El periplo de los migrantes que esperan la regularización masiva en España, mientras la UE alista cambios

“Llegaron de madrugada. Cuando lo sentimos ya estaban dentro de la casa como 10, 15 policías y nos dijeron que nos mandaban para Bélgica porque Alemania no nos había tomado como refugiados y nos mandaron a la frontera, nos dieron unos documentos, las maletas, que tomáramos el tren a Bélgica y allá pidiéramos el asilo”, recuerda *Manuel, sobre esa madrugada de septiembre de 2022 mientras se encontraban en un domicilio al que habían sido trasladados dos semanas antes de la expulsión.

“Fue un traslado que ellos (los gestores oficiales del asilo) nos habían hecho del centro de refugio donde estábamos, se supone que íbamos a esperar el proceso, fuimos a matricular a los niños a la escuela, a conocer al doctor, pero siento que fue una trampa que nos movieran”, señala.

¿Qué íbamos a hacer? Nos tocó irnos

Fue su segundo intento fallido por obtener la protección internacional. Este hombre de El Salvador, ahora de 43 años, huyó de su país en 2019 cuando se desempeñaba como policía, tras recibir amenazas contra su vida por parte de una pandilla. “¿Qué íbamos a hacer? Nos tocó irnos”, recuerda con resignación.

*Manuel explica que en Alemania le fue aplicado el Convenio de Dublín. Se trata del procedimiento que establece que su resolución de asilo debe ocurrir en el primer país de la Unión Europea (UE) donde lo solicitó. Si se traslada a otro Estado miembro del bloque, puede ser retornado en un plazo de seis meses a la nación donde se registró inicialmente.

Y es que su entrada a la UE fue a través de Bélgica, primer territorio donde solicitó refugio, al exponer ante las autoridades su situación de seguridad. Pero en cerca de dos años que permaneció allí, su petición fue denegada en tres ocasiones, pese a que, asegura, entregó pruebas de las amenazas y de su oficio como policía en El Salvador.

“El motivo era porque el país ya estaba seguro, supuestamente, ya estaba libre de violencia (…) En la última entrevista me dijeron que entregara documentos que demostraran que yo era policía, se los entregué, pero no me lo dieron”, indica *Manuel sobre la denegación en Bélgica.

De regreso a Bruselas, y con las esperanzas agotadas de recibir protección internacional, tanto allí como en Alemania, pocos días después tomó la decisión de partir junto a su familia a España, donde residen actualmente.

“Unos conocidos nos dijeron que nos quedáramos allá (en Bélgica) que podíamos ‘trabajar en negro’ (de forma irregular), los niños de todas maneras pueden ir a la escuela, pero no, nosotros no queríamos escondernos, queríamos era un bienestar para los niños”, sostiene.

Su intento por obtener asilo se convirtió en un periplo que lo ha llevado por tres naciones de la Unión Europea. Hoy, cinco años después de huir de su país de origen, su situación migratoria sigue sin regularizarse.

En territorio español, hace unos meses recibió la denominada ‘carta blanca’ que le permite a los solicitantes de asilo estar en el país sin ser deportados y se encuentra a la espera de la ‘carta roja’, que los avala para trabajar de forma regular y cotizar a seguridad social, mientras están a la espera de una respuesta definitiva de su caso, pero no equivale a una autorización de residencia.

En este país se ha ganado la vida en oficios ocasionales, como jardinería y cuidados de adultos mayores, al igual que su esposa que también ha tomado trabajos en servicios del hogar, dadas las grandes dificultades para encontrar empleos estables si no cuentan con una tarjeta de residentes.

Como *Manuel, su esposa y sus hijos, hay al menos 500.000 personas en situación administrativa irregular en España, estiman las organizaciones impulsoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Regularización Ya, cuya entrada a trámite fue aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado 9 de abril, tras dos años de trabajo de 900 organizaciones civiles que se sumaron y la firma y el respaldo de 700.000 ciudadanos españoles.

