A pesar de que el Gobierno italiano prometiera ofrecer dosis a todos los ciudadanos extranjeros que viven en el país sin una documentación legal, la falta de una herramienta que les permita acceder a ellas ha hecho que una gran mayoría siga sin poder vacunarse.
Muchos lo temían. Otros aseguraron que no pasaría. Pero finalmente ocurrió. “Muchísimos migrantes indocumentados que viven en Italia, uno de los países más golpeados por la pandemia, siguen excluidos de la campaña de vacunación actualmente en curso”, lamenta Foad Aodi, presidente de la Asociación de los Médicos Extranjeros en el país europeo.
En la actualidad, subraya Aodi, solo pocas regiones italianas han puesto en marcha sistemas que permiten el acceso de los migrantes indocumentados a las vacunas. “Las regiones que lo permiten son pocas, entre ellas está Emilia-Romaña, Apulia, y la última ha sido Véneto, donde gobierna la Liga (un partido ultranacionalista y considerado xenófobo), añade.
Se añade también la región de Liguria, donde paradójicamente quien gobierna también es un conservador, Giovanni Toti.
De hecho, la razón detrás de esta exclusión remite, más a desatención que a discriminación, subraya Aodi y coinciden otras organizaciones.
Falta de facilidades para pedir cita, principal causa de los problemas
El problema principal es que los portales de salud pública de gran parte de las regiones italianas permiten la reserva de la cita para vacunarse a través de un sistema al que se accede a través de un número de identificación fiscal, un código de letras y números.
Pero los entre 500.000 y 650.000 migrantes indocumentados que viven en Italia, los cerca de 200.000 que han presentado una petición de regularización de su estatus migratorio, los 80.000 que viven en centros para migrantes y los 80.000 solicitantes de asilo, carecen en su mayoría de este código.
Por tanto, aunque en teoría tengan derecho a la vacuna, no tienen cómo acceder a ella. El 31 de mayo, la Sociedad Italiana de Medicina para las Migraciones (SIMM), junto con 32 asociaciones, tildó la situación de “silenciosa exclusión”.
“Se trata de centenares de personas que tendrían derecho a la vacuna pero que no pueden acceder por obstáculos administrativos”, se denunció, al añadir que es necesaria una solución de manera rápida.
Las dificultades mayores las están teniendo “las personas sin permiso de estadía”, confirma Catalina Cobo, del sindicato UIL, al subrayar que, sin embargo, su organización tuvo que activar también un servicio de atención para “muchos migrantes regulares que no logran manejar bien la computadora y necesitan ayuda”.
Asociaciones católicas, así como los medios de esta inclinación, también han denunciado el fenómeno al subrayar que la situación, además de ser riesgosa para la salud colectiva, va en contra de la ley italiana.
La Constitución italiana afirma que la salud es un derecho de todos, incluso de los que están en el territorio de manera temporánea, así como el Texto Único sobre la Disciplina de la Inmigración en Italia (1998) afirma que “también los ciudadanos extranjeros que no están en regla con el ingreso o la estadía”, tienen derecho a atención hospitalaria ambulatoria.
Preocupa la situación de riesgo de los migrantes
Una gran preocupación atañe esta situación también porque “muchos migrantes indocumentados viven hacinados en casas insalubres y trabajan en condiciones que a menudo no son óptimas”, puntualiza Aodi. “Por eso, necesitan las vacunas cuanto antes”, afirma.
En diciembre de 2020, preguntado sobre la entonces decisión de Colombia de no excluir de la vacunación a los venezolanos indocumentados, Walter Ricciardi, entonces influyente asesor del Ministerio de Salud de Italia, respondió sin titubeos.
“Italia no mira el país de residencia. Daremos asistencia a todos quienes se encuentren en el territorio nacional”, dijo Ricciardi, asegurando que es “interés de todos proteger a la gran mayoría de la población”, afirmó.
Pero, seis meses después, con un cambio de Gobierno de por medio, la situación aún no se ha resuelto.
Aun así, otras regiones como Lombardía han prometido que empezarán con la vacunación de inmigrantes indocumentados este mes, tal como también están intentando hacer también ciudades como Roma y Palermo.
No obstante, los obstáculos existen aún y remiten en muchos casos nuevamente al dichoso código fiscal, como explicaba recientemente un representante de la asociación Sant’Egidio al diario Il Sole 24 Ore.
Hay sistemas “que no aceptan los códigos fiscales extranjeros, y también hay quién realmente no sabe cómo hacer” para reservar la cita, señaló Sant’Egidio.
Jorge León, presidente de una comunidad de salvadoreños de Milán, también señala que esa es otra dificultad. “Un problema añadido es que muchos no saben cómo reservar la cita, y otros tienen miedo de acudir a las autoridades por temor a que así los expulsen del país”, dice.
En el caso de Véneto, donde reside el 8% de la población migrante de Italia, la posición del gobernador Luca Zaia —cuyo partido ha defendido en el pasado aquello de “los italianos, primero”— ha sido sorprendentemente clara y abierta a nivel público.
“En Véneto, los hospitales y la salud son desde siempre abiertos a todos. No me interesa si los pacientes tienen o no los documentos, es un tema de civilización. Siempre hemos curado a todos”, dijo Zaia el 9 de junio, al asegurar que pronto se iniciará a vacunar a los inmigrantes.
En Emilia Romaña y Apulia, donde gobiernan administraciones de centroizquierda, también se ha optado por buscar soluciones para permitir la vacunación.
En Apulia, incluso algunas organizaciones laborales han decidido ponerse manos a la obra. Este ha sido el caso de la sección local de Coldiretti, que esta semana prestó su sede para la vacunación de 220 migrantes temporeros empleados en la agricultura.
Fuente: France24
