El 12 de octubre, el Gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo trámite según el cual todos los venezolanos que crucen ilegalmente la frontera de México hacia Estados Unidos serán expulsados al vecino latinoamericano. © José Luis Gonzalez / Reuters
Imágenes de migrantes venezolanos confundidos, que deambulan en estados del sur de México sin saber cuáles serán sus próximos pasos, se han multiplicado durante las últimas dos semanas. France 24 habló con los actores que monitorean el flujo migratorio en Centroamérica para entender los efectos prácticos e inmediatos de la reciente ampliación del Título 42 por Estados Unidos.
Dejar atrás su país y cruzar medio continente es de por sí un viaje plagado de incógnitas. Pero esa incertidumbre se ha espesado aún más en las últimas dos semanas, con cambios de 180 grados en la política migratoria estadounidense.
El 12 de octubre, el Gobierno de Joe Biden anunció una nueva medida que concierne a los venezolanos: el que entre de forma irregular por la frontera terrestre con México o que haya llegado en igual circunstancia a Panamá, será expulsado de inmediato hacia territorio mexicano, sin la oportunidad de pedir asilo.
Se trata de una ampliación del Título 42, que permite que Estados Unidos impida a los migrantes de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, y ahora Venezuela, solicitar asilo en la frontera. Esa medida data de la Administración Trump y se basaba en la necesidad de ayudar a prevenir la propagación del Covid-19. “Pero ya ha quedado más que claro que no tiene nada que ver con salud pública”, denuncia Tyler Mattiace, investigador para Human Rights Watch (HRW) en diálogo con France 24.
El Gobierno de Joe Biden había intentado suspender esa práctica en marzo de este año y un juez se lo negó. Pero ahora, en un giro contradictorio, decidió expandirla. Su propio Departamento de Justicia sigue combatiendo en los tribunales para suprimir ese Título 42. “Es absurdo, una de sus manos está peleando para supuestamente suprimirla y la otra la está ampliando”, añade Mattiace.
Desmantelando el sistema de asilo estadounidense
El anuncio llegó unas semanas antes de las elecciones legislativas del 8 de noviembre en Estados Unidos, pero también en un momento en el que las tendencias migratorias han cambiado de forma radical. En los últimos meses, el número de venezolanos que llegaron a EE. UU. en busca de protección superó al de los migrantes procedentes de Centroamérica.
“En cuanto aumenta el número de inmigrantes en la frontera de una determinada nacionalidad, este Gobierno pretende aplicar una política específica para dicha nacionalidad”, comenta el investigador que cubre México y Guatemala en la división de las Américas de HRW. “Así se está desmantelando el sistema de asilo y principios básicos del derecho humanitario internacional”, critica.
“Y ha sido dramático: se registraron 5.000 expulsiones de venezolanos desde un poco más de una semana de implementación de esa ampliación del Título 42”, completa Maureen Meyer, vicepresidenta de los Programas para la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) en declaraciones a France 24. “Es preocupante porque mantiene cerrada la frontera a muchas personas con necesidad de protección”.
Un anuncio simultáneo que sí fue recibido con “satisfacción” por varios organismos de derechos humanos, incluyendo WOLA, es el programa “parole humanitario”, que da estatus legal por dos años a 24.000 venezolanos que lleguen en avión y dispongan de un patrocinador, de forma similar a como se ha admitido a los ucranianos desde la invasión rusa en febrero.
“Es un pequeño paso para dar refugio por vías legales. Sin embargo, ese número es un mínimo en comparación con las necesidades”, matiza Maureen Meyer. Efectivamente, para solo septiembre las propias autoridades estadounidenses ya registraron en la frontera 33.000 personas provenientes de Venezuela.
Otro problema es que los requisitos para obtener ese permiso son bastante excluyentes. “El solo hecho de tener un pasaporte vigente es complicado para una mayoría de venezolanos”, recalca Tyler Mattiace, en referencia a los trámites lentos y costosos en el país suramericano.
El desconcierto de los que ya estaban en camino
El primer impacto que han tenido esos anuncios fue generar mucha “incertidumbre” entre los migrantes venezolanos: “Varios estaban saliendo del Tapón del Darién cuando se hizo el anuncio”, cuenta a France 24 Sibylla Brodzinsky, vocera regional para la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en América, refiriéndose a la peligrosa selva que separa Panamá de Colombia.
Por lo que rápidamente, la prioridad de ese organismo de las Naciones Unidas fue alertar a las personas que tenían como objetivo llegar a Estados Unidos: “Lo primero era asegurarnos que tomen decisiones informadas sobre seguir o no su viaje”.
En efecto, la travesía migratoria por Centroamérica está rodeada de desinformación y rumores que dificultan la toma de decisiones para las familias migrantes. A esto hay que añadir el tormento que supone echarse atrás en una elección de vida como la de abandonar su patria, más aún cuando se han invertido todos los ahorros en ella.
“Este cambio repentino de la política realmente les ha dejado perplejos y emocionalmente desgastados. Algunos o casi la mayoría no saben qué hacer, si deberían seguir subiendo la ruta hacia el norte o quedarse donde están o, incluso, regresar a Venezuela”, expuso Rodd Gerstenhaber, jefe de misión de Médicos Sin Fronteras (MSF) en México y Centroamérica.
Ese nuevo plan no solo afecta a los migrantes venezolanos, también a los países de tránsito. “Ya se nota un incremento de personas venezolanas ya sea preguntando para los procesos de solicitudes de asilo, o aplicando a las mismas en los países donde se encuentran: Panamá, Costa Rica, México”, explica Sibylla Brodzinsky.