Su toma en consideración en el Legislativo recibió el respaldo de todos los partidos políticos, excepto Vox, la bancada de ultraderecha del Parlamento español. Es un primer paso para la posible regularización de personas indocumentadas que se encuentren en el país desde antes del 1 de noviembre de 2021.

Expertos consultados por France 24 explican que ahora se abre un camino en el Parlamento que incluye la presentación de enmiendas al proyecto por parte de los movimientos políticos y posteriormente la votación, tanto en el Congreso, la Cámara Baja del país, como en el Senado. Un proceso que puede tomar varios meses o hasta un año.

Pese a un apoyo mayoritario entre los legisladores a la ILP, tanto de los partidos de izquierda, como de derecha, el martes 23 de abril, Vox anunció que registrará en el Congreso de los Diputados una iniciativa con la que pide rechazar la regularización masiva, cerrar los centros de menores no acompañados y la supresión de toda ayuda social para personas indocumentadas, con excepción de la estrictamente requerida hasta el momento de la expulsión.

“Es una cuestión de derechos”

Conviven entre la sociedad española, muchos son padres que llevan a sus hijos a las escuelas y trabajan en cada oficio que pueden. Pero supeditados a la falta de documentos, afrontan mayores dificultades aún para encontrar empleos que los ciudadanos o migrantes con autorización de residencia. Y de hallarlos, usualmente lo hacen a cambio de pagos menores a los establecidos legalmente. En algunos casos, expuestos a maltratos o explotación laboral.

Una situación que volvió a quedar en evidencia ante el país el pasado 19 de abril, cuando la Guardia Civil y la Policía desarticularon una organización de explotación laboral en Tarragona, en el noreste. Las víctimas procedían de Colombia desde donde llegaron con la promesa de hacer prácticas en hostelería por el pago de 500 euros, menos de la mitad del salario usual en ese oficio.

Es un escenario de violencia absoluta porque es dejar a esas personas sin derechos

Pero al llegar se encontraban con nada de lo prometido: vivían hacinados y vigilados con cámaras de seguridad, mientras trabajaban en restaurantes entre 12 y 15 horas diarias, de lunes a domingo, y en algunos casos solo recibían 20 euros mensuales, indicaron las autoridades.

La regularización de los inmigrantes “es una cuestión de derechos, una grandísima cantidad de personas que están en España en situación administrativa irregular están trabajando sin derechos, sin contrato laboral, sin ningún tipo de derecho social, sanitario, educativo, médico, de escolarizarse o de poner una denuncia en caso de sufrir violencia de género si es una mujer, porque tiene miedo a ser deportada por estar indocumentada, es un escenario de violencia absoluta porque es dejar a esas personas sin derechos”, afirma a France 24 Vivi Alfonsín, miembro del Comité de la ILP Regularización Ya, que espera a ser aprobada en el Parlamento.

Para quienes se oponen a la medida, la regularización masiva crearía “un efecto llamada” que alimentaría a las “redes de tráfico de personas”.

“Regularizar a una persona que ha llegado al país sin visado, sin permiso de trabajo, en definitiva de forma ilegal, crea un efecto negativo porque crea un efecto llamada para más inmigración que trate de llegar a España para cambiarle la ilegalidad, con el consiguiente impacto positivo para los traficantes de personas, que son los que están detrás de estos movimientos migratorios, ya se ha podido constatar a través de sitios digitales africanos, como un país sin fronteras, una llamada para todo aquel que quiera llegar ilegalmente a España”, sostiene a este medio Rubén Pulido, experto en asuntos migratorios y exsecretario de comunicación del partido Vox en Andalucía.

No obstante, cifras de la organización porCausa, dedicada al periodismo de investigación sobre inmigración, señalan que la mayor parte de personas con estatus migratorio irregular en España no proviene de África, sino de Latinoamérica, “con preeminencia de mujeres, jóvenes y con niños”, que se dedican al sector de cuidados de personas de avanzada edad. Ese sería el colectivo más beneficiado en caso de concretarse una próxima regularización masiva.

