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Investigación denuncia cómo los países del norte de África empujan a los migrantes al desierto con apoyo de la UE

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Un estudio coordinado por Lighthouse Reports revela que los fondos del bloque han sido utilizados por Marruecos, Túnez y Mauritania para realizar deportaciones masivas hacia áreas desérticas y peligrosas, contradiciendo las afirmaciones de protección de derechos humanos de la Unión Europea.

Una investigación conjunta de un año de duración coordinada por la agencia de periodismo de investigación Lighthouse Reports y un consorcio de medios internacionales -entre los que se encuentran The Washington Post, Le Monde, Der Spiegel y El País– reveló cómo los fondos de la Unión Europea (UE) están siendo utilizados por Marruecos, Túnez y Mauritania para realizar arrestos masivos y deportaciones colectivas de migrantes hacia zonas desérticas y peligrosas.

Dichos países, que son rutas clave en los caminos migratorios hacia Europa, han recibido más de 400 millones de euros desde 2015 para la gestión de fronteras a través del Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE. Pero los fondos también se han utilizado para abandonar a los migrantes en el desierto, sin agua ni refugio. La investigación documentó que miles de migrantes han sido arrestados y deportados en condiciones inhumanas.

Migrantes esperan en el puerto tunecino de Sfax después de ser detenidos en el mar por la guardia costera tunecina durante un intento de cruzar a Italia, el 26 de abril de 2023. Foto: Reuters

El reporteo se basó en entrevistas con migrantes, observación directa en terreno, cámaras ocultas, documentos oficiales y análisis de acuerdos de financiamiento de la UE. Así, encontraron que, en Marruecos, 59.000 migrantes fueron arrestados en 2023 y deportados a zonas remotas del país. En Mauritania, los migrantes han sido transportados semanalmente a la frontera con Mali y abandonados. Y que en Túnez, se registraron 13 deportaciones colectivas a las fronteras con Libia y Argelia entre julio de 2023 y abril de 2024.

Las prácticas, que incluyen violencia, extorsión y condiciones de detención deplorables, han sido realizadas en parte con vehículos y equipos financiados por la UE. En enero de este año, la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, admitió que hay informes sobre migrantes abandonados en el desierto en Túnez, pero no confirmó que esta práctica haya cesado, pero negó que la UE esté financiando el maltrato o deportación de migrantes.

La ministra de Migración de Suecia, Maria Malmer Stenergard, la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, y Gunnar Strommer, ministro de Justicia de Suecia, en la primera reunión ministerial informal durante la Presidencia sueca de la UE, en Estocolmo, el 26 de enero de 2023. Foto: Reuters

“El hecho es que los Estados europeos no quieren ser los que se ensucien las manos. No quieren ser considerados responsables de la violación de los derechos humanos”, afirmó al Post la experta jurídica y en derechos humanos Marie-Laure Basilien-Gainche, de la Universidad Jean Moulin Lyon 3 de Francia. “Por eso están subcontratando estas violaciones a terceros Estados. Pero creo que, en realidad, según el derecho internacional, ellos son responsables”.

Consultada por La Tercera sobre la ética de estas prácticas, Basilien-Gainche explicó que “si la UE y sus Estados miembros tuvieran como objetivo respetar los principios éticos, por ejemplo, la igualdad de todos los seres humanos, ya sean parte de su comunidad política o no, no desplegarían tales políticas de no entrada, políticas migratorias y de asilo restrictivas. Las justificaciones que desarrollan los políticos europeos y nacionales para apoyar tales políticas restrictivas de migración y asilo son fundamentalmente falaces, ya que parecen estar ancladas en la voluntad de satisfacer una opinión pública que se supone está preocupada por cuestiones migratorias”.

La policía española intenta dispersar a los migrantes en la frontera entre Marruecos y la ciudad autónoma española de Ceuta, el 18 de mayo de 2021, en Fnideq. Foto: Archivo

Además de la Unión Europea en su conjunto, hay países europeos específicos que han participado directamente en la deportación ilegal de migrantes, consignó la investigación. Entre estos países están España, Francia e Italia, que no solo han apoyado financieramente las políticas, sino que también han ejecutado las acciones que facilitan las deportaciones hacia áreas desérticas en Marruecos, Túnez y Mauritania.

Por ejemplo España, que ha operado mayoritariamente en Mauritania, ha desplegado desde 2006 al menos a 50 agentes de policía de forma permanente en las dos principales ciudades de dicho país, Nouakchott y Nouadhibou, utilizando vehículos y barcos para el patrullaje conjunto. Los vehículos utilizados para las deportaciones, incluyendo los Toyota Hilux, fueron suministrados por España en 2019, con el propósito declarado de ser utilizados por las autoridades mauritanas para combatir la “migración ilegal”, según las licitaciones. Así, los vehículos han transportado migrantes arrestados a la frontera con Malí, donde son abandonados.

Un grupo de migrantes espera para desembarcar de un barco de madera después de ser rescatados por un buque de la guardia costera española en el puerto de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, el 18 de enero de 2024. Foto: Reuters

En 2023, las patrullas conjuntas realizaron casi 3.700 interceptaciones en el mar, según datos del Ministerio del Interior español recogidos por la investigación conjunta. En respuesta a una solicitud detallada de comentarios por parte de los medios, el Ministerio del Interior de España no confirmó ni negó conocimiento de los vertederos en el desierto, el uso de vehículos comprados con fondos españoles en esas operaciones, o que sus funcionarios estuvieran en un centro de detención documentando a inmigrantes para ser deportados involuntariamente.

La experta jurídica y en derechos humanos Basilien-Gainche afirmó a La Tercera, respecto a qué se debe hacer para equilibrar los derechos de los migrantes con las preocupaciones de seguridad nacional y soberanía de los Estados del Mediterráneo, que le resulta “bastante extraño oponer los derechos humanos de los migrantes a la soberanía de los Estados europeos. De hecho, es como soberanos que tales Estados firman y ratifican instrumentos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos. En otras palabras, para ser auténticamente soberanos, los Estados deben cumplir con sus obligaciones internacionales y regionales, deben garantizar los derechos humanos, incluso para los migrantes en situación irregular”.

Manifestación en contra de la ley de inmigración en París, el 25 de enero de 2024. Foto: Reuters

También explicó que los Estados europeos necesitan más inmigración para cubrir las vacantes laborales en sus mercados, por lo cual sería más sensato y lógico recibir a los nacionales de terceros países que desean venir a Europa.

No sería imposible para una población de unos 450 millones de personas integrar a menos de 300.000 migrantes (Frontex estima que en 2023 ocurrieron 380.000 cruces fronterizos irregulares, y el Consejo enuncia que en ese año se registraron 277.000 nacionales de terceros países en Eurodac). El problema, en mi opinión, es la dificultad para cambiar la narrativa que ha sido desarrollada durante años por el gobierno, según la cual la migración es una amenaza: esta narrativa ha sido desarrollada ciertamente para captar los votos de los electores tentados por los partidos de extrema derecha. Sin embargo, la migración no es una amenaza, sino un valor añadido que los Estados miembros de la UE necesitan”, concluyó Basilien-Gainche.

Fuente: latercera


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