Migrantes centroamericanos en la estación fronteriza en el paso entre Reynosa, México, y McAllen, Texas, Estados Unidos. Washington reactivó este viernes 12 su política de devolución de migrantes irregulares hacia México, lo cual transgrede pautas del derecho internacional de refugiados, según agencias de las Naciones Unidas. Imagen: Adriana Zehbrauskas / Unicef
GINEBRA – Estados Unidos transgrede leyes internacionales al impedir el acceso a su territorio de solicitantes de asilo que llegan de manera irregular, indicaron en una declaración conjunta, este viernes 12, varias agencias de las Naciones Unidas.
Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), “las barreras que impiden que las personas ejerzan el derecho humano fundamental de solicitar asilo son inaceptables y contrarias a las obligaciones internacionales de los Estados”.
“La nueva regla del gobierno de Estados Unidos que restringe el acceso de los solicitantes de asilo que llegan de manera irregular después de transitar por otro país es incompatible con los principios del derecho internacional de los refugiados”, puntualizaron.
Washington comenzó el proceso de devolver hacia México a migrantes que cruzan su frontera sur, ya no con base en el Titulo 42 de su Código de leyes, que contempla esa medida en el marco de una emergencia de salud como la pandemia covid-19, y se basa ahora en el Título 8.
Ese otro título describe las normas y reglamentos para la inmigración y la expulsión de personas que no tienen una base legal para permanecer en el país.
“Ninguna de esas medidas puede sustituir la responsabilidad de los Estados, de Estados Unidos en este caso, de proporcionar a las personas que acceden a su territorio el derecho a buscar asilo”: Olga Sarrado.
Bajo el Título 8, cuya aplicación se reactiva, fueron expulsados millones de migrantes en las dos primeras décadas del siglo, y desde 2020 el Título 42 cubrió la expulsión de casi otros 2,8 millones, en su inmensa mayoría personas de América Latina y el Caribe.
La nueva política autoriza una expulsión acelerada de los migrantes y una prohibición de regreso de al menos cinco años, con el riesgo de enfrentar procesos penales si se intenta volver a entrar antes de ese plazo a Estados Unidos.
En su comunicado conjunto, Acnur y OIM, junto con destacar las transgresiones al derecho internacional sobre las personas refugiadas, instaron a adoptar “un enfoque colaborativo” para responder mejor a los movimientos mixtos de refugiados y migrantes en América.
Recordaron que aunque el número de personas que se acercan a la frontera estadounidense ha aumentado en los últimos años, la mayoría de quienes están en situación de movilidad humana en el hemisferio sigue siendo acogida por países de América Latina.
“Ningún país puede resolver de forma aislada los retos que suponen los movimientos de refugiados y migrantes y solo se pueden lograr avances efectivos realizando esfuerzos conjuntos para abordar las causas del desplazamiento y de la migración irregular”, indica su declaración emitida en esta ciudad suiza.
Entre esos esfuerzos mencionaron el apoyo a las comunidades que acogen a la mayoría de las personas desplazadas, el acceso a procedimientos de asilo justos y eficientes y a otros mecanismos de estancia legal, y facilitando el acceso a vías seguras y regulares como alternativas a viajes peligrosos.
Señalaron que medidas como facilitar y extender el acceso a los programas de reasentamiento, reunificación familiar, patrocinio humanitario y movilidad laboral pueden salvar vidas y proteger a las personas de la trata, el tráfico, y otras formas de violencia.
Además, ese tipo de provisiones puede ayudar a las economías nacionales que enfrentan escasez de mano de obra, recordaron.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) también se pronunció sobre el levantamiento del Título 42, recordando que “los niños migrantes tienen derecho a solicitar asilo, a ser protegidos de cualquier daño y a permanecer con sus familias”, según dijo su directora ejecutiva, la estadounidense Catherine Russell.
“Exhortamos firmemente a todos los gobiernos, incluido el de Estados Unidos, a que garanticen el acceso a los procesos de asilo, independientemente de la nacionalidad”, dijo Russell.
Acnur y la OIM acogieron con beneplácito las iniciativas positivas para expandir el reasentamiento y otras vías regulares en la región, como las planteadas por Washington “para ofrecer alternativas a las personas desesperadas que arriesgan sus vidas para encontrar seguridad y soluciones”.
Sin embargo, la portavoz de Acnur, Olga Sarrado, afirmó que “ninguna de esas medidas puede sustituir la responsabilidad de los Estados, de Estados Unidos en este caso, de proporcionar a las personas que acceden a su territorio el derecho a buscar asilo”.
Según distintos reportes de prensa, entre 60 000 y 150 000 personas aguardan en ciudades y áreas rurales del extremo norte de México para dar el salto y tratar de ingresar a Estados Unidos.
Fuente: ipsnoticias
