El descomunal éxodo significa para el país una gran tragedia cuyos impactos negativos se extenderán hacia el futuro. Una columna de Ramón Cardozo.
En estas dos últimas décadas, Venezuela ha envejecido prematuramente. El país ha perdido, quizás de manera definitiva, un alto porcentaje de gente joven, muchos de ellos profesionales y trabajadores capacitados, que representaban una ventana de oportunidad para impulsar su futuro desarrollo. Actualmente, existen 7,1 millones de venezolanos migrantes y refugiados en el mundo, de los cuales 5,96 millones (84,9 por ciento) se encuentran distribuidos en 17 países de América Latina, sobre todo en Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil, según los datos de la Plataforma RV4.
Este descomunal flujo migratorio de venezolanos se ha producido en tres olas sucesivas a lo largo de estas primeras décadas del siglo XXI. La primera de estas olas tuvo lugar durante los años iniciales del primer Gobierno de Hugo Chávez.
Esta primera oleada estuvo motivada por los temores e incertidumbres que ocasionó en sectores medios y altos de Venezuela la implantación en el país del llamado socialismo revolucionario del siglo XXI. También influyó en esta primera ola el despido en el año 2003 del 47 por ciento (17.871 trabajadores) de la nómina de la petrolera estatal venezolana PDVSA. La segunda ola estuvo vinculada a la reelección presidencial de Chávez en el año 2006 y la desesperanza respecto a lograr un cambio de régimen en Venezuela. Estas dos primeras olas estuvieron conformadas por profesionales y empresarios, que poseían condiciones económicas favorables, altos niveles educativos, conexiones y altas posibilidades de insertarse en los países de destino escogidos.
Emergencia humanitaria
La última oleada migratoria se inició a consecuencia de la emergencia humanitaria compleja que comenzó a sufrir Venezuela a partir del año 2015. Esta crisis ha provocado hasta el momento la “migración forzada” de más de cinco millones de venezolanos, quienes se han dirigido fundamentalmente hacia los países de Latinoamérica y el Caribe.
Ramón Cardozo escribe sobre Venezuela para DW.
A diferencia de las anteriores olas, el perfil del migrante de esta tercera ola atraviesa todo el espectro social y territorial de Venezuela, por lo que un alto porcentaje de ellos, que puede superar al 50 por ciento, posee una condición muy vulnerable, de acuerdo con los resultados de las ultimas “Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI)”, de la Universidad Católica Andrés Bello. En buena medida, esta condición de vulnerabilidad le ha dificultado a este grupo de venezolanos migrantes su desplazamiento, ingreso e inserción en los países escogidos como destino.
Dificultades de inserción en los países de acogida
La recepción y manejo de estos grandes flujos de población migrante vulnerable ha constituido todo un reto para los países de América Latina y del Caribe, en especial a partir del año 2020, cuando sus economías fueron golpeadas por la pandemia.
Esta situación se agravó aún más en el 2022 por la inflación desenfrenada que se produjo en Latinoamérica a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Dentro de este contexto, y de acuerdo con el informe “Refugee And Migrant Needs 2022” (Necesidades de Refugiados y Migrantes 2022), elaborado por la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), “los costos de vida, incluidos los alimentos, la energía, los alquileres y los medicamentos, se dispararon en toda la región, lo que afectó profundamente no solo a los refugiados y migrantes vulnerables, sino también a las comunidades de acogida…
La competencia resultante por puestos de trabajo, plazas de inscripción en escuelas, vivienda y otros servicios entre las comunidades de acogida y los refugiados y migrantes de Venezuela en ocasiones ha aumentado las tensiones sociales y puesto a prueba los niveles de solidaridad que caracterizaron los primeros años de la situación de desplazamiento de Venezuela”.
Xenofobia y discriminación
Este informe refleja que el 60,5 por ciento de los venezolanos refugiados y migrantes en América Latina tienen dificultades para acceder a alimentación, vivienda y empleo formal. Por ejemplo, respecto a la vivienda, el 76 por ciento de los venezolanos en Perú, el 46 por ciento en Costa Rica y el 73 por ciento en Panamá carecen de los medios financieros para continuar pagando su alquiler.
