Bajo el llamativo título “Colombia, el país más solidario con la migración venezolana”, Migración Colombia acaba de publicar la cifra de 2’875.743 migrantes de Venezuela residiendo en nuestro país, con corte a agosto de este año. Se trata, de lejos, de la principal presencia de migrantes en nuestro país y la abrumadora mayoría, contrario a los planes del Gobierno de Gustavo Petro, ve en Colombia su proyecto de vida a largo plazo. Por eso es necesario volver sobre las preguntas que han marcado esta administración: ¿por qué no hay un plan de regularización humano que se enfoque en el cumplimiento de los derechos de los migrantes? ¿Está acaso distraída la Casa de Nariño por el restablecimiento de relaciones con la dictadura de Nicolás Maduro? ¿Por qué abundan las denuncias de malos tratos por parte de Migración Colombia, así como la existencia de obstáculos burocráticos para obtener los documentos legales necesarios para sobrevivir en nuestro país?
En ese sentido, el Gobierno de Iván Duque dio un gran paso con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV). Según las cifras compartidas por Migración Colombia, 2’306.810 migrantes venezolanos tienen su Permiso por Protección Temporal (PPT) gracias a esta política. Sin embargo, esa medida ha mostrado sus deficiencias. Al establecer limitaciones para obtener el permiso si hay procesos administrativos, abrió la puerta para que haya abusos de poder contra migrantes en situación irregular. Además, la información no ha sido clara y hay una enemistad entre las autoridades y los migrantes. Eso ha llevado a casos de frustración en el que personas que deberían poder acceder a la regularización no lo hacen por temor, desinformación o una mezcla de ambas. Se trata de una tragedia porque sin los documentos legales mínimos, la población migrante queda en un estado de completa vulnerabilidad. Estamos hablando de más de medio millón de migrantes que están en Colombia de manera irregular y, por ende, en riesgo agravado.
Migración Colombia, bajo la administración Petro, puede sacar pecho de que ha entregado más de medio millón de permisos temporales, pero las organizaciones de la sociedad civil que han seguido el proceso denuncian que no es suficiente. Hablando con La Silla Vacía en abril de este año, la directora de Juntos se Puede, Ana Karina García, dijo que “el tema de la integración no es una prioridad para el Gobierno Petro” y que “ese es el sentimiento que tenemos las organizaciones, su prioridad es el restablecimiento de relaciones y asume que así va a solucionar los problemas migratorios”. En la misma línea, un informe reciente de Amnistía Internacional exhortó al Gobierno colombiano a “levantar sin demora todos los obstáculos que limitan el goce de los derechos humanos de las personas venezolanas con necesidad de protección internacional”. ¿Cuál será la respuesta de Presidencia?
Fuente: elespectador.