Solo el 11% de los extranjeros indocumentados son africanos, según los más recientes registros de la organización en un informe de 2022. Y “los datos de empleo más recientes sugieren que la mayor parte de las personas adultas en situación administrativa irregular están trabajando. Dos sectores concentran más de la mitad de la informalidad: las actividades del hogar (27% del empleo informal) y la hostelería (24%). Les siguen el sector manufacturero y los servicios sanitarios y sociales”, indica porCausa.

El limbo del proceso legal vs. las necesidades del mercado laboral

El exministro de Industria y Comercio, Miguel Sebastián, subraya a France 24 que paradójicamente en España, un país con una población envejecida –uno de cinco habitantes supera los 65 años, según los últimos datos del INE de diciembre de 2023– con los nacimientos a la baja y necesidades de ocupación en determinados sectores de trabajo, la población migrante es parte de la solución.

“España está tratando de traer talento, sobre todo gente cualificada, pero además tiene necesidades de trabajo no cualificado enormes, por ejemplo en la agricultura, donde está habiendo verdadera escasez de mano de obra porque los españoles en general no quieren trabajar en la agricultura, también hay necesidad de mano de obra en los servicios, fundamentalmente en hostelería, en un boom desde la recuperación del Covid,en la construcción (…) Hay una buena parte de estos inmigrantes no regularizados que tienen dificultad para encontrar un trabajo y muchos empresarios, sobre todo en el sector de la hostelería, no encuentran trabajadores regularizados y los necesitan para el comercio y sus empresas”, explica el exministro sobre los empleos con menos demanda entre los españoles.

Estos trabajadores, por su edad, está demostrado que contribuyen más de lo que cuestan al sistema

PorCausa también señaló en un estudio que la regularización significa un aporte fiscal de 3.250 euros anuales por cada trabajador migrante, con un acumulado neto de entre 790 y 950 millones de euros por año.

“Desde el punto de vista de las cuentas públicas, supone que haya cotizaciones sociales, que ellos paguen impuestos, y que por tanto aumente la base impositiva para el conjunto de la comunidad española. Además, estos trabajadores, por su edad, está demostrado que contribuyen más de lo que cuestan al sistema, no tienen pensión, no tienen subsidio de paro porque están trabajando, no acuden a los centros sanitarios, durante una temporada no tienen hijos y no necesitan educación. Por tanto, son trabajadores que al sistema le cuestan muy poco, en cambio, aportan mucho”, indica el extitular de la cartera de Industria y Comercio.

Habría que pensar por qué hacer pasar a las personas por tres años de irregularidad cuando realmente el mercado laboral español las necesita

Diego Boza, jurista del Observatorio de Derecho Público e investigador de inmigración y Derechos Humanos, pone de relieve que, pese a esas necesidades, el diseño migratorio español lleva implícita la irregularidad. Y es que si bien existen varias vías para la regularización en España, a través de la figura del arraigo, con excepción de la de tipo familiar, una persona que esté indocumentada en el país debe cumplir con un periodo como irregular antes de poder aplicar a una normalización de su estatus migratorio.

“Habría que pensar por qué hacer pasar a las personas por tres años de irregularidad cuando realmente el mercado laboral español las necesita, ¿por qué no se generan mecanismos para que esas entradas se produzcan de forma regular y no tengan que esperar hasta las figuras del arraigo para la regularización?, ¿por qué no generar vías legales y seguras para la llamada migración económica?”, cuestiona Boza.

Contiene un racismo estructural tremendo porque te está diciendo que ellos asumen que es una persona como de segunda categoría

El jurista se refiere a la figura de regularización más común utilizada por las personas indocumentadas, la de arraigo social, que exige un mínimo de tres años viviendo en el país de forma irregular, sumado a la consecución de un contrato laboral de una empresa española que garantice al menos el salario mínimo interprofesional.

“Mantener a una persona en lo que supone una irregularidad administrativa durante tres años y que eso parezca normal a las instituciones contiene un racismo estructural tremendo porque te está diciendo que ellos asumen que es una persona como de segunda categoría, que puede estar sin derechos de ningún tipo durante tres años porque les parece normal, como si fuera un peaje que hay que pagar. Y esto, desde luego, desde una perspectiva antirracista y de derechos es absolutamente inaceptable”, remarca Alfonsín.

