Desde las últimas décadas del siglo pasado las migraciones internacionales han aumentado y están presentes en varias regiones del mundo (Europa, las Américas, Asia y África). Según datos de la Consejo Nacional de Población, en 2020 ya había más de 280 millones de migrantes internacionales.
Este incremento migratorio ha estado vinculado a los efectos de la expansión y consolidación del capitalismo neoliberal y la globalización. El aumento de la pobreza, el incremento de la desigualdad y el deterioro/desarticulación de la estructura productiva en el sur global sólo han hecho que sean más numerosos y tengan mucho mayor intensidad los contextos de expulsión que fuerzan a centenas de miles de personas a salir anualmente de sus lugares y comunidades de origen. Buena parte de estas migraciones se dirigen al norte global (EUA, Europa), por rutas muy adversas, en situaciones de irregularización y bajo fuertes condiciones de violencia y transgresión a los derechos de los migrantes; no pocas veces, y en lugares muy hostiles (como la selva del Darién, la frontera México EUA y el Mar Mediterráneo), estos movimientos transfronterizos de poblaciones humanas desembocan en cientos de muertes migrantes.
Estas muertes migrantes, y su fuerte incremento en años recientes, no son hechos fortuitos y neutros. Por el contrario, tiene un génesis y son el resultado de ciertos procesos sociopolíticos y jurídicos estatales, como la criminalización y el cierre de fronteras -que realizan los países de destino en el norte global-. En el caso de la frontera México-EUA, el periódico La Jornada, tomando un reportaje de medios estadounidenses basado en datos internos de la Patrulla Fronteriza, dio cuenta de que en el año fiscal estadounidense 2022 (que va del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022) acontecieron 853 muertes de migrantes -sólo en territorio estadounidense-. Esta cifra es un registro inédito y supera por mucho la cifra de 546 pérdidas de vidas migrantes del año fiscal 2021.
Particularmente para la frontera México EUA y desde hace muchos años, académicos de diversas universidades (Cornelius en UC, Heyman en UTEP, Martínez en UA, entre otros) con base en diversos registros, han mostrado que, desde mediados de 1990 y a la fecha, los procesos criminalización y cierre de fronteras estadounidenses hacia los migrantes irregularizados han modificado las rutas migratorias, y las han desplazado hacia sitios y medioambientes mucho más hostiles (como el desierto de Altar y ciertos lugares del río Bravo). Esto ha hecho que las rutas sean mucho más largas, extenuantes y peligrosas, y, consecuentemente, han desembocado en un incrementado muy significativo de muertes y desapariciones migrantes.
Las muertes y desapariciones migrantes son evitables y deben detenerse. Es urgente que los gobiernos de los países receptores y de destino dejen de abordar la migración como un asunto de seguridad nacional, lo que ha implicado la criminalización de los migrantes irregulares. Estos países del norte global y sus políticas antiinmigrantes y de control de fronteras -como el Programa Quédate en México y el Titulo 42 de EUA- juegan un papel fundamental para que se produzcan estas muertes migrantes. Los migrantes no son delincuentes, sino personas que, en contextos de vida muy adversos y con diferentes necesidades irresueltas en sus lugares de origen, buscan mejorar su vida a través de la migración y del trabajo arduo fuera de sus países de procedencia. Ninguna persona es ilegal y todos merecemos una vida digna.
Fuente: rebelion.org
