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Conflicto armado y migración venezolana, dos realidades que se alimentan entre sí

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Ciudadanos venezolanos cruzan desde Cúcuta, en Colombia, de regreso a San Antonio del Táchira, en Venezuela, a través de un paso ilegal.
Foto: Agencia AFP
Juan Pablo Rangel, investigador en el área de construcción de paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), habla sobre los avances y vacíos que hay en el Plan Nacional de Desarrollo frente al fenómeno migratorio venezolano, que además tiene una relación con el conflicto armado colombiano. Esto a la sombra de la iniciativa del Gobierno de la “paz total”.

María José Noriega Ramírez

Foto: Agencia AFP

A lo largo del informe “¿Por qué es importante hablar de migración venezolana en la ‘paz total’?” hay una premisa central: no se puede hablar de paz, y menos se pueden emprender acciones encaminadas hacia ella si no se tiene en cuenta a la población migrante. ¿Cómo llegaron a esa conclusión desde la FIP? Es decir, ¿qué los llevó a estudiar esa relación?

Nosotros venimos hablando de migración venezolana más o menos desde 2015, cuando empezó ese fenómeno migratorio a incrementarse, pero no a los niveles de emergencia humanitaria todavía. En ese momento se hablaba más de la eventual intersección que podríamos ver entre criminalidad y migración venezolana, un asunto que desestimamos en su momento con datos estadísticamente significativos. Desde ahí empezó a flotar la pregunta de cómo está interactuando la migración venezolana en el marco del conflicto colombiano, sobre todo después de la firma del Acuerdo de Paz, donde hay una reconfiguración de las economías criminales de los cultivos de uso ilícito en territorios históricamente conflictivos, en los cuales, además, confluye la migración, como es el caso del Catatumbo. Ahí, por ejemplo, ya se presentaban movimientos migratorios pendulares en épocas de cosecha y se ha dado una proliferación de actores ilegales, quienes están empezando a asumir diferentes eslabones en las cadenas de producción y comercialización de drogas, además de que cooptan a los venezolanos que están en tránsito. Lo que estamos viendo es cómo los contextos de vulnerabilidad, fruto de la reconfiguración del conflicto y de la migración exacerbada, terminan haciendo un ciclo perverso en el que ambas emergencias se alimentan a sí mismas.

En el documento de la FIP se habla de los migrantes venezolanos como víctimas menos visibilizadas del conflicto armado colombiano. Como lo dijo antes, el texto menciona la relación entre cultivos ilícitos en las zonas fronterizas y la captación de migrantes por parte de los actores ilegales. También sugiere la deuda, todavía pendiente, de la implementación del Acuerdo de Paz. ¿Cómo se afectan mutuamente estos factores?

La relación entre migración y Acuerdo de Paz, a la hora de ser suscrito en el teatro Colón y en medio de esa coyuntura nacional, no existía de forma tan clara. Entonces, por ejemplo, el despliegue de algunas acciones, como el Estatuto Temporal de Protección a Migrantes y el Permiso de Permanencia Temporal, no están alineadas con mecanismos administrativos, como la Ley de Víctimas. Es decir, hoy no tenemos una forma en la cual el Estado colombiano, administrativamente, tenga un reconocimiento de una población víctima migrante venezolana.

Entonces, ¿qué pasa con las afectaciones que están pasando hoy en el marco del conflicto colombiano y con las que han sufrido retornados colombianos que en algún momento migraron, en algunos casos, por situaciones relacionadas con la confluencia de actores armados en sus territorios y con todas las consecuencias del conflicto? Aquí lo que hay es una serie de vacíos que hay que empezar a llenar de contenido. Se trata de construir sobre lo construido y, de cara al futuro, mirar la forma de resolver, en el marco de la “paz total”, esos vacíos producidos por estas coyunturas.

El contexto es lo que más marca el reto con los migrantes, insisto, por las fechas, pues la migración y la crisis humanitaria se dieron de forma posterior. Sin embargo, hay unos pendientes claros: las acciones para la prevención de la doble afectación de la población migrante deben hacerse claras en esos puntos geográficos donde confluyen las economías criminales y los flujos migratorios. Ahí es donde hay más vulnerabilidades: pobreza monetaria, necesidades básicas insatisfechas de los migrantes e incapacidades territoriales del Estado para hacer presencia con su oferta pública e institucional.

