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Desafíos para acompañar a las mujeres migrantes ante la violencia de género

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Laura Mañas Acero y Isabel Vicario-Molina, Ilustración:  Señora Milton

El proceso migratorio es una transición vital que para muchas mujeres puede ser una oportunidad de futuro, pero también puede ser un desafío con altos costes emocionales. Si a esto le sumamos la exposición a abusos y agresiones de carácter psicológico, físico, económico, sexual, social, vicario, o patrimonial si son víctimas de violencia machista, la búsqueda de una salida a esta violencia se complica. Esta realidad se contempla especialmente en zonas fronterizas, como Ceuta o Cádiz. La Frontera Sur ha vivido un incremento de las llegadas desde 2016, y la violencia de género, especialmente de índole sexual, es una de las violencias más invisibilizadas en los discursos mediáticos y políticos sobre refugio y migración, en los que se suele hipervisibilizar, en cambio, la violencia criminal.

Hablemos de cifras

A pesar de que son muchas las mujeres migrantes que no denuncian la violencia que sufren en su tránsito, la representación de estas mujeres en las estadísticas de violencia contra las mujeres en el país, lejos de reducirse, parece tendente a agudizarse. Distintas organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado que las migrantes están sobreexpuestas a un mayor riesgo de sufrir violencia de género. El Informe sobre Mujeres Migrantes Víctimas de Violencia de Género en España elaborado en 2020 por la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos y Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe indica que las mujeres migrantes tienen una alta presencia en las estadísticas sobre violencia de género en España, siendo esta sobrerrepresentación sostenida en el tiempo. En este informe se muestra que los feminicidios de mujeres migradas supusieron el 33 por ciento respecto al total entre 2003 y 2019 (338 en números absolutos). La tasa de feminicidios en España para las mujeres migrantes fue de 29 por cada millón de mujeres migrantes residentes en España, mientras que la tasa para las mujeres no migrantes fue de cinco por cada millón. Los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística en el año 2021 vienen a reforzar esta realidad: la tasa de víctimas de violencia de género por cada 1.000 mujeres fue casi tres veces superior en las nacidas en el extranjero que en las nacidas en España.

También informa que son las mujeres migrantes procedentes de África y América las que tienen mayor riesgo de victimización, posiblemente debido a las condiciones en las que se lleva a cabo el proceso migratorio y de asentamiento en el nuevo país, y a que se enfrentan en mayor medida a situaciones de exclusión, pobreza y discriminación laboral y social. A pesar de verse reflejadas de manera desproporcionada en los datos de violencia de género, en los feminicidios y en las llamadas al 016, la protección hacia las mismas es débil e insuficiente: son proporcionalmente menos en los programas de seguimiento telemático y solo un 13,3 por ciento de las mujeres migrantes ha accedido a ayudas económicas. Además, la desprotección se vuelve especialmente alarmante en los casos de irregularidad administrativa.

Los obstáculos

Ante una situación de violencia de género, las mujeres migrantes tienen que hacer frente a obstáculos específicos, que incrementan la probabilidad de que la violencia se repita y se agrave a lo largo del tiempo.

Hay factores instrumentales y ambientales. Por ejemplo, las barreras idiomáticas afectan a las posibilidades que tienen algunas mujeres migrantes para comunicarse de forma autónoma en el nuevo entorno y obtener información sobre los recursos disponibles. Estas barreras también pueden estar presentes en los servicios públicos y privados especializados que intervienen en todo el proceso, desde la sensibilización a la información y orientación, pasando por la atención social, psicológica y jurídica, así como por diversos trámites administrativos o judiciales, impidiendo o dificultando que se reciba un servicio y una atención de calidad.

La independencia económica, laboral y social es un aspecto fundamental para salir del entorno de violencia. Sin embargo, la dificultad para homologar los estudios, las escasas oportunidades laborales y las denigrantes propuestas de empleo, las trabas para la conciliación familiar o bien el limitado acceso a cursos de castellano son los principales obstáculos en este sentido.