En cuanto al empleo, el 34 por ciento de los venezolanos migrantes en Ecuador, el 64 por ciento en Guyana, el 35 por ciento en Panamá, el 40 por ciento en Uruguay, el 29 por ciento en Bolivia, el 27 por ciento Paraguay y el 25 por ciento en Argentina reportan estar desempleados. Con respecto a la nutrición de los niños migrantes menores de cinco años, se encontró que el 13,4 por ciento en Brasil, el 4,4 por ciento en Perú y el 3 por ciento en Ecuador, República Dominicana y Colombia presentaban desnutrición aguda.
Este informe también hace referencia a los niveles crecientes de xenofobia y discriminación que enfrentan los venezolanos migrantes, incluso dentro del sector privado: “Si bien los refugiados y migrantes encuestados en toda la región describieron la relación entre las comunidades y los venezolanos son buenos en general, los desafíos vinculados a las percepciones negativas de los venezolanos son comunes en muchos países”.
Aunque el informe de la Plataforma RV4 señala que evidentemente se ha producido un empeoramiento de las condiciones para los refugiados y migrantes venezolanos, también resalta que los gobiernos anfitriones siguen manteniendo el apoyo a la asistencia humanitaria y a los programas de regularización. En este sentido, el informe proporciona ejemplos como “el Estatus de Protección Temporal para Venezolanos (TPS) en Colombia, que tiene como objetivo proporcionar a más de dos millones de refugiados y migrantes de Venezuela un estatus legal regular por un período de diez años, así como programas de regularización comparables, aunque de menor escala, en Perú, República Dominicana y Ecuador, entre otros, que ayudan a los venezolanos a acceder a los sistemas de protección social, obtener ingresos e integrarse en las comunidades de acogida en toda la región”.
No hay condiciones para un retorno masivo
A pesar de las dificultades descritas, y de que en la actualidad algunos índices macroeconómicos y de medición de la pobreza en Venezuela han mostrado una leve recuperación respecto al 2021, situación que Nicolás Maduro ha aprovechado a través de una intensa campaña mediática insistiendo que “Venezuela se está arreglando”, lo cierto es que, hasta los momentos, la conjunción de estos factores no ha logrado detener la salida de venezolanos del país, y tampoco han logrado estimular de manera significativa el retorno de los migrantes a Venezuela.
El plan “Vuelta a la Patria” creado por Nicolás Maduro en agosto del 2018 para apoyar el retorno voluntario de todos aquellos migrantes y sus familias que carezcan de medios propios para el regreso no ha logrado resultados alentadores. De acuerdo con las declaraciones dadas por el canciller Placencia el 28 de agosto pasado, este programa, en sus cuatro años de existencia, solo ha logrado retornar a 29.124 venezolanos procedentes de 22 países, cifra muy poco significativa frente a los millonarios flujos migratorios de venezolanos producidos en la última ola migratoria de venezolanos.
De acuerdo con los resultados de la encuesta ENCOVI, arriba referida, según datos recogidos entre julio y agosto de 2022, la proporción de emigrantes retornados que reportan los hogares encuestados no supera el 6 por ciento de la totalidad de los migrantes venezolanos que han abandonado el país en estas últimas décadas. Según este estudio, “no se vislumbra un proceso de retorno masivo porque no están dadas las condiciones en Venezuela para recibir de vuelta a esa oleada millonaria de ciudadanos que se establecieron en otros países”.
Aunque en el país se ha logrado detener la hiperinflación que se venía sufriendo desde 2017, Venezuela todavía figura como la economía más inflacionaria del mundo. El economista Ángel Alvarado, cofundador del Observatorio Venezolano de Finanzas, señaló que para octubre de este año la inflación interanual venezolana había alcanzado el 173 por ciento y estima que para finales de año podría llegar al 200 por ciento.
