El ejecutivo conservador de Rishi Sunak afirma que aún así ahorraría gracias al recorte en ayudas a los asilados.
El ejecutivo conservador de Rishi Sunak afirma que aún así ahorraría gracias al recorte en ayudas a los asilados.
Como sus predecesores Liz Truss y Boris Johnson, Sunak (nieto de inmigrantes indios) considera una prioridad reducir la inmigración al Reino Unido, una de las grandes promesas del Brexit.
Su gobierno quiere ilegalizar las solicitudes de asilo de quienes lleguen de forma irregular al país y enviar a esas personas a terceros países «seguros», como Ruanda.
Una evaluación de impacto publicada el martes por el ministerio del Interior señala que el coste inicial de trasladar a una persona a un tercer país sería de unas 169.000 libras, incluidos el pago de 105.000 libras a dicho país, los billetes de avión y los gastos administrativos.
Pero predice un ahorro en ayudas durante cuatro años de 106.000 libras por cada solicitante de asilo trasladado, que podría ascender a 165.000 libras si los costes de alojamiento crecen al ritmo que se viene observando desde 2019.
El informe precisa sin embargo que son cifras «muy inciertas» y que el plan debería disuadir al 37% de los irregulares actuales para lograr el ahorro.
Con este controvertido programa, el gobierno británico busca disuadir a los migrantes de cruzar irregularmente en pequeñas embarcaciones desde las costas de Francia, una de las rutas más peligrosas del mundo por su gran tráfico de cargueros, cuyos números se dispararon en los últimos años.
Más de 45.000 migrantes llegaron irregularmente a las costas inglesas en 2022, un aumento del 60% respecto a 2021.
El proyecto de ley, que se está debatiendo en el Parlamento, fue criticado por el posible trato que recibirían los solicitantes de asilo en Ruanda.
«Dejaría a decenas de miles de refugiados sin poder acceder a la protección a la que tienen derecho en virtud del derecho internacional», denunció Enver Solomon, director de la organización Refugee Council.
El plan, anunciado por Johnson el año pasado, fue bloqueado en el último momento por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y sigue enzarzado en recursos judiciales en el Reino Unido, por lo que hasta ahora nadie fue deportado.
Jueces londinense deben pronunciarse sobre su legalidad el jueves.
Defensores de los derechos humanos acusan a Ruanda, gobernada con mano de hierro por el presidente Paul Kagame desde el genocidio de 1994, en el que murieron 800.000 personas, de reprimir la libertad de expresión y la oposición.
Fuente: mediatiko