“No se trata solo de las normas de extranjería sino de las normas laborales y de la capacidad que tiene el sistema español de perseguir los abusos y la explotación”, agrega Boza.

La construcción de la irregularidad es bastante falaz y está vinculada a decisiones estatales que privilegian a los nacionales de unos países y perjudican a los nacionales de otros

Por otra parte, el jurista destaca las diferencias aplicadas por el sistema migratorio español a la hora de conceder asilo, muchas veces marcado por los países de procedencia, indica.

“La irregularidad depende de decisiones estatales que marcan las condiciones por las que personas que vienen de unos lugares son consideradas migrantes regulares y las de otros no. España, por ejemplo, ha concedido la protección por razones humanitarias a 60.000 personas provenientes de Venezuela, en el año 2023. De la misma manera, desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, más de 200.000 personas ucranianas han entrado solo en España y se encuentran en situación regular porque se les concedió la protección temporal (…) Por tanto, la construcción de la irregularidad es bastante falaz y está vinculada a decisiones estatales que privilegian a los nacionales de unos países y perjudica a los nacionales de otros”, resalta Boza.

*Julia es un ejemplo de las dificultades de algunos inmigrantes en España, no solo para adquirir un estatus migratorio regular, sino para mantenerlo. Esta psicóloga, de 60 años, cuenta a France 24 que huyó de Colombia, su país natal, en 2020. “Fue justo antes de la pandemia”, rememora. Señala que trabajaba en un colegio, donde atendió a un alumno forzado a recoger el dinero de extorsiones a los comerciantes de su pueblo, en la costa, por parte de un grupo armado, que prefiere no mencionar por razones de seguridad.

“Aunque está el secreto profesional, yo denuncié (ante la Policía) porque vi que ese niño estaba en peligro, pero supieron que fui yo (…) Y llegaron dos hombres al colegio, me amenazaron, me dijeron usted es tal, vive en tal dirección, su hijo trabaja en tal empresa, ¡madre mía!, sabían todo”, afirma.

Fue entonces cuando partió hacia España. Tras dos años en proceso de asilo recibió la negativa.

Sin embargo, a finales de 2022 solicitó el arraigo laboral, que le fue concedido, dado que con el permiso para trabajar que había obtenido durante su tiempo de solicitante de asilo pudo cotizar a seguridad social por sus labores en el cuidado de enfermos y adultos mayores.

Pero su trabajo le costó graves afectaciones de salud. Cuenta que frecuentemente levantaba personas de mucho peso y después de bañar a una de las personas que cuidaba sintió un fuerte dolor en la espalda. Posteriormente conoció su diagnóstico: tiene lesiones en cuatro cervicales del cuello, dos hernias y desgaste de columna. No pudo seguir trabajando ni demostrar más cotizaciones sociales, por lo que al momento de renovar ese tipo de residencia le fue denegada. Hoy se encuentra de nuevo en la irregularidad y con su salud seriamente quebrantada.

“Me he deprimido bastante de verme así, con dolor, yo siempre he sido muy alegre, me gusta caminar, bailar”, lamenta que ya no es la misma.

*Julia asegura que si ya estuviera en vigor una regularización masiva, esa podría ser su solución, al menos en la parte legal. El arraigo laboral fue retirado este abril para las personas que previamente hayan solicitado asilo. Aquellos con “carta roja” tuvieron permitido trabajar y cotizar prestaciones durante ese tiempo, pero una resolución del Tribunal Supremo subrayó que están en situación de “mera tolerancia” y no de “residencia”, por lo que esa ya no es una vía para ella ni las personas en su misma condición.

“Lo que veo es que a un inmigrante no le dan la oportunidad de que se integre y uno quiere trabajar, deberían ver los perfiles, quién se quiere superar y trabajar, vamos a tener casi dos años en España, ¿cómo hemos hecho para pagar piso? Trabajando, eso deberían de ver”, recalca por su parte *Manuel, que también señala que con una regularización masiva en España podría salir del limbo migratorio en el que han estado él y su familia desde su primer intento por recibir refugio en Bélgica, hace cinco años.