País muy desigual
En efecto, luego de algunos meses de relativa estabilidad, el bolívar ha comenzado de nuevo a devaluarse, impactando de forma negativa al menguado salario mínimo que actualmente equivale a solo $ 12 mensuales. Al propio tiempo, en septiembre de este año el costo de la canasta alimentaria para el grupo familiar de cinco personas ya había alcanzado los 357,68 dólares americanos, de acuerdo con los datos suministrados por el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA).
La pobreza en Venezuela, medida según el nivel de ingresos, alcanza actualmente el 81,5 por ciento de la población, y aunque esta cifra representa una mejoría relativa con respecto al 2021, todavía es extremadamente alta. En estos momentos, 8 de cada 10 venezolanos no cuentan con los recursos suficientes para adquirir la canasta básica. Por otra parte, la leve mejoría en los indicadores macroeconómicos se ha distribuido de forma muy desigual en el país. Según señala ENCOVI 2022, Venezuela es el país más desigual del hemisferio, con niveles comparables a Namibia, Mozambique y Angola. De allí que sea comprensible que un 75 por ciento de los encuestados por ENCOVI señalen que la razón principal por la cual saldrían de Venezuela sería la de buscar un empleo que les permita vivir dignamente a ellos y a su familia.
Deterioro de los servicios públicos
En Venezuela, la precariedad de los salarios ha venido acompañada con un deterioro pronunciado en la calidad de la prestación de los servicios públicos básicos (salud, educación, electricidad, telecomunicaciones, transporte, agua). Este problema constituye no solo un factor que afecta significativamente la calidad de vida de los venezolanos, sino que representa un obstáculo importante para dinamizar la economía y reemprender la senda del desarrollo.
Aunado a ello, de acuerdo con los datos del CENDA, en el último año el costo de los servicios públicos en Venezuela ha sufrido un aumento del 212,88 por ciento. Una familia venezolana necesita 3 salarios mínimos mensuales solo para costear la tarifa básica de los servicios públicos esenciales (agua, electricidad, teléfono, internet, transporte público y aseo urbano). Es decir, se han producido aumentos desproporcionados en las tarifas que además no han tenido como contraprestación una mejora significativa en la prestación de la mayoría de estos servicios.
Los resultados de la Encuesta de Usuarios abril-mayo 2022 del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, arrojan que el 61,9 por ciento de los consumidores valora de forma negativa el servicio de agua y solo un 27,9 por ciento declara contar con servicio permanente de agua. Respecto al servicio de electricidad, el 62,4 por ciento tiene una valoración negativa de su calidad y solo un 14,1 por ciento manifiesta que nunca o casi nunca sufre de interrupción del servicio eléctrico. La Encuesta Nacional de Hospitales (Octubre 2022) reporta que “Para el cierre de octubre, la cantidad de muertes a causa de las fallas de energía han sido 218 en lo que va de año”.
En cuanto al servicio de internet, la encuesta arroja que el 43.2 por ciento de los usuarios tiene una opinión negativa del servicio. Con una velocidad de apenas 4,47 Mbps, Venezuela, junto con Cuba, tiene la peor velocidad de transmisión de banda ancha en América Latina, ocupando el puesto 187 dentro del ranking de 220 países del mundo, según el informe “Worldwide Broadband Speed League 2022”.
La inseguridad sigue siendo un grave problema
Junto a las carencias económicas y a la baja calidad de los servicios públicos, la inseguridad sigue siendo uno de los principales problemas que afectan a los venezolanos. El Observatorio Venezolano de Violencia señala que durante el primer semestre del 2022 se registraron 25.222 casos de delitos en todo el territorio nacional, equivalente a un promedio de casi 141 delitos por día y 1.010 por semana. El 16 por ciento de los casos (4.141) fueron delitos de lesiones personales y el 5 por ciento de los casos (1.322) fueron homicidios.
El informe concluye señalando que “la profundización de la Emergencia Humanitaria Compleja, la crisis económica y la permanencia– rebote de la pandemia, parecerían actuar como catalizadores de los hurtos, robos, las agresiones y lesiones personales, lo que podría tener explicación, por un lado, por la creciente pérdida de capacidades en las familias para satisfacer sus necesidades más básicas … Por otro lado, la crisis económica continúa dificultando el acceso a bienes y servicios, lo que aunado a una economía dolarizada profundiza la pobreza de quienes no poseen ingresos en dólares, creando marcadas diferencias y brechas de desigualdad entre habitantes de un mismo sector.”