Asimismo, en décadas pasadas, muchos colombianos huyeron hacia Venezuela a causa del conflicto armado…

El Gobierno actual tiene un acierto en su interpretación al decir que la paz es hemisférica y que las soluciones también lo son. Es el reclamo que se hace en el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela: dónde está esto en la agenda. Dónde está, por un lado, la agenda de integración de población migrante en Colombia, pero también dónde está la prevención de la doble afectación y, en particular, la puesta en marcha de acciones para el reconocimiento de víctimas migrantes en el marco del conflicto colombiano. Esas son preguntas sobre las cuales deberíamos empezar a hablar con más claridad. El Plan Nacional de Desarrollo era un instrumento propicio para eso, pero hay formas con las cuales la administración todavía puede abordar estas cuestiones.

Ya que menciona el PND, ¿cómo ve la relación entre la guía de ruta del Gobierno, la paz y la migración?

Hay unas menciones genéricas sobre la migración en general, porque hay una postura de desvenezonalizacion de la migración, que es una declaración que ha hecho el Gobierno de forma explícita en varias ocasiones. En el articulado se habla de la migración en términos de la cobertura en salud, y en sus bases se menciona el esfuerzo de reconocer el enfoque diferencial que se debe tener para la garantía de derechos para la población migrante. Esas frases son genéricas, aunque loables, hay que entrar a profundizarlas.

Este Gobierno acaba de eliminar la Gerencia de Fronteras, que era la oficina socioeconómica para la integración de la población migrante venezolana, una entidad adscrita a Presidencia, que tenía una interlocución con los diferentes ministerios y que estaba encargada de mover la agenda de integración. Eso se eliminó aduciendo una duplicidad de competencias con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con la eventual creación del Ministerio de la Igualdad, pero queda la duda sobre quién está liderando los procesos y de qué manera se está haciendo. Lo que quiero decir es que el cierre de la Gerencia de Fronteras es una acción regresiva.

De igual manera, la desvenezonalización de la migración implica cambiar el diseño institucional del Estado colombiano para que no sea solo migración venezolana, lo que tiene unos bemoles que están asociados justamente a que ya no hay una priorización específica de las vulneraciones de la población migrante, de la población retornada de origen venezolano y que confluye en lugares donde coinciden actores criminales y vulneraciones por estar expuestos al conflicto.

Además de los vacíos que menciona, ¿qué aciertos encuentra en el PND?

El fortalecimiento de competencias en las autoridades locales, en los entes territoriales, para abordar la migración desde un enfoque humanitario y de integración. Hay lugares donde, efectivamente, existe un altísimo flujo de población migrante y dificultades para entrar a abordar desde un enfoque diferencial migratorio a esta población. Eso lo hemos visto en Necoclí y en el Tapón del Darién. No se trata de recargar a las autoridades locales, pero sí de que el Gobierno Nacional tenga presente que tiene que haber un fortalecimiento de esas autoridades para que se despliegue esa agenda de manera coordinada. Ahora, insisto, la Gerencia de Fronteras tenía un trabajo muy importante para la coordinación de estos diferentes niveles administrativos.

Juan Pablo Rangel, investigador de la FIP. / María Camila Zuluaga Ríos
Juan Pablo Rangel, investigador de la FIP. / María Camila Zuluaga Ríos

En el informe la FIP sugirió que los líderes migrantes venezolanos debían tener mayor representatividad en las discusiones públicas del PND. ¿Cree que se hicieron esfuerzos para ello, teniendo en cuenta la reciente aprobación del documento?

Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan asuntos públicos migratorios han evolucionado mucho en estos últimos años. Ahora, hay muchas preguntas sobre qué significa la participación de una población migrante que tiene ciertas limitaciones para la participación política, como elegir y ser elegido. Eso genera un condicionamiento a cómo se ve este tema en la agenda, además, claro, de cómo se mueve. En el último tiempo las organizaciones de base migrante han estado muy involucradas en la regularización y la masificación del estatuto. Por ejemplo, ellas han señalado fuertemente cuáles son los cuellos de botella que han empezado a aparecer en términos administrativos tras la formulación de dicha iniciativa. En esa medida, se ha dado un aprendizaje colectivo sobre cómo se puede hacer interlocución con los diferentes actores que toman decisiones, por ejemplo, con el Plan Nacional de Desarrollo.