Las claves del nuevo Pacto de Migración y Asilo en la UE

Mientras España intenta resolver por separado la inmigración irregular, en bloque, los 27 países de la Unión Europea aprobaron en la Eurocámara el Pacto de Migración y Asilo el pasado 10 de abril, que busca gestionar las futuras llegadas.

El acuerdo todavía debe ser aprobado de manera oficial por el Consejo Europeo y posteriormente lo ratificarán los Estados para su aplicación.

Aunque está previsto un plan de implementación de la Comisión Europea para antes del próximo 30 de junio, los países de la UE tendrán hasta dos años para modificar sus leyes nacionales para que cumplan con la Directiva sobre Condiciones de Recepción refundida del nuevo pacto.

Por tanto, a partir del próximo año se puede empezar a ver en la práctica, estiman los expertos consultados.

Se trata de cinco reglamentos clave que “afectan a todas las fases de la gestión del asilo y la migración: el control de las llegadas irregulares; la toma de datos biométricos; los procedimientos para presentar y tramitar las solicitudes de asilo; las normas para determinar qué Estado miembro es responsable de tramitar una solicitud de asilo; la cooperación y solidaridad entre Estados; y la gestión de las situaciones de crisis”, señala el Palacio de la Moncloa.

Estos son los pilares del nuevo pacto:

• Control y refuerzo de las fronteras: este lineamiento incluye centros de detención en las fronteras exteriores de la Unión Europea y la cooperación con terceros países. Bruselas recuerda que ya ha establecido acuerdos de vigilancia fronteriza con otras naciones, mediante el trabajo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

“El control debe llevarse a cabo cerca de las fronteras exteriores durante un periodo máximo de siete días y se aplicará a las personas que, a pesar de no cumplir las condiciones de entrada en la UE: crucen una frontera exterior por tierra, mar o aire; sean llevadas a tierra en operaciones de búsqueda y salvamento en el mar”, señala el Parlamento Europeo en su sitio web oficial.

Pero,  si son “interceptadas dentro del territorio si inicialmente han eludido los controles en las fronteras exteriores (excepcionalmente, en esta situación el control debe llevarse a cabo en tres días)”.

Quienes sean sometidos a ese control no podrán ingresar al bloque de la UE hasta que haya una resolución.

Ese control incluirá:

• Proceso de identificación biométrico y digitalizado: una vez sean retenidos en centros de acogida, los migrantes pasarán por un procedimiento que incluye pruebas sanitarias, de identificación y de seguridad para verificar que no constituyen una “amenaza para la seguridad interior”, así como toma de huellas dactilares y otros datos, incluso biométricos, en la base de datos Eurodac.

Al final del control, en los centros de detención se determinará rápidamente si los migrantes son admisibles a un proceso de asilo o si son retornados.

• Procedimiento sobre el trámite de asilo: incluye la disminución de plazos para resolver las solicitudes, lo que también acelera la deportación de los solicitantes de asilo rechazados.  “Se establecerá un nuevo procedimiento común en toda la UE para conceder y retirar la protección internacional. En el futuro, la tramitación de las solicitudes de asilo en las fronteras de la UE tendrá que ser más rápida y con plazos más cortos para las solicitudes infundadas o inadmisibles”, señala la Eurocámara.

Asimismo, “se actualizarán los criterios según los cuales un Estado miembro es responsable de examinar las solicitudes de protección internacional (las llamadas reglas de Dublín)”.

En este sentido, se mantiene el requisito de que el primer país de entrada sea responsable de resolver la solicitud, pero entrarán excepciones si el solicitante cuenta con familiares en otro Estado del bloque o posee un diploma o conocimiento del idioma de otra nación de la UE, la cual deberá responsabilizarse en un plazo de dos meses de solucionar el requerimiento.

El objetivo es “aliviar la carga en los países de la UE a los que llegan más migrantes” y “ayudar a reducir los desplazamientos secundarios”.