Otros factores que favorecen la salida de migrantes y el no retorno
Aparte del insuficiente incentivo que han representado las débiles y confusas señales de recuperación de la calidad de vida en Venezuela, existen otros factores que favorecen el no retorno de los venezolanos el país. Uno de ellos es la edad de los migrantes. Según ENCOVI 2022, el 50,5 por ciento de las personas que han salido de Venezuela entre el 2017 y el 2022 tienen edades que oscilan entre 15 y 29 años. Estos jóvenes migrantes se encuentran en edades de formación de familia, por lo cual, con el paso del tiempo, es muy probable que terminen estableciendo familia con nacionales de las respectivas sociedades de acogida. Ello favorecería su integración y estabilidad en esas sociedades, dificultando su eventual retorno a Venezuela.
Otro de los factores que podrían influir en la decisión de un posible retorno de los venezolanos que han salido del país sería la situación legal migratoria en la cual se encuentran en los países de acogida. A pesar de las restricciones impuestas en muchos de los países del hemisferio, el informe ENCOVI 2022 refleja que un porcentaje significativo de migrantes venezolanos ha logrado regularizar su situación legal migratoria. Dos de cada tres migrantes venezolanos poseen ya un estatus regular: un 16 por ciento ha adquirido la ciudadanía del país receptor; un 22 por ciento cuenta con permiso de residencia permanente y un 27 por ciento un permiso temporal. Solo un 12 por ciento estaría en situación irregular, ya sea por falta de documentos o por el vencimiento de éstos. Existe un 17 por ciento de familias cuya situación migratoria se desconoce.
Por otro lado, aquellos migrantes venezolanos que, de forma más o menos exitosa, han logrado insertarse en sus respectivas sociedades de acogida, han propiciado también la migración de sus familiares que se habían mantenido en Venezuela. Los resultados que arroja ENCOVI 2022 muestra cómo desde el 2019 viene aumentando progresivamente los flujos migratorios de nietos/as, hermanos/as, yernos y nueras. Este aumento del 7 por ciento al 10 por ciento constituye una señal de que los migrantes venezolanos están logrando establecerse en los distintos países de destino.
Estas relaciones interpersonales migratorias, o “redes migratorias” se han ido extendiendo más allá de los vínculos familiares, constituyéndose en otro factor importante de incentivo a la migración en el país. A través de estos nexos, los potenciales emigrantes venezolanos obtienen apoyos e información valiosa que reducen los riesgos de desplazamiento y de inserción en las nuevas sociedades. Por ejemplo, la encuesta de Evaluación Conjunta de Necesidades realizada entre julio y agosto de 2020, revela que en Ecuador “la intención de quedarse ha persistido a pesar de las circunstancias de dificultad económica que algunos venezolanos están experimentando, y el 27 por ciento de venezolanos respondieron que están esperando la llegada de incluso más familiares o amigos”.
Pérdida para Venezuela
Este conjunto de factores lleva a concluir a los especialistas de ENCOVI que los eventuales retornos que puedan producirse en un futuro cercano no serán definitivos, y los mismos se traducirán en una circularidad de movimientos: “Difícilmente vamos a recuperar la población perdida. No es probable que se produzcan flujos de retorno de una magnitud cercana al éxodo ocurrido”.
En el mismo sentido, el informe de la Plataforma RV4 concluye que “se ha vuelto cada vez más claro que muchos de los venezolanos permanecerán en los países a los que migraron, si no permanentemente, a mediano y largo plazo, por lo tanto, asegurar que estos puedan integrarse a los mercados laborales, a los sistemas de salud y de educación, y a las comunidades locales, promete beneficiar tanto a los migrantes y refugiados como a las sociedades en las que viven”.
Estas conclusiones son malas noticias para Venezuela. Este descomunal éxodo significa para el país una gran tragedia cuyos impactos negativos se extenderán hacia el futuro. (ms)
Fuente: Deutsche Welle