También hay que considerar los factores relacionales y de asentamiento, que hacen referencia a las normas sociales y legislativas. La percepción que posee la mujer sobre la legislación en violencia de género dependerá, en gran parte, del acervo legislativo existente en el país de procedencia. Las normas y leyes del país de origen de alguna manera tienden a mantenerse en el país de acogida, especialmente en los ámbitos domésticos y familiares, por lo que aquellas mujeres que procedan de países cuya legislación tenga escasa perspectiva de género pueden seguir guiándose por esa percepción y denunciar en menor medida. Además, en muchas ocasiones la violencia machista no es identificada, convirtiéndose en una de las trabas más destacadas para buscar ayuda. Por otro lado, las dificultades relacionadas con la documentación y la situación administrativa en el nuevo país suponen también un obstáculo, ya que, en algunas situaciones, la persona que reagrupa al núcleo familiar es su agresor, lo que las vincula administrativamente a él, no disponiendo la mujer de información sobre el amparo legislativo en los casos de violencia. Cuando las mujeres se encuentran en una situación irregular, el temor a denunciar la violencia de género sufrida aumenta de forma considerable.

Los factores sociales e interpersonales también son importantes. El alejamiento de las redes de apoyo del país de origen y el propio proceso de violencia de género contribuyen al aislamiento, lo que dificulta el acceso a recursos informativos, de orientación, económicos o legales. Aunque el nuevo entorno proporcione recursos y servicios destinados a paliar este tipo de violencias, es factible que la mujer no tenga conocimiento de la existencia de estos. La ausencia de apoyo presencial de la red familiar y social es otro elemento que influye, pues afecta de forma negativa a las mujeres migrantes, siendo insuficientes las ocasiones para exteriorizar la situación de violencia sufrida con personas cercanas y de confianza.

Los hijos y las hijas, víctimas directas y grandes olvidadas

Además de todas estas vivencias, las hijas y los hijos son víctimas directas de la violencia de género vivida en el ámbito familiar. Los hijos y las hijas, además de haber soportado situaciones familiares nocivas y altamente disfuncionales durante largos periodos de tiempo, también tienen que hacer frente a los obstáculos propios de la migración: dejar atrás a amistades y familiares, asentarse en un nuevo entorno educativo, afrontar barreras idiomáticas, así como nuevas normas sociales y culturales. Es imprescindible que puedan acceder a un servicio de apoyo psicológico y social que les ofrezca acompañamiento durante y después del proceso de violencia de género o de la denuncia. Es preciso considerar todos los ámbitos que afectan a la vida familiar e individual para evitar el riesgo de exclusión social de estas familias, monomarentales en su mayor parte.

Las dificultades que tienen que superar las mujeres migrantes para acceder a las redes públicas y privadas no son solo numerosas, sino que, en muchos casos, son insuperables sin la implicación de las distintas administraciones y servicios públicos. La escasez de recursos específicos para mujeres migrantes y la dificultad para darlos a conocer, facilitar su acceso y uso y, sobre todo, para coordinarlos, empodera a los maltratadores y pone en riesgo a muchas mujeres migrantes y sus criaturas.

Es indispensable reflexionar sobre la necesidad de adaptar y reforzar los recursos existentes y sobre la creación de recursos específicos que permitan dar cobertura a la violencia de género en el ámbito de la migración. La atención social, psicológica y jurídica precisa debería estar complementada con los servicios de mediación intercultural, acompañamiento y traducción. De igual forma, también se hacen precisos los servicios anteriores en los procesos judiciales y administrativos, así como en otros recursos involucrados en el proceso de violencia de género como hospitales, fuerzas y cuerpo de seguridad o colegios de abogacía. La especialización en materia de violencia de género por parte de todo el personal profesional involucrado es determinante para garantizar la accesibilidad y la calidad en los servicios y recursos de atención a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas.

Dar visibilidad a los aspectos que causan una mayor vulnerabilidad social ante situaciones de riesgo en términos de violencia contra las mujeres es fundamental para promover políticas públicas de igualdad que se adapten a todas las mujeres y a todas sus realidades, contribuyendo de una forma más eficiente a aumentar una conciencia social igualitaria y libre de violencias machistas.

Fuente: pikaramagazine.


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