Añadieron que el dictamen del tribunal trinitense no está en línea con los principios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, e insistieron en que la retirada de medidas de protección de los migrantes “no es una solución”, sino que pone en riesgo a los refugiados de sufrir abusos, explotación, torturas, desapariciones forzadas y otros tipos de malos tratos.
Los expertos de la ONU aseguraron que ya se han comunicado en dos ocasiones con el Gobierno de Trinidad y Tobago para tratar la situación de los migrantes venezolanos afectados por este fallo judicial, así como por las denuncias de devoluciones forzosas en el mar, que podrían constituir violaciones del derecho a la vida.
De momento, no han recibido respuesta de las autoridades del país insular.
“Los migrantes son, ante todo, seres humanos (…) y están protegidos por el Derecho internacional de los derechos humanos, sin discriminación y en pie de igualdad con el resto de ciudadanos”, dijeron.
Entre los firmantes del comunicado están el relator especial para los derechos de las personas migrantes, Felipe González Morales, los miembros del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas o Involuntarias y el relator especial sobre ejecuciones arbitrarias, Morris Tidball-Binz. EFE
Fuente: Swissinfo