En 1951 Dinamarca se convirtió en el primer país del mundo en firmar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, que recoge los derechos de estas personas y las obligaciones de los estados con respecto a ellas.
Sin embargo, en los últimos años el país nórdico ha cambiado sus políticas en temas como la inmigración y el asilo. En marzo de este 2021, el gobierno socialdemócrata encabezado por la primera ministra Mette Frederiksen anunció que retiraba el permiso de residencia a personas refugiadas procedentes de Siria al considerar que hay áreas de Damasco que ya son seguras.
La decisión se basaba en un informe de la Junta de Apelaciones de Refugiados del Servicio de Inmigración Danés y recibió críticas de la Unión Europea, de Estados Unidos y de instituciones en defensa de los derechos humanos.
En Dinamarca hay alrededor de 30.000 refugiados, aunque la medida afecta a las 500 personas aproximadamente procedentes de Damasco y sus alrededores. A muchas ya se les ha retirado el permiso de residencia y las deportaciones han comenzado, separando, en algunos casos a las familias. Además, Dinamarca no tiene vínculos con el régimen de Bashar Al-Assad, por lo que estos sirios permanecen retenidos en centros de internamiento.
El drama que viven estas personas se refleja en una fotografía de una refugiada siria a la que las autoridades han obligado a dejar su casa de la ciudad de Ringsted para ser trasladada a uno de estos centros de deportación.
En la imagen, la mujer, llamada Asmaa Al Notour, se despide entre lágrimas de su vecina, Gerda Pedersen, de 92 años, que le da la mano desde la ventana de su casa. “¿Por qué tienen que irse? Es una familia muy amable. Me han hecho galletas y he probado su comida árabe varias veces”, declaró Gerda al diario danés ‘Sjællandske Medier’.
A Asmaa y a su marido, Omar al-Natour, les retiraron el permiso de residencia y les habían dado de plazo siete días para ingresar en un centro de deportación. El hombre, además, se encuentra enfermo tras haber sufrido un derrame cerebral hace unos meses.
Llevan viviendo en Dinamarca desde 2014, cuando decidieron huir de Siria después de que su casa en la ciudad de Daraa fuera bombardeada. Tardaron dos meses en llegar al país nórdico, donde habían iniciado una nueva vida que ahora se vuelve a romper. Además, la familia ha sido separada, ya que a sus dos hijos no les han retirado el permiso de residencia.
Su abogado reclamó la decisión de las autoridades y la pareja aún alberga esperanzas de poder regresar a su casa de Dinamarca junto a sus dos hijos.
La medida sobre los refugiados sirios se engloba dentro de la política antinmigración que está llevando a cabo Dinamarca. Tres meses después de ese decreto, el Parlamento aprobó una ley que permitirá deportar a los solicitantes de asilo a centros ubicados fuera de la Unión Europea durante el tiempo que dure la tramitación e incluso una vez que consigan el estatus de refugiado. La única excepción es que sufran una enfermedad grave. El objetivo es frenar la llegada de inmigrantes.
El gobierno danés ha firmado ya un acuerdo con Ruanda y negocia con otros países africanos para establecer allí estos centros de refugiados. La ley establece que, si la solicitud de asilo es rechazada, estas personas deberán volver a su país y, en caso de ser aprobadas, podrían quedarse en el centro, aunque su estancia la financiaría Dinamarca.
Recientemente también se aprobó una ley que limita el número de habitantes no occidentales en cada barrio del país para evitar que se formen guetos.
Pese a las críticas, el ejecutivo de Frederiksen celebra el éxito de su política antinmigración. En 2020 solo 600 personas obtuvieron asilo en el país, 10 veces menos que estados vecinos como Alemania o Suecia.
Fuente: us.noticias.yahoo
