Organizaciones que trabajan con personas migrantes y refugiadas han denunciado este jueves las trabas que imponen las entidades financieras a estos colectivos a la hora de abrir una cuenta de pago básica, con la exigencia de documentos como un contrato de alquiler o empadronamiento, que son contrarias a la ley.
Organizaciones que trabajan con personas migrantes y refugiadas han denunciado este jueves las trabas que imponen las entidades financieras a estos colectivos a la hora de abrir una cuenta de pago básica, con la exigencia de documentos como un contrato de alquiler o empadronamiento, que son contrarias a la ley.
Lo han hecho durante la celebración de la jornada “Materializando el derecho a la inclusión financiera de las personas migrantes y refugiadas”, organizada por entidades sociales como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Red Acoge, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-ES).
Denuncian las reiteradas irregularidades que llevan a cabo las entidades bancarias, que niegan el acceso a las cuentas de pago básicas -que ofrecen servicios financieros muy básicos- a las personas migrantes y refugiadas, lo que supone un incumplimiento de la ley.
Han recogido hasta ahora más de 300 incidencias, que suponen solo “la punta del iceberg”, ya que la gran mayoría quedan sin registrar.
Entre ellos, la de Álex Taboada, migrante que recibió un correo de su entidad bancaria que le pedía renovar su documentación, entre ellas el NIE, que se encontraba en tramitación. Al agotar el plazo impuesto por el banco y, ante la amenaza de bloqueo de la cuenta, fue a la oficina para exponer su situación e informar de que el NIE estaba en trámite.
“El banco me dijo que no podía recibir ningún documento que no fuera el DNI o el NIE y que no servía que estuviera en trámite”, explica. En esa cuenta, Álex tenía domiciliada su nómina y los pagos de luz, agua, internet, etc…
La solución que le planteó el banco para no suspender la cuenta fue “que metiera más dinero”. Finalmente, Álex acudió a otro banco donde abrió una cuenta.
En este sentido, el director general de Migraciones, Santiago Yerga, ha avanzado que desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pondrán en marcha próximamente una medida para garantizar que “la mera solicitud de renovación del documento extienda la vigencia de las autorizaciones”.
Ha lamentado que estos clientes “no interesan a las entidades bancarias” y que, mientras los bancos no asuman el compromiso de personalizar el trato con la población vulnerable, “difícilmente se podrá avanzar”.
“Son personas que necesitan estos sistemas financieros para poder tener acceso a servicios que conforman el estándar mínimo de una persona, como es el acceso a una vivienda, a un trabajo, y a prestaciones básicas”, ha advertido.
La responsable del área de incidencia y participación social de CEAR Valencia, Noelia Montagud, ha advertido de que la normativa europea prohíbe cualquier tipo de exclusión financiera, pese a lo cual, las incidencias no dejan de repetirse.
“No se informa de este producto -cuenta de pago básica- ni de su gratuidad, se solicita documentación adicional que no está recogida en la normativa, como el empadronamiento o contratos de alquiler de vivienda…”, ha enumerado.
Además, en ocasiones algunas entidades bancarias exigen la contratación de seguros y productos bancarios para abrir la cuenta de pago básica.
Y se produce discriminación por nacionalidad, debido al riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, en el caso de personas procedentes de Túnez, Marruecos o Colombia, a las que niegan la apertura de la cuenta.
En este sentido, la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha alertado de que la normativa de prevención de blanqueo de capitales es uno de los principales motivos que la industria bancaria alega frente al derecho a la apertura y mantenimiento de la cuenta de pago básica.
Frente a esta situación, Asufin reclama que las entidades apliquen estas exigencias “de manera flexible y razonable en función del perfil de riesgo”, tal y como ya indica la propia regulación.
Y advierte de que el “entramado burocrático” hace a menudo imposible la apertura de una cuenta bancaria, ante lo que propone que se permita a las entidades sin ánimo de lucro que forman parte del Sistema Nacional de acogida de solicitantes y beneficiarios de protección internacional, así como a otras entidades del Tercer Sector, emitir certificados de riesgo de exclusión financiera para agilizar la apertura de estas cuentas. EFE
Fuente: lavanguardia
