emitir una orden temporal que detuviera el programa en todo el país, pues si bien Texas y los otros estados demandantes afirman que los perjudica, “muchos estados dicen que los beneficia”. Tipton dijo que esas órdenes suele emitirlas la Corte Suprema.
Los abogados de Texas y los demás estados sostienen que el gobierno de Biden ha creado su propio programa inmigratorio que opera fuera de la ley. La gran cantidad de migrantes que se benefician con el programa humanitario revela que los funcionarios otorgan los permisos masivamente y no caso por caso, como requiere la ley, aseveran.
El gobierno “creó un sistema de inmigración en las sombras”, denunció el jueves Gene Hamilton, un abogado de la Fundación Legal Estados Unidos Primero, una ONG legal conservadora dirigida por Stephen Miller, un asesor del expresidente Donald Trump que colabora con la procuraduría de Texas en la representación de los estados.
Los abogados que representan a Texas argumentaron que el programa obliga al estado a gastar millones en salud pública y educación para los migrantes beneficiarios. Los grupos defensores de los inmigrantes sostienen que el argumento es falso.
Fuente: latimes
