Por José León Toro Mejías
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas de Venezuela, explican las causas que han obligado a millones de personas a salir de Venezuela por supervivencia, como la violación de sus derechos humanos, la crisis humanitaria, la represión política y la falta de democracia, y recomiendan a los países de la región que les den protección adecuada al enfoque de los derechos humanos, reconociéndolas como refugiadas bajo la Declaración de Cartagena de 1984, que amplió el concepto de refugiado para incluir a las personas que huyen de la violencia, la agresión, los conflictos, la violación de derechos humanos o el desorden público en sus países.
Causas del desplazamiento forzado de Venezuela y magnitud de la crisis
La migración venezolana es una de las crisis humanitarias más graves del mundo, que afecta a 7.7 millones de personas, según la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para los Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) en el informe del 11 de septiembre de 2023. Esta cifra representa el total de lo que reportan los gobiernos de países de acogida, y de los cuales el 82% vive en países de América Latina y el Caribe. Son personas que han escapado del país por la violación sistemática de sus derechos humanos por parte del régimen de Venezuela, y que ha sido documentada y denunciada por la ONU, la Corte Penal Internacional y organizaciones no gubernamentales.
Estamos hablando de personas que han huido del país según CIDH. Muy a pesar de los esfuerzos de voceros alineados ideológicamente al gobierno de Venezuela, formales y fanáticos que mencionan que las causas de la descomposición de Venezuela y la migración son las sanciones y bloqueos, informes como el de la CIDH y los de la ONU reflejan una verdad que no puede ser negada salvo por lo que quieran amparar el crimen.
De acuerdo a estas organizaciones, se reconoce el desplazamiento forzado de los venezolanos y certifican que las causas son el deterioro del estado de derecho, represión política, falta de acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y comisión de crímenes de lesa humanidad por parte de las autoridades. Estas violaciones han generado un clima de inseguridad y miedo que ha expulsado a un porcentaje muy alto de la población, y mantiene a millones que aún no la han hecho, con la expectativa de poderlo hacer como una forma de escape de la situación que viven y de búsqueda de protección internacional.
Violaciones y crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen
Entre estas violaciones se encuentran las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, las torturas, violaciones sexuales, persecución política, falta de independencia judicial, restricción de la libertad de expresión, represión de las protestas, cooptación de los poderes públicos, el abuso de los estados de excepción, el deterioro de la institucionalidad democrática, crisis humanitaria compleja, escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos, hiperinflación, pobreza, la inseguridad y la violencia.
Previo a este informe están como antecedentes los informes de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que ha documentado las violaciones y crímenes cometidos por el Estado venezolano y ha establecido una presencia permanente en el país para brindar asistencia técnica y monitorear la situación; los informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, que ha identificado patrones de violaciones y crímenes que constituyen crímenes de lesa humanidad y ha detallado las responsabilidades de las autoridades y los agentes estatales, la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional de iniciar una investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela; y los informes de organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, PROVEA, entre otras, que han denunciado los abusos y las violaciones de los derechos humanos en Venezuela y han instado a la comunidad internacional a tomar medidas al respecto.
Ciertamente estas son las verdaderas causas de la migración venezolana y no la que ha señalado en reiteradas veces el gobierno de Venezuela y sus acólitos en la región, cuando señalan que la migración es producto de las sanciones que impuso los Estados Unidos de América y la Unión Europea a Varios personeros del Régimen de Venezuela
Ante semejante cuadro es lógico que millones de venezolanos salgan buscando protección internacional, los amparan los derechos humanos para recibir trato digno y justo y asistencia humanitaria, de acuerdo con los principios del derecho internacional de los refugiados y los derechos humanos. Por desgracia las respuestas de los países de la región no es homogénea, sino que varía según el país de destino, las condiciones de acogida, el acceso a los servicios básicos, la regularización migratoria, la integración socioeconómica y las oportunidades de participación.
Los países con peor récord en cuanto a las condiciones de acogida, han impuesto restricciones y barreras al ingreso y la permanencia, como la exigencia de documentos, el cierre de fronteras, deportación, detención y discriminación, lo que aumenta los riesgos de violencia, explotación, abuso y trata de personas. Estos son de manera evidente Guyana, Trinidad y Tobago, Ecuador, pero cuando hablamos de situaciones de hostilidad, xenofobia y discriminación entra una lista grande que abarca a varios países de la región, principalmente, Perú y Chile.
Son muchos y variados los desafíos que enfrentan los migrantes venezolanos en la región que son crueles obstáculos para acceder a sus derechos y a una integración efectiva, entre los cuales y de manera poco rigurosa podemos mencionar, la falta de documentación, discriminación, xenofobia, explotación laboral, violencia de género, trata de personas, riesgo de desalojo, exclusión de los sistemas de salud, educación y protección social, la vulnerabilidad durante la pandemia de covid-19, barreras legales y administrativas para el reconocimiento de la condición de refugiado, falta de recursos y capacidad de los países de acogida, y la insuficiente cooperación y solidaridad internacional.
También hay países que tomaron medidas solidarias como permisos de residencia temporal o permanente, apoyo humanitario y asistencia en efectivo, integración socioeconómica y cultural, entre otras y muy pocos países de la región, podemos hablar muy puntualmente de Argentina, Brasil y Uruguay y quizás algún otro más en menor medida.
Recomendaciones de la CIDH a los países de la región
Interpretando los informes de la CIDH y la ACNUR entre otros podemos inferir que la situación de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas de Venezuela en la región es una de las más graves y complejas del mundo, que requiere una respuesta integral y humanitaria por parte de los Estados, las organizaciones internacionales y la sociedad civil. Las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la región de reconocer la condición de persona refugiada a los migrantes venezolanos busca garantizar los derechos en condiciones de igualdad y no discriminación, reforzar el apoyo y la cooperación internacional a los países de acogida, promover la integración y la inclusión de las personas migrantes y refugiadas de Venezuela, y abordar las causas profundas de la crisis humanitaria en Venezuela y buscar soluciones políticas y pacíficas.
Es necesario que los gobiernos de la región reconozcan la naturaleza forzosa del desplazamiento de estas personas, que se les garantice el acceso a los derechos humanos fundamentales, que se les respete su dignidad y su diversidad, que se les apoye en su integración y participación en las sociedades de acogida, y que se les brinde oportunidades de desarrollo e inclusión. Asimismo, es imprescindible que se aborde la crisis humanitaria en Venezuela, que se ponga fin a las violaciones de derechos humanos por parte del régimen de Maduro, que se restablezca el estado de derecho y la democracia en el país, y que se busquen soluciones políticas y pacíficas que permitan el retorno voluntario y seguro de las personas migrantes y refugiadas de Venezuela. Esta es una responsabilidad compartida y una oportunidad para demostrar la solidaridad y la cooperación entre los países de la región, así como para fortalecer los valores y principios de los derechos humanos en el continente. Y soltar de una vez el negocio, chantaje y aprovechamientos de los migrantes como baraja de intercambio para lograr beneficios de estados o individuos.