Sin embargo, la forma en la que se desplegó el componente participativo del PND no fue 100 % transparente con la ciudadanía. No hubo una recopilación estructurada frente a cómo se tomaban en cuenta las ideas que se llevaban a las mesas participativas y cómo eso derivaba en ideas que quedaran en el Plan. No hay un seguimiento de cómo se hizo el procesamiento de esos datos. Ahí queda una incógnita, que es un tema que excede la cuestión central de la participación de los migrantes venezolanos y que se circunscribe más a la participación de la sociedad civil en el PND y a la trazabilidad que le podemos dar a esa participación.

En medio de este panorama del que estamos hablando, una de las recomendaciones que ustedes hacen es tratar de generar confianza, en medio de un ambiente en el que “la violencia ha erosionado las relaciones sociales”. ¿Qué pasos se podrían dar en ese sentido, considerando que permanecen varios estigmas sobre la población migrante?

En términos genéricos de la construcción de confianza, la FIP ha trabajado con víctimas y excombatientes. Es decir, hay un recorrido en el tema. Lo primero es establecer un marco de condiciones relacionales entre las personas que toman decisiones y el reconocimiento de esa otredad. El proceso de sumar capacidades para crear agendas comunes es largo y es parte de la agenda pública, que muchas veces está en disputa.

En particular, creemos que en las agendas más locales, municipales, que al final son donde se desarrolla la vida de la población migrante y, por lo tanto, son el escenario de la integración socioeconómica, debe haber una interlocución clara entre los liderazgos que se apropian de esa agenda migratoria y que la llevan para la exigibilidad de políticas claras frente a la migración. Es decir, deben alentar ese concierto de diferentes actores sociales, institucionales y empresariales para la integración migratoria. De hecho, las organizaciones de base promocionan imaginarios de vida y tejen mensajes públicos que se empiezan a poner en actores estratégicos dentro del ecosistema de atención en los municipios.

En la medida en la que hablamos de esa intersección que hay entre conflicto armado y migración, ¿se podría aprender algo de esa experiencia de trabajar en la reconstrucción de confianza alrededor del Acuerdo de Paz para el contexto migratorio?

Sí, y son múltiples los parecidos que hay. Cuando se empezaron a desplegar acciones afirmativas con la población víctima del conflicto, se emprendió el esfuerzo de diseñar una arquitectura institucional para la paz. En los municipios eso se pudo expresar a través de una Secretaría de Inclusión Social o por medio de la labor de una persona para la Unidad de Víctimas, por mencionar algunos ejemplos. Cuando empezó la migración masiva de población venezolana, más o menos en 2018, esas mismas oficinas fueron las encargadas de hacer el apoyo y la asistencia humanitaria de la población migrante venezolana. Es decir, las capacidades institucionales que atendieron la paz en los municipios, la paz territorial, fueron en principio las que atendieron la emergencia humanitaria de la población migrante venezolana en tránsito. Lo que hay es un enfoque diferencial migratorio, adicional a un enfoque diferencial de víctimas. Ahí es donde se tienen que empezar a ver esas intersecciones y esas mismas diferencias entre la población migrante, excombatiente y víctima del conflicto.

Otro asunto cercano a ambos casos es la otredad. Por ejemplo, cuando los excombatientes llegan a ciertos territorios o comunidades generan cierta resistencia, sobre todo en las ciudades capitales, pues allí hay imaginarios adversos que muchas veces no son acertados o convenientes para la integración. Eso también pasa con las víctimas, y con la población venezolana estamos viendo algo parecido, aunque son contextos bien distintos. Los venezolanos construyen una otredad en la que las diferencias son más notorias, pero hay aprendizajes similares entre los casos. Desde la FIP entendemos que la confluencia de diferentes actores para generar soluciones colectivas es clave. El valor social se crea a partir de eso, y ahí entran en acción los sectores público y privado, así como los actores sociales.

Fuente: elespectador.


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