Esta oficina de la ONU lanzó una alerta humanitaria por la situación en los municipios de Olaya Herrera, Roberto Payán (Nariño) y entre El Charco y Argelia (Cauca) donde entre el 27 de marzo y el 4 de abril, más de 2.333 personas (1.081 familias) afrodescendientes e indígenas se han unido a las más de 16.000 personas que se encuentran en todo el departamento de Nariño desplazadas o confinadas.

La situación se debe a los enfrentamientos entre grupos armados, en una zona donde hay presencia de dos disidencias de las FARC -el Estado Mayor Central (EMC) y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico de la Segunda Marquetalia- y del ELN, que además han hecho amenazas directas a la población y minas antipersonales, que no permiten el movimiento ni los desplazamientos entre veredas.

«Se requiere la entrega de más de 1.081 kits de alimentos para las familias confinadas, desplazadas y con restricciones a la movilidad», estima la OCHA, que además pide más de 1.000 kits de higiene y que se preste atención a salud a estas personas.

El cañón del Micay es una de las principales zonas de influencia del EMC, que controla buena parte de este municipio y ha sido epicentro de roces en las actuales negociaciones que este grupo, encabezado por ‘Iván Mordisco’, quien no firmó el acuerdo de paz con las FARC, y el Gobierno nacional.

«La continua presencia de los grupos armados en la zona rural de López de Micay ha venido evidenciando una serie de afectaciones directas a la población civil resultando afectadas al menos 9.130 personas, quienes están bajo la interposición de códigos de conducta e impactos en la libre movilidad», apuntó esta oficina de la ONU.

En la zona hay «sospecha de instalación de Minas Antipersonal (MAP) y Municiones sin Explosionar (MSE) en caminos transitables y cerca a establecimientos educativos, amenazas y un riesgo inminente de reclutamiento, uso y utilización de menores de edad».

Fuente: El Nacional.ve