Y en Centroamérica, la presión que esa realidad puede suponer para las instituciones migratorias no tiene el mismo impacto según la experiencia de los países: “México tiene un sistema de asilo robusto, congestionado sí, pero tiene la capacidad de recibir. Las capacidades de Guatemala son mucho más reducidas, aunque (están) creciendo”, reporta la vocera de ACNUR.
Más al norte, Panamá y Costa Rica no tienen los recursos y la infraestructura para lidiar con las actuales olas migratorias. Lo ilustran las declaraciones el 26 de septiembre del ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, quien destacó que la migración proveniente de países como Nicaragua y Venezuela estaba “agotando los sistemas”.
En la ruta migratoria, no hay refugio que no esté desbordado
Del lado de México, donde los albergues para migrantes en las dos fronteras desde antes del anuncio ya no daban abasto, la probable avalancha de venezolanos expulsados preocupa.
“Es un procedimiento que lleva tiempo, nosotros vamos a apoyar a los que están en nuestro territorio, como siempre lo hacemos, con albergues, con alimentación, con atención médica”, aseguró por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador el viernes 21 de octubre.
“Pero para varios gobiernos de Centroamérica, ese anuncio llegó como una sorpresa completa y no saben cómo responder”, asegura Tyler Mattiace de HRW. “La respuesta de México que estamos evidenciando es subir a esas personas a buses y llevarlos a ciudades que ni siquiera están preparadas para recibirlas. Eso cuando no los expulsan ilegalmente en la frontera con Guatemala”. Maureen Meyer, de WOLA, lo confirma: “México no ha sido claro en cuanto a lo que sigue para ellos”.
En lugar de una aclaración, lo que los migrantes reciben actualmente por parte de las autoridades migratorias mexicanas es una carta en la que se les ordena regresar a Guatemala en un plazo de 15 días. “Pero esas personas no tienen nada. Andan en chanclas y sin dinero porque les quitaron todo en la frontera con Estados Unidos”, se indigna el investigador Tyler Mattiace.
Este año, se hicieron públicas denuncias alegando que agentes fronterizos estadounidenses no devolvían las pertenencias de los migrantes detenidos, incluyendo medicina, dinero y evidencias para sus solicitudes de asilo. Esas denunciadas prácticas, en el contexto de ampliación del Título 42 a los venezolanos, dejan a un número creciente de personas vulnerables, deambulando en un México que les exige salir del territorio en dos semanas.
“Esa actitud del Gobierno de México de decir ‘sabemos que esas personas no quieren quedarse aquí, entonces no es nuestra responsabilidad darles cómo quedarse’, es decepcionante”, sentencia Tyler Mattiace.
La respuesta militar en escena
Guatemala también se ha visto involucrada en la tumultuosa gestión de un interminable problema migratorio que cambia de rumbo conforme a las decisiones de Estados Unidos. De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración, el paso de venezolanos por el país se ha incrementado 92% en el último mes: del 1 al 12 de octubre fueron localizados y rechazados 1.906, en comparación con los 998 del mismo período de septiembre.
Una de las respuestas del país centroamericano fue un despliegue de personal militar: “Se asignó a más de 1.100 soldados del Ejército de Guatemala y no solamente en las fronteras. Estamos hablando de 11 puestos de control que se colocaron cerca de las principales aduanas y puntos de ingreso a territorio nacional hacia Honduras, El Salvador y México, así como en el interior del país, en las principales rutas migratorias que interconectan esas fronteras”, cuenta el vocero del Ejército de Guatemala, el coronel Rubén Tellez.
Frente a estas puertas que se cierran una tras otra, la única salida que queda para varios migrantes con el sueño americano aplastado es retornar a Venezuela. Varios países de tránsito optaron por brindar asistencia a los que tomarían esa decisión, asignándoles vuelos.
Es el caso de Panamá, donde 900 migrantes venezolanos que estaban en un albergue han retornado voluntariamente a su país en los últimos días en “vuelos humanitarios”. Pero incluso una vez tomada esa decisión, el camino sigue lleno de escollos, como lo cuenta Tyler Mattiace: “Para conseguir un billete, tienen que ponerse en contacto con las embajadas de un país del que han huido y donde las acusaciones de traición son moneda común”.
Una de las fallas de la ampliación del Título 42 fue no pensar en qué pasa con las miles de personas que ya están en el camino para Estados Unidos.
Además, esos viajes de retorno voluntario los deben sufragar los propios viajeros. Según testimonios que recolectó la agencia EFE, cuestan entre 180 y 280 dólares. Es una cuestión “de oferta-demanda del mercado, nosotros no podemos decirle a un comercio o empresa qué cobrar”, comentó la directora de la oficina panameña de Migración, Samira Gozaine.
Un dinero que, una vez más, hace falta a esas personas que han salido de Venezuela justamente por una crisis económica sinfín. “Una de las fallas de la ampliación del Título 42 fue no pensar en qué pasa con las miles de personas que ya están en el camino para Estados Unidos”, concluye Maureen Meyer.
Y de hecho, dos semanas después de este cambio en la política migratoria, pocos lo saben: ¿se quedarán varados en países donde no tenían previsto permanecer? ¿Volverán a una Venezuela de la que se jugaron todo para huir? ¿O seguirán intentando llegar a Estados Unidos sin ser detectados, con todos los peligros que esto supone para sus vidas?
Fuente: France24