• Mecanismo de “solidaridad flexible”: abarca la repartición de migrantes. Obliga a los 27 países a responder, en caso de que un Estado, especialmente aquellos en el sur de Europa, se vea desbordado con la llegada de inmigrantes mediante sus fronteras marítimas. O en caso de que un país rechace la recepción, deberá pagar a la nación de acogida 20.000 euros por cada inmigrante que se niegue a recibir.
• Gestión de situaciones de crisis: ante situación de fuerza mayor, como la crisis de migrantes de 2015 que impulsó este pacto, los Estados de la UE pueden detener provisionalmente este acuerdo e implementar medidas de solidaridad adicionales, como reubicaciones, compensaciones financieras o de responsabilidad. Como motivo de crisis también se contempla la denominada “instrumentalización”, cuando un país fuera del bloque facilita el envío masivo de migrantes con “un objetivo desestabilizador”.

¿Salvaguardia de las fronteras vs. protección de la vida?

Fundamentalmente, los migrantes procedentes de terceros países serán sometidos a dos alternativas: procedimiento del asilo o devolución. La UE insiste en que serán de forma acelerada, pero aún no ha publicado tiempos y criterios específicos para determinar estas dos vías.

Calificado como “histórico” por Bruselas, fuertemente refutado por las organizaciones humanitarias y considerado “insuficiente” por líderes políticos que lo respaldan, los expertos entrevistados remarcan que gran parte de los lineamientos ya se han venido aplicando de manera individual por algunos países. Ahora el pacto busca unificar reglamentos, pero la forma en que serán ejecutados aún está por verse.

No hay equilibrio entre la necesidad de proteger las fronteras y la protección de la vida

Valentina Brinis, portavoz de Open Arms Italia y quien ha trabajado en operaciones de rescate en ultramar, subraya que el pacto sitúa el aseguramiento de las fronteras por encima de la protección de la vida humana. Según su evaluación, se enfoca en frenar la llegada de personas y no en la solución de fondo para respetar el derecho de migrar o pedir protección y que este sea posible de manera segura.

“En ninguna parte del pacto hay referencia sobre la situación humanitaria o las operaciones de rescate, nunca se escuchó a las ONG que trabajan en salvamento marítimo (…) No hay equilibrio entre la necesidad de proteger las fronteras, que es una necesidad que todos tenemos, y la protección de la vida de quienes cruzan la frontera”, expone Brinis.

La experta destaca el riesgo de que los procedimientos acelerados excluyan las garantías que debe tener una persona en los procesos de asilo, ya que no daría tiempo suficiente a los afectados para sustentar sus casos, “especialmente aquellos con situación de trauma”. Además, resalta, el acuerdo deja por fuera medidas para la integración de los inmigrantes.

“Es una situación que no impacta solo a una persona, sino a toda la sociedad, porque de esta manera (sin un proceso de integración) tendremos problemas de seguridad porque hay muchísima gente que está fuera de la sociedad, esa es la consecuencia mayor”, afirma la portavoz de Open Arms.

Para Ruben Pulido, “en principio el pacto migratorio es positivo” para frenar la inmigración irregular vía marítima. Sin embargo, el experto sostiene que el punto referido a los centros de detención en las fronteras exteriores de la UE deja parte de la responsabilidad en manos de países africanos o fuera del bloque, que podrían incumplir los compromisos para detener el paso de extranjeros.

“Las medidas deberían realmente tomarse en el país destino, es decir si llegan a España o Italia, que sean esos los que establezcan acuerdos con los países de origen para agilizar la deportación (…) Nos rendimos una vez más hacia las decisiones finales de los países emisores de estos inmigrantes, que han encontrado en esta inmigración una cuestión monetizable, Túnez, Egipto, Mauritania han recibido fondos europeos, para ellos es un negocio, solo tienen que enviar inmigrantes a España para recibir dinero con la excusa de detener esa inmigración”, evalúa Pulido.

