El abogado Criston Williams dijo a los periodistas que los 78 liberados hasta la fecha tenían tarjetas de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que indican que son solicitantes de asilo o refugiado y no deben ser devuelto a la fuerza a su país de origen.
Williams hizo un llamado a la comunidad LGBT+ del país para ayudar a los detenidos, quienes asistían a lo que denominó “una fiesta LGBT” cuando ocurrió la redada, según publicaron este jueves los medios locales.
Un vídeo de la redada policial llevada a cabo en la noche del domingo al lunes muestra a algunos de los clientes del bar ataviados con pequeños colgantes con los colores de la bandera del arcoíris.
El letrado relato que los dueños del local, llamado Apex Bar, les contactaron “preocupados por sus clientes” y trataron de ayudar a algunos.
“Había muchos venezolanos allí, pero a mi entender esa fiesta era una fiesta LGBT”, subrayó Williams, quien dio a entender que los detenidos pueden haber sido blanco de xenofobia y homofobia.
El abogado se preguntó por qué las autoridades habían retenido a casi 200 personas en el helipuerto de Chaguaramas, cuando esa instalación estaba bajo investigación tras denuncias de que una mujer de 21 años fue violada allí por un miembro de la Guardia Costera.
Expresando temor por la mezcla de personas (hombres, mujeres y niños) en el helipuerto, instó a modificar las instalaciones para proporcionar un espacio seguro para las personas transgénero.
“Quiero que la comunidad gay salga y apoye a los ciudadanos venezolanos”, aseveró Williams.
Hasta el momento no ha habido una reacción oficial a esta situación y ni el Departamento de Inmigración ni el Ministerio de Seguridad Nacional han respondido a las preguntas de la prensa.
Desde la redada, diversas organizaciones cívicas que apoyan a la comunidad migrante en Trinidad y Tobago y el Caribe han solicitado la liberación de los detenidos.
La conocida activista trinitense Yesena González denunció el pasado martes que los detenidos reciben un “trato inhumano” por parte de las autoridades, sin acceso a alimentos o agua, ni a instalaciones para dormir o asearse.
ACNUR alertó a principios de junio de que los refugiados y solicitantes de asilo venezolanos en Trinidad y Tobago continúan siendo vulnerables a los abusos y la explotación.
La semana pasada, el Tribunal Superior emitió un fallo según el cual los migrantes pueden ser deportados incluso si están registrados en ACNUR como refugiados o solicitantes de asilo.
Actualmente, 9.000 venezolanos están presentando documentación para obtener una quinta prórroga de los permisos de trabajo que les otorgaron en 2019 a través de una amnistía. EFE
Fuente: swissinfo.ch
