Niños y mujeres rohinyás caminan a las afueras de un campo de refugiados en el sureste de Bangladesh. Foto: Victor Caringal / MSF
La ONU reiteró la exigencia a la comunidad internacional de que el gobierno de Myanmar responda por el éxodo de un millón de rohinyás.
La dictadura de Myanmar ha incendiado unas 300 aldeas y más de 700 mil personas tuvieron que huir.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, reiteró la exigencia de que los gobernantes de Myanmar rindan cuentas por expulsar de sus hogares a un millón de personas rohinyás, un éxodo cumplió seis años el pasado viernes 25.
“Ante la impunidad de que goza el ejército de Myanmar por crímenes pasados y presentes contra los rohinyás y otros grupos, hago un llamado a los Estados a que apoyen plenamente los esfuerzos internacionales en curso para lograr una rendición de cuentas”, dijo Türk en una declaración desde esta ciudad suiza.
En lo que se ha descrito como “una limpieza étnica de libro de texto”, en agosto de 2017 fuerzas militares de Myanmar arremetieron contra comunidades de la etnia rohinyá, minoritaria y de confesión musulmana en la noroccidental provincia de Rakáin (Arakán) y los empujaron violentamente hacia la vecina Bangladesh.
Acnudh, la oficina de Türk, sostiene que unos 10 000 hombres, mujeres, niños y recién nacidos rohinyá fueron asesinados, más de 300 aldeas fueron incendiadas y más de 700 000 personas se vieron obligadas a huir a Bangladesh en busca de seguridad, uniéndose a decenas de miles que huyeron de persecuciones anteriores.
En total, más de un millón de rohinyá huyeron de la persecución y la discriminación sistemática para buscar protección internacional como refugiados en Bangladesh, y aproximadamente 600 000 permanecen en el estado de Rakáin, donde continúan sufriendo graves restricciones de derechos y la amenaza de más violencia.
“Ante la impunidad de que goza el ejército de Myanmar por crímenes pasados y presentes contra los rohinyás y otros grupos, hago un llamado a los Estados a que apoyen plenamente los esfuerzos internacionales en curso para lograr una rendición de cuentas”: Volker Türk.
En señal de su desesperación, miles más continúan intentando peligrosos cruces marítimos desde Myanmar –también conocía por su antiguo nombre de Birmania- y Bangladesh, lo que con frecuencia termina en tragedia.
Türk expresó su “más ferviente deseo” de que los rohinyás puedan regresar a sus hogares “para vivir en seguridad, dignidad y libertad, como ciudadanos reconocidos de Myanmar, con pleno respeto de sus derechos humanos”.
“Este no es el caso actualmente, dadas las precarias condiciones en el estado de Rakáin. Además, el ejército no ha mostrado ninguna voluntad de abordar la discriminación sistemática contra los rohinyás”, observó Türk.
Instó a la comunidad internacional a continuar apoyando a los refugiados rohinyás y sus comunidades de acogida en Bangladesh, en medio de fondos cada vez más reducidos para programas de asistencia humanitaria.
“Se debe hacer más para que los militares rindan cuentas por sus repetidas campañas de persecución contra los rohinyás y por llevar al país a su actual crisis humanitaria y de derechos humanos”, insistió.
Por su parte, Tom Andrews, Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación en Myanmar, hizo un llamado a los líderes mundiales para que “pongan fin a una parálisis mortal de indiferencia” y tomen medidas para responsabilizar a los arquitectos y perpetradores de la violencia.
“La responsabilidad por el sufrimiento de los rohinyás comienza desde arriba. Min Aung Hlaing, que dirigió la campaña genocida, está ahora al frente de una junta militar ilegal e ilegítima que ataca a la población civil en todo Myanmar. Debe ser llevado ante la justicia y obligado a responder por sus crímenes”, dijo Andrews.
El 1 de febrero de 2021 el ejército dirigido por el general Aung Hlain errocó al gobierno civil alegando irregularidades en las elecciones que dos meses antes dieron el triunfo a la Liga Nacional Democrática (LND) de la Premio Nobel de la Paz 1991 Aung San Suu Kyi.
Numerosos dirigentes civiles fueron a la cárcel, se reprimió con dureza a las manifestaciones de protesta, con más de 300 personas fallecidas y más de17 000 detenidas, surgieron focos armados de resistencia y las fuerzas militares han llegado a bombardear aldeas enteras, con gran número de víctimas.
Esa situación ha bloqueado las perspectivas de los rohinyás desplazados de sus hogares, cerca de un millón en Banglasdesh, principalmente en campos de refugiados, más otros 100 000 que continúan en Myanmar en campos con severas limitaciones impuestas por los militares birmanos.
La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) indicó que centenares de miles de rohinyás sobreviven en muy difíciles condiciones en Cox Bazar, sureste de Bangladesh, el mayor conjunto de campos de refugiados del mundo.
“Siguen siendo apátridas –privados de nacionalidad desde 1982-, no disponen de un estatus legal y no se les permite trabajar ni salir de los campos, dependen casi por completo de la ayuda humanitaria y desde el estallido de la covid-19 viven en terrenos rodeados de vallas y alambradas de espino”, indicó un reporte de MSF.
Agregó que aunque los campos disponen ahora de mejores carreteras, más letrinas y agua potable que en el momento álgido inicial de la emergencia, la gente sigue viviendo hacinada en refugios –miles se han destruido por incendios- y no se les permite la construcción de estructuras permanentes.
“Lo que en agosto de 2017 fue una solución temporal para ofrecer refugio a personas que escapaban de una violencia atroz se ha convertido en una crisis prolongada para la que no se vislumbra ninguna solución razonable”, deploró MSF.
Agregó que “por el momento, el regreso de los refugiados rohinyás a Myanmar sigue siendo una quimera, pues para ello necesitarían que se les garanticen sus derechos, incluido el reconocimiento de su ciudadanía y el retorno seguro a sus hogares”.
Andrews, de su lado, reprendió a la comunidad internacional por no cumplir con sus responsabilidades hacia los rohinyás, pues “después de seis años, el Consejo de Seguridad (de la ONU) no ha remitido la situación en Myanmar a la Corte Penal Internacional, a pesar de la abrumadora evidencia de crímenes atroces”.
Fuente: losangelespress.org