No tenemos un pacto migratorio, tenemos un pacto antimigratorio, las medidas que se plantean tienden a dificultar lo máximo posible la migración

Para Brinis y Boza la preocupación recae en ceder responsabilidades a países cuestionados por la violación de Derechos Humanos, lo que dejaría a los migrantes en mayor grado de vulnerabilidad. Apuntan a que en conjunto el pacto aumentaría el sufrimiento de quienes intentan llegar a Europa.

“En realidad no tenemos un pacto migratorio, tenemos un pacto antimigratorio, las medidas que se plantean tienden a dificultar lo máximo posible la migración y a complicar lo máximo posible el acceso al asilo”, asegura el jurista del Observatorio de Derecho Público tras referirse a países como Libia, donde ya funcionan centros de detención de migrantes.

Boza también cuestiona procedimientos, que posiblemente activen aún más las llamadas ‘deportaciones express’.

“Hay cuestiones llamativas, la posibilidad de que durante estos procedimientos una persona pueda pasar 12 semanas privada de la libertad a la espera de una resolución, en una especie de limbo jurídico que asume que la persona aún no ha entrado en territorio de la Unión Europea, a pesar de que está bajo el control de las instituciones de un Estado de la UE, es una auténtica aberración jurídica (…) Es legitimar los procesos que se han venido desarrollando ahora mismo de devoluciones en caliente, sin el seguimiento de los requisitos mínimos para valorar las condiciones específicas de las personas, hay que recordar que la Carta de Derechos de la UE reconoce el derecho al asilo. Sin embargo, con la regulación que se plantea ese derecho al asilo va a quedar muy disminuido”, sentencia el jurista.

‘No hay normas capaces de frenar los flujos migratorios’: ¿cómo abordarlos?

Pulido sostiene que el acuerdo “puede disminuir los flujos migratorios, pero no tanto como fuese necesario. Deben implementarse controles más severos”. Entre ellos, destaca, evitar políticas laxas que, en su apreciación, impulsan a “las redes de tráfico de personas detrás de la inmigración” irregular.

Boza subraya que el punto de partida para un pacto migratorio adecuado sería el establecimiento de vías legales y seguras para que las personas que requieran migrar a Europa tengan herramientas reales y prácticas que les permitan entrar de forma regular, algo que, resalta, no está incluido en lo acorado por los 27.

“Hay que recordar que en el sistema actual una persona que se encuentre en una situación de este tipo tiene que entrar en territorio europeo y tiene que entrar, por ejemplo, si proviene de África, tendría que solicitar un visado, generalmente se lo van a denegar, y de ser así tiene que encontrar la forma de cruzar la frontera y es lo que genera toda esta industria del tráfico de personas. El principal instrumento para desmontar la industria del tráfico de personas sería precisamente la creación de instrumentos legales y seguros, la creación de visados, la creación de solicitudes en origen, que les permita no tener que jugarse la vida y encontrar formas adecuadas para entrar de forma regular”, afirma Boza.

Una apreciación con la que coincide Brinis. Y es que para personas que proceden, por ejemplo, de naciones como Siria, su pasaporte solo les permite entrar a siete países del mundo. Y entre aquellos a los que tienen acceso se encuentran territorios como Haití e Irán, cuestionados por graves crisis y vulneración a los Derechos Humanos.

“Hace años que trabajo en estos temas y no recuerdo una política que fuera capaz de parar los flujos migratorios, porque estamos hablando de personas que buscan moverse de su país, por mil razones diferentes, pero sí tienen una razón para abandonar su país es algo que ninguna ley puede parar (…) Si tienes pasaporte y la posibilidad de obtener una visa, tienes un poder de movimiento en el mundo. En el pacto y a nivel europeo, debemos trabajar sobre este punto”, remarca la vocera de Open Arms Italia.

En un mundo en el que aumentan las crisis humanitarias, económicas, las guerras y las emergencias climáticas, no hay normas capaces de detener las migraciones, destacan los expertos, por lo que no se trata de cómo frenar, sino de cómo gestionar la migración. Un derecho fundamental, instituido en los artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

*Los nombres de las personas entrevistadas fueron cambiados, bajo su petición, para proteger su identidad.

Fuente: france